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Esta iniciativa busca prevenir afectaciones a la salud derivadas de largas jornadas sin tomar asiento, lo que podría fomentar un entorno laboral seguro y saludable.
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El Senado de la República avaló, de forma unánime, con un total de 82 votos, la iniciativa conocida como la Ley Silla. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, dio a conocer que, en caso de incumplimiento de la nueva normativa, se impondrán sanciones económicas que fluctúan entre 250 y 2,500 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización, lo que podría superar los 270 mil pesos.
El funcionario también comentó la importancia que tiene esta ley, pues intenta abordar los desafíos que enfrentan los trabajadores al estar de pie durante largas horas, lo cual no solamente provoca malestares musculares, sino que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, complicaciones en la circulación de la sangre y problemas en las rodillas.
¿Qué dice la Ley Silla?
Esta nueva legislación tiene como objetivo principal salvaguardar el bienestar de los trabajadores dentro de alguna fábrica. Busca evitar que permanezcan de pie durante prolongados períodos de tiempo en su lugar de trabajo. La ley establece la obligatoriedad para los empleadores de los sectores de servicios y comercio, entre otros similares, de proporcionar asientos adecuados, con respaldo, a sus empleados para facilitar el descanso frecuente a lo largo de una jornada la boral de ocho horas.
La Ley Silla fue calificada en el Senado como una medida para mejorar las condiciones laborales y asegurar un ambiente de trabajo saludable para todos. La iniciativa busca prevenir consecuencias negativas en la salud de los trabajadores derivadas de posturas inadecuadas y la falta de descanso adecuado durante la jornada laboral. Este enfoque preventivo es esencial para promover una mayor productividad, así como para reducir las faltas debido a problemas de salud relacionados con el trabajo.
Si se aprueba esta ley en ambas cámaras, las autoridades han estipulado un plazo de 180 días para cumplir con lo dispuesto en la legislación una vez que haya sido publicada. Las empresas tendrán que adaptarse a este nuevo esquema de producción para evitar una posible sanción por parte de los organismos destinados a vigilar las condiciones laborales de los trabajadores en México.