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MÉDICOS CUBANOS Y ERROR DE JUICIO

La carta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al embajador de Cuba en Colombia, en la cual pide “ayuda y solidaridad” mediante una “brigada médica” para que venga a la ciudad a atender pacientes de coronavirus, está fechada el 15 de julio pasado.

TOMADA DE:elcolombiano.com

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La opinión pública la conoció por filtraciones hechas en redes sociales. Solo cuando se conoció este pasado fin de semana, el alcalde salió a confirmarla.

El alcalde dice que es necesario anticiparse y que la brigada cubana sería para atender 600 unidades de cuidados intensivos. Y sustenta su petición en el hecho de que en Medellín solo hay 118 especialistas en cuidados intensivos, “número insuficiente para garantizar la atención de los pacientes más graves” (por el covid-19). La cifra, en efecto, es baja frente a la demanda de atención especializada.

Justo el jueves de la semana pasada, Human Rights Watch presentó un documento sobre las condiciones que la dictadura cubana impone a los profesionales de salud de la isla que viajan en “misiones” al exterior. Informaciones de los grandes periódicos del mundo, con testimonios directos de esos profesionales, han descrito sus precarias condiciones, en atención a que los Gobiernos que demandan sus servicios pagan directamente al régimen cubano. Muchas de estas informaciones también dan cuenta de los objetivos que el régimen castrista cumple en esos países donde logran hacer calar su discurso de “misiones socialistas de salud”.

Hay muchas preguntas que el alcalde deberá resolver. En su carta dice al embajador cubano que “la Alcaldía de Medellín dispondrá de todos los recursos que sean necesarios para el traslado y estancia en la ciudad”. El alcalde Quintero tiene que saber que a quien paga es a una dictadura. Ayer pedía “no meterle ideología a esto”, pero no puede ignorar que nada de lo que hace o deja de hacer el régimen cubano está desprovisto de ideología y de unos específicos objetivos políticos y de adoctrinamiento. Su Alcaldía, por muy humanitario que sea el barniz que quiera darle, estará ineludiblemente ayudando a esos objetivos.

Ayer la Cancillería tuvo que recordarle al alcalde que es el Gobierno Nacional el que tramita estas modalidades de cooperación en salud –suponiendo que eso es lo que sean–. Concede, además, las visas temporales para que los que vienen puedan trabajar legalmente. Saltarse al Gobierno Nacional, más que desconocimiento, es arrogancia torpe. Y a eso se puede añadir las experiencias de países cercanos, que también están ahí, disponibles para quien quiera rastrearlas. ¿Qué garantía va a ofrecer a la ciudadanía el alcalde Quintero de que los enviados por Cuba son médicos titulados, y que su única y exclusiva misión va a ser atender enfermos?

La Sociedad Antioqueña de Anestesiología y reanimación dijo en un comunicado que de manera “reiterada y permanente” ha intentado que la Secretaría de Salud de la Alcaldía atienda sus llamados para construir planes de atención para una gestión eficiente del recurso humano ante la pandemia. Denuncian no haber sido siquiera convocados ni haber obtenido “respuesta clara”. Muy firme fue también el pronunciamiento del Colegio Médico de Antioquia: “no pretendemos poner en duda la idoneidad de los médicos cubanos, pero no permitiremos que se equiparen los llamados Técnicos médicos con los profesionales de la medicina que se forman en el país”.

Señalar ciertos despropósitos, como este, no es obstaculizar la ciertamente difícil y compleja labor de los Gobiernos para atender lo mejor que pueden los desafíos de la pandemia. Hay que ayudar a que las soluciones puedan ejecutarse, sin perder de vista que, aun en tiempos de excepción, la ciudadanía conserva plenamente su derecho a obtener cumplida razón de los actos de sus gobernantes y de reclamar las respectivas responsabilidades políticas.

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