La medida es un llamado al país para avanzar en la erradicación de la rabia y la tenencia responsable.
Detrás del anuncio de las autoridades de Estados Unidos el pasado 17 de junio de prohibir el ingreso de perros provenientes de 116 países, hay una investigación de cuatro años, un lucrativo negocio que seguramente se verá afectado por la medida y varios riesgos latentes de salud pública.
Así consta en el informe de los Centros para el Control y Enfermedades –CDC– que detalla las motivaciones de la determinación que afecta a Colombia y 15 países de América Latina y el Caribe; 52 de África y 48 de Asia, en los que no existe pleno control del virus de la rabia.
La medida busca evitar la propagación de la rabia canina en Estados Unidos, erradicada allí hace 15 años, alertados por tres casos en los últimos seis años de perros importados que tenían la enfermedad, y que fueron presentados con documentación irregular que aseguraba su buen estado de salud. Pero, más allá de estos casos, la decisión es la respuesta a un fenómeno que empezaron a notar en 2017 con la llegada masiva en vuelos de hasta 40 cachorros, lo cual, indica el informe de los CDC, fue la primera señal para detectar el negocio que se escondía, y que según reportan las autoridades se ha valido de prácticas como falsificación de documentación (edad del animal y certificado de vacunas), uso de fundaciones fachada de rescate y adopción de mascotas, y hasta la importación de hembras preñadas para evitarse los costos de viaje de cada ejemplar.
Prohibiciones y negocio
Desde 2006 hasta la fecha, 385 ciudades, condados y pueblos de 29 estados en territorio estadounidense han prohibido la venta de perros y gatos provenientes de criaderos, y solo se permite la adquisición de animales de compañía mediante programas de rescate y adopción. En la lista de “Jurisdicciones con leyes de venta de mascotas” se sumaron este año 17 lugares de 12 estados.
Explica la veterinaria, Laura González, pasante del Programa en Medicina de Refugio de la Universidad de Cornell, que “paradójicamente estas medidas tomadas en defensa del bienestar animal y sanitario, y de las cuales Estados Unidos es pionero, han impulsado un negocio de importación de perros de raza, cuya demanda varía, penosamente, dependiendo de ciertas modas. Y aunque muchos de estos llegan a hogares responsables, en general es algo que nos plantea un problema de salud y derechos de animales que apenas las autoridades del país están caracterizando”.
Un bulldog francés o un yorkshire, dos de las razas más apetecidas del momento, pueden oscilar entre los US$10.000 y US$15.000 y entre US$3.500 y US$5.000, respectivamente.
Es necesario aclarar que muchas familias que deciden comprar perros de raza en el exterior lo hacen cumpliendo con todos los requisitos y aún así les resulta económicamente viable.
Por ejemplo, adquirir un cachorro de yorkshire en Colombia, aplicarle todo su esquema de vacunación, comprobable en un carné con fecha y lote de las mismas (incluyendo la antirrábica 21 días antes de viajar); llevarlo cinco días antes del viaje a una clínica veterinaria para que allí certifiquen el esquema de inmunización y su estado de salud; acercarlo posteriormente al ICA 72 horas antes del vuelo para que allí hagan una evaluación final del animal; y que un familiar o amigo viaje con él a entregarlo puede costarle en total a una familia alrededor de US$1.800 dólares.
El ICA reporta la salida anual de 22.000 perros y 2.700 gatos.
La suspensión es una alerta
La determinación que tomó Estados Unidos expone, según expertos, deudas del país frente a dos problemas que se entrelazan y que exigen mayor atención: la transmisión de la rabia y la tenencia responsable de animales de compañía.
Colombia ha logrado controlar en mayor medida el ciclo urbano de este virus, es decir, transmitido por perros y gatos. En 2020, de acuerdo a cifras de Minsalud, el país aplicó 6 millones de vacunas antirrábicas a estos animales de compañía.
Hoy, sin embargo, el desafío sanitario está en el ciclo silvestre, en el que el virus encuentra como portador principal a murciélagos hematófagos que lo transmiten a ganado y estos a su vez a personas que entran en contacto.
De los 42 casos de rabia humana reportada por el INS en los últimos 21 años, ocho fueron transmitidos por perros, 21 por murciélagos y 13 por gatos. El último evento registrado fue el de una mujer en Neiva, en octubre de 2020, mordida por su gato que previamente fue infectado por un murciélago. Este caso ilustra uno de los factores que expone la investigadora del Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal de la Universidad de La Salle, Natalia Margarita Cediel, como clave para que el país tenga hoy un riesgo latente de reemergencia de la rabia.
“La ampliación de la frontera agropecuaria, la expansión urbana y los asentamientos en áreas silvestres están facilitando este ciclo de transmisión. Es necesario sentarse a actualizar planes y tener una mejor coordinación entre instituciones”, dice.
El otro problema que queda en evidencia, según apunta el biólogo y etólogo, Andrés Felipe García, director de la fundación Bioethos, son los rezagos estructurales como sociedad respecto a la relación con los animales de compañía. “Tiene sentido que Colombia esté en esa lista de prohibición. En el país no se están haciendo bien las cosas en materia de salud animal. Tenemos un grave problema de tenencia responsable, de abandono”, señala el experto.
García advierte además que el país tiene mucho camino por recorrer en materia de regulación a la comercialización de animales domésticos, empezando –apunta– por un abordaje más serio a la venta descontrolada de ejemplares a través de redes sociales. El desestímulo a la compra de mascotas, dice, debe ir en paralelo con el diseño de estrategias más robustas para incentivar la adopción.
El director de Bioethos cree que una de las grandes falencias en Colombia es una educación ambiental que llegue efectivamente a la población y explique las consecuencias que derivan de una tenencia irresponsable de mascotas.
“Perros abandonados, convertidos posteriormente en callejeros, tienen las herramientas para sobrevivir y llegar a convertirse en perros ferales o asilvestrados causando desequilibrios ecosistémicos al competir con otros depredadores como el zorro o, al no estar vacunados, llevando enfermedades zoonóticas a especies como osos de anteojos, pumas y primates”, anota el experto.
Pero además, enfatiza, “de todo esto surge un riesgo a la salud humana pues los perros en estado silvestre entran en contacto con otros callejeros y estos a la vez con domésticos o directamente con personas causando una seria amenaza de enfermedades como la rabia, de la cual casi el 100 % de los casos en humanos termina con la muerte”.
De acuerdo a Kantar World Panel, 3,7 millones de hogares en el país reportan tener perro o gato (o ambos), mientras que según un ejercicio realizado por la universidad de La Salle en 2019, el país podría tener cerca de un millón de perros callejeros.
García alude a la necesidad de mejorar las estrategias de control, como hacer de uso obligatorio el chip en mascotas para hallar a los responsables en caso de un abandono y, además, campañas más sólidas entre los ministerios de Ambiente y Salud, las corporaciones autónomas y las secretarías territoriales que ayuden, desde la educación y prevención, a evitar riesgos para la salud y la vida