GUSTAVO OSPINA ZAPATA
En el sector de Sinaí, en la comuna 2 (Santa Cruz), la alcaldía de Medellín implementó desde el domingo un Puesto de Mando Unificado -PMU- con el cual espera no solo hacer cumplir el aislamiento y el toque de queda decretado para este sector hasta el próximo 15 de junio sino también acompañar a la comunidad con apoyos de índole económica y social.
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Durante los quince días, a los habitantes de la zona, según la promesa oficial, se les darán mercados, una renta básica a los que aparecen como beneficiarios y atención integral.
El fin de la medida es intentar contener el brote de covid-19 que existe en la zona y que representa el 12% del total de contagios en la ciudad (224).
Desde la comunidad, sin embargo, hay voces que no comparten plenamente la medida ni la manera como se ejecuta.
La medida, que inició el domingo 31 de mayo y termina el lunes 15 de junio, estableció un toque de queda con “cerramiento preventivo” en el sector Sinaí, en la carrera 52 (Carabobo), entre las calles 97 hasta la 100 C. Y entre carrera 52 hasta el río Medellín.
El toque queda va todos los días de 8:00 p. m. a 4:30 a. m. y afecta a unas 2.800 personas residentes en el sector.
En la primera jornada del PMU, este lunes 1° de junio, al sector se desplazó personal el Dagrd, la Policía, el Ejército y las secretarías de Salud, Educación, Gobierno e Inclusión Social de la alcaldía.
Además de llevar mercados y la renta básica, se capacitará al comercio para que continúe en funcionamiento, entre otras iniciativas.
a subsecretaria de Servicios de la Secretaria de Salud, Ruth Mena, manifestó que el objetivo del PMU “es informar y socializar con la ciudadanía todo este proyecto e intención de Medellín Me Cuida, para que la gente sepa porqué estamos aquí, porqué tenemos un brote que queremos controlar y minimizar”.
La presencia de los funcionarios de la alcaldía se aprovechará para adelantar jornadas de concientización con los líderes de la comunidad sobre la importancia del autocuidado, también se vigilará que solo salgan aquellas personas que se encuentren dentro de las excepciones, como el personal de salud.
Voces de la comunidad
Pero pese a los anuncios, la comunidad tiene reparos. El edil de la Junta Administradora Local, JAL, Fausto Arroyave, si bien admite que la medida es necesaria en el tema del covid-19, debe ser acompañada de un paquete integral que tenga en cuenta aspectos económicos, sociales y de derechos humanos.
Señala que Santa Cruz, además de ser la comuna más densamente poblada de Medellín -es decir, la de mayor número de habitantes por m2,-, es también una de las que tiene los indicadores más críticos de pobreza.
“Acá no se puede llegar solo con restricciones, sino que el paquete que trae la alcaldía debe garantizarles a las personas el mínimo vital para existir”, afirma.
Advierte que el Sinaí, la zona donde está el foco del acordonamiento, es un asentamiento habitado en su mayoría por personas desplazadas de Urabá y de la Costa.
Son personas que la mayor parte trabajan en la informalidad o que ni siquiera tienen empleo, por lo que siente que no se trata solo de decretar el encierro sino ir más allá de llevar militares y policías.
Anoche solo sentimos el helicóptero de la Policía sobrevolando y no pudimos dormir, y hasta esta hora (1:00 p.m.) no ha llegado ninguna ayuda”, aseguró.
Sin embargo, reporteros gráficos de este diario presenciaron personal de la alcaldía tomando la temperatura y repartiendo almuerzos.
Marcela Londoño, integrante de la corporación Mi Comuna, recuerda que posterior a los decretos de aislamiento expedidos por el Gobierno y la alcaldía, su corporación y otras con asiento en la zona enviaron una alerta temprana sobre la necesidad de tener una consideración diferente para la zona Nororiental debido a la situación social y económica del territorio.
En Santa Cruz, particularmente, asegura que habitan en su mayoría personas de estratos muy bajos que laboran en la informalidad a las que les iba a quedar muy difícil cumplir con el aislamiento.
Son gente que vive del día a día, tiene que salir a trabajar para poder comer. Hay casas en las que habitan varias familias, con hasta 14 personas, y les llega un mercado muy desbalanceado que dura muy pocos días”, sostiene.
Afirma que pese a haber enviado la comunicación de la alerta temprana, la alcaldía no les dio respuesta.
Señala que la indisciplina social no es lo único que disparó el contagio. “Es verdad que la gente sale, en las calles se ve una dinámica normal, pero es por la necesidad de las personas, y la solución es militarizar sino garantizar vivienda, alimentación y hasta apoyo sicosocial”, indica Marcela.
Además, argumenta que señalarlos como el foco del contagio del covid-19 les crea un estigma que va a agravar su situación. “¿Qué empresa va a contratar personas de esta zona si ya están señaladas de ser portadoras del virus?”, se pregunta.
E insiste en que no es acertado llegar con militares y policías porque esta ha sido una de las zonas con más historia de violencia en la ciudad, lo cual, puede ser una medida contraproducente.
Finalmente, tanto el edil Arroyave como Marcela opinan que no pueden evaluar a Santa Cruz con el mismo rasero que otros barrios, como Laureles o El Poblado, donde la gente tiene su casa y todo a disposición para encerrarse.
Vale aclarar que las personas que deban salir del barrio por trabajo o emergencia médica deberán pasar cuatro controles a la entrada y salida, en los cuales se verificará su estado de salud.
El decreto de aislamiento establece también la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del domingo 31 de mayo hasta el 15 de junio.
