POR JUAN FELIPE ZULETA VALENCIA
El contrato por $7.990 millones para ofrecer este servicio acabó antes de tiempo y cogió a la Alcaldía sin un plan B sólido.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
Hace apenas tres meses la Alcaldía de Medellín reconoció que en los últimos tres años la cifra de personas en situación o condición de calle aumentó un 150%, es decir, pasó de 3.000 en 2019 a cerca de 8.000 personas. Y mientras la ciudadanía apenas trata de digerir las dimensiones que está tomando esta problemática social en la capital antioqueña, el panorama se sigue agravando.
Desde el 31 de diciembre pasado la ciudad quedó desprovista de la estrategia más elemental que tiene para atender a los habitantes de calle y mitigar un poco la crisis social y de seguridad que bulle en el Centro –y barrios periféricos– ante el incremento de esta población. La atención básica integral que ofrecía el Centro Día 2 quedó suspendida. La Universidad CES, que tenía a cargo el contrato, decidió finiquitarlo anticipadamente, al constatar que su operación era inviable.
El hecho es otro batacazo al sistema de atención a habitante de calle que ya venía seriamente golpeado. Con la conversión del Centro Día 1 en Centro de Traslado y el cierre de Centro Día 3, el Centro Día 2 –ubicado en el sector de Los Puentes– era el que sostenía la oferta de atención básica: alimentación, aseo, alojamiento, recreación y atención psicosocial. Este componente es fundamental porque es la puerta de entrada de estas personas al Sistema de Atención a la Población de y en Calle cuyo propósito de fondo es la resocialización y el retorno a sus familias.
Según el concejal Luis Bernardo Vélez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos –dependencia encargada de este programa– es la primera vez que Medellín se queda sin atención básica para habitantes de calle. El problema, aunque se materializó el 31 de diciembre, se venía cocinando meses atrás. El CES había arrancado a ejecutar el contrato, que tenía un monto de $7.990 millones, el 11 de febrero de 2022 con una vigencia de 324 días.
No hay razones oficiales sobre la decisión. Al cierre de esta edición, y tras ser consultado, el CES no había entregado respuesta. Sin embargo, según le señalaron funcionarios y contratistas a EL COLOMBIANO, desde septiembre la universidad había manifestado su intención de pagar la multa y acabar el contrato, arrinconada por los desbarajustes administrativos de la Secretaría que habrían hecho inviable financiera y técnicamente el contrato.
La versión que tiene este diario es que la universidad le hizo saber a la Alcaldía su decisión con un tiempo prudente para que la administración distrital adelantara un nuevo proceso licitatorio y el programa no sufriera una interrupción tan severa y prolongada.
El concejal Vélez apunta que esta situación deja de manifiesto la improvisación de la Secretaría de Inclusión y sus dependencias y su indolencia con las poblaciones más vulnerables, lo que ha causado, asevera, un profundo retroceso en todos los programas sociales de la ciudad y reitera que esta es otra muestra de la falta de planeación técnica y jurídica de la Alcaldía.
Y ciertamente los antecedentes no dejan bien parada a la administración distrital y directamente a esta Secretaría. El año pasado, también por una negligente planificación contractual, Inclusión dejó cerrar 28 Centros Vida, encargados de atender a los adultos mayores más vulnerables de la ciudad, afectando directamente a por lo menos 2.500 adultos mayores que hacían parte de este programa.
Impacto en las vidas y en calles
En las inmediaciones del Centro Día 2, pululan decenas de cambuches y cientos de personas que deambulan mientras otras yacen inmóviles cubriéndose sobre el pavimento.
El Centro Día históricamente le ha solucionado la dormida a 400 personas, y aseo, alimentación y atención psicosocial a más de 2.500 personas diariamente, abriendo sus puertas en tres turnos desde las 6 de la mañana y hasta al caer la tarde.
Es la única estrategia que mitiga la vulneración a la que están expuestos los habitantes de calle y los conflictos de salubridad y seguridad que se derivan del incremento de esta población en varias zonas de la ciudad. Pero, sin tener adonde ir para suplir sus necesidades básicas, el panorama en el Centro es agobiante.
Según los funcionarios y contratistas consultados, el Centro Día 2 redujo su operación al mínimo durante el día y solo ofrece dormitorio a cerca de 370 personas y servicio de baño. La alimentación está supeditada a la disponibilidad de comida que llegue donada. Además, no le están permitiendo el ingreso a personas con discapacidad y movilidad reducida ni a quienes padecen trastornos mentales graves, como bipolaridad y esquizofrenia. La razón es que no hay personal para atenderlos y garantizar su bienestar y el del resto de personas al interior del lugar. Tampoco hay móvil, quiere decir que si algún habitante de calle al interior del recinto requiere un traslado de urgencia a un centro médico no hay cómo llevarlo.
Una contratista que lleva años en el programa relató que ha visto en los últimas días escenas desgarradoras y un incremento de los conflictos entre comerciantes y habitantes de calle. “Me tocó ver un terrible caso de maltrato contra dos de ellos que estaban en una situación muy vulnerable. Mientras los agredía, el comerciante les gritaba que se fueran para el Centro Día y yo le decía que no podían, que no les permitían ingresar para recibir una contención psicosocial que estaban necesitando ni para hacerse su autocuidado”, narró.
La operación del lugar está hoy soportado en un puñado de voluntarios, contratistas a quienes la Alcaldía les prometió darles prioridad cuando se firme el nuevo contrato a cambio de arriesgarse a trabajar sin ARL ni salario, expuestos a diversos peligros.
El drama también es para los otros contratistas. Más de 100 personas entre educadores, trabajadores sociales, sicólogos, deportólogos y personal de registro quedaron desempleados y a la deriva, pues la información que tienen es que el nuevo contrato, que al parecer quedará en manos de Metrosalud, vendrá con un recorte del 60 por ciento de los contratistas que estaban empleados para la atención básica a habitantes de calle.
Pero hay otros factores que generan preocupación. Metrosalud es una entidad emproblemada con 37 irregularidades, varias de ellas financieras, reportadas por la Supersalud. Además, la Veeduría Todos por Medellín ya alertó irregularidades en los convenios interadministrativos que esta Alcaldía ha firmado a manos llenas con las entidades descentralizadas. Van más de 800 contratos de este tipo que suman $3,4 billones. Este nuevo convenio entraría a engordar esa lista.
Alcaldía niega traumatismos
En respuesta a EL COLOMBIANO, la Secretaría de Inclusión aseguró que “la atención básica nunca se ha suspendido” y que la decisión unilateral de la Universidad CES “no implicó que se dejara de prestar el servicio para la población habitante de calle”.
La versión de la Alcaldía es que es que la atención básica, es decir, alimentación, dormitorios, acompañamiento psicosocial y autocuidado quedó a cargo de “profesionales que integran el sistema de habitante de calle”, decisión que tomó –dijo la dependencia– “para solventar la operación y no afectar a la población”.
La Secretaría señaló que diariamente en Centro Día 2 están atendiendo más de 1.000 habitantes de calle y aseguró que durante 2022 7.744 personas recibieron atención básica. La dependencia respondió que, actualmente, está en trámites contractuales para suscribir un nuevo contrato. Los contratistas estiman que en el mejor de los casos el contrato estaría listo antes de acabar enero.
Luis Bernardo Vélez insiste en que el lío que hoy existe con la atención básica no puede entenderse como algo circunstancial sino como evidencia de una crisis sistemática en los programas sociales en la ciudad. Reconoce que los factores detrás del incremento de habitantes de calle no son responsabilidad total de la Alcaldía, pero asevera que sus decisiones –la salida de funcionarios técnicos con años de experiencia, los entuertos en contratación y el deterioro de programas que funcionaban correctamente– sí han agravado la problemática.
Jorge Mario Puerta, director ejecutivo de Corpocentro, considera que luego de tres años sin muchos avances al respecto, la Alcaldía tiene que garantizar en este último año de gestión el fortalecimiento de los procesos de resocialización, como las granjas productivas y el seguimiento a la reintegración de estas personas a sus núcleos familiares. Para Puerta es evidente que la gestión no está bien encaminada. “Hace poco la Alcaldía sacó pecho porque logró la resocialización de 73 habitantes de calle en 2022, es valioso, pero en términos del problema social no son cifras significativas cuando recordamos que la ciudad ya tiene 8.000 o 9.000 habitantes de calle. Es evidente que los programas y las políticas para la recuperación de estas personas no están siendo efectivas”, concluyó.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
RADIOGRAFÍA
LA ALCALDÍA NO LE CUMPLE A LA JUSTICIA
El pasado 4 de enero las autoridades destacaron el balance de un operativo para recuperar el espacio público donde hoy se encuentra el llamado Bronx, ubicado en la carrera 54 (Cúcuta), entre las calles 54 a 57. Aseguraron que sacaron 4,6 toneladas de basura, incautaron 856 gramos de estupefacientes y 72 armas blancas. La realidad, sin embargo, es que la Alcaldía va a completar cuatro meses sin cumplir con un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordenó desde mayo de 2022 que a septiembre de ese año debía garantizar el restablecimiento del sector tal como era antes de la llegada en 2018 de miles de habitantes de calle, consumidores y bandas de microtráfico. La justicia le ordenó, además, que garantizara la caracterización de los habitantes de calle asentados en el sector y soluciones de fondo para evitar que esta problemática se desplazara a otros puntos del Centro. Esto es justamente lo que está ocurriendo, tal como lo verificó EL COLOMBIANO en septiembre pasado en el sector de Niquitao, una zona que está volviendo a sus años oscuros por cuenta del microtráfico, el consumo y la inseguridad que están migrando desde Cúcuta con Zea.