POR LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ |
Con el país en medio de un aumento de muertes por covid-19, el Gobierno anunció las reglas para que empresas participen en la inmunización.
Mientras que Colombia se enfrenta a la fuerza de la tercera ola de covid-19, que solo ayer superó un récord de muertos con 429 fallecimientos, el Gobierno Nacional busca nuevas estrategias para impulsar el Plan Nacional de Vacunación.
Y ayer, el Gobierno dio un importante paso al respecto: la publicación de la resolución 507 del 19 de abril de 2021. Con esta nueva norma, las empresas del sector privado, a partir de hoy, podrán negociar la compra de vacunas para la covid-19 y, eventualmente, aplicar dichas dosis.
Hay dos condiciones en esa resolución que son fundamentales para el proceso de vacunación. Primero, serán las empresas las que tengan que asumir el costo completo de la compra y la aplicación de las vacunas. Y segundo, en esa misma línea, los privados no podrán cobrar nada por vacunar a personas.
Con la resolución 507 del 19 de abril de 2021, el Gobierno definió que las empresas podrán actuar como importadores “de las vacunas para su aplicación gratuita a los beneficiarios”. Es importante resaltar que, así la vacuna la hayan comprado privados, “el proceso de inmunización (…) deberá efectuarse a cero costos”.
Para que se puedan importar vacunas, el Gobierno definió, entre otros, los siguientes requisitos: solicitar que se modifique la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia ante el Invima para ser considerados importadores, garantizar las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante, asumir los costos de las vacunas y de su importación.
También se definieron los requisitos para aplicar las vacunas. Lo primero es que deben “garantizar la aplicación de las vacunas importadas con prestadores de servicios de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación”. En ese sentido, “podrán utilizar la red de prestadores de servicios de salud ya existente”, siempre y cuando no sea la misma utilizada por el Plan Nacional de Vacunación.
Adicionalmente, deberán aplicar las vacunas a “las personas naturales que tengan, con ellas, un vínculo laboral o contractual y que habiten el territorio nacional”. Un punto importante al respecto es que las empresas podrán “establecer la priorización en la aplicación de las vacunas y no podrán excluir a ninguna persona que tenga con ellas algún vínculo contractual o laboral”.
Sobre el inicio de las negociaciones y de la aplicación de las vacunas, la resolución definió que “podrán iniciar una vez entre en vigencia la presente resolución”, es decir, desde este miércoles 20 de abril. La aplicación de las vacunas se podrá cuando el Gobierno avance en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación y será el Ministerio de Salud el que indique la fecha en la que iniciará.
El presidente Iván Duque, en su programa Prevención y Acción, aseguró que “manteniendo esos lineamientos, el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios sin experiencia en el sector”.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló en el mismo espacio que solo se podrán importar vacunas con autorización del Invima. Además, que “no es una vacuna que se dirige a unos grupos dentro de las empresas, sino que el plan de vacunación empresarial debe incluir a todo el personal. Esto, para preservar las condiciones de equidad en el acceso a la vacuna”.
“Esta es una regulación concertada, que mantiene los principios del Plan Nacional de Vacunación y que la participación del sector privado, beneficiará a los colombianos”, concluyó Ruiz al respecto de esta resolución.
Desde antes de que empezara la vacunación contra el coronavirus en el país se discutía la posibilidad de que los privados participaran activamente en la compra y aplicación de las vacunas.
En su momento, por ejemplo, el exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, dijo que “uno podría analizar que, en lugar de entrar a competir con el país en la compra de dosis, sería vital que no se pensara en solucionar un problema, sino en atender la situación como un problema global: es imperativo aumentar la producción de las vacunas”.
Adicional a esto, y luego del anuncio del Gobierno Nacional de la resolución 507, EL COLOMBIANO consultó a Carolina Gómez, fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Al respecto de la participación de privados, Gómez manifestó dos cuestionamientos.
Primero, indicó que, aunque es un “fin legítimo”, es difícil de conseguir, entre otras cosas, por el incumplimiento de los laboratorios a los estados, como el colombiano, para suministrar vacunas. “¿Cómo van a conseguir las vacunas”, cuestionó para añadir: “La producción global de vacunas ya está vendida, ¿entonces de dónde sacarán las dosis o se está pensando para el año entrante o dentro de dos años?”.
En esa misma línea, también indicó que “se podría comprometer la posibilidad de que un gobierno o un país reciba las vacunas antes que una empresa privada”.
Y el segundo punto, que más que una duda es una sugerencia similar a la planteada por Galán, es que “si los privados quieren ayudar a que se ejecute el Plan Nacional de Vacunación, lo que deberían es apoyar a los departamentos que están mal en su ejecución, que no vacunan a las velocidades suficientes, en buena parte, por su incapacidad logística, en lo que el sector privado tiene experiencia”.
Así las cosas, aunque ya están las reglas, aún falta saber cómo se ejecutarán para conseguir impulsar la vacunación contra la covid-19
3,86 millones de dosis se han suministrado en Colombia, a corte del 19 de abril.
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