ECUADOR:
Por: Daniel Pontón C*
*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Cuyo- Mendoza, Argentina. Decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN.
La pandemia del COVID-19 ha generado que se ponga una atención especial a los sistemas penitenciarios a nivel mundial a partir de las declaraciones de Michelle Bachelet en marzo de 2020. La preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó a la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que el coronavirus tenga un desenlace fatal en las prisiones debido a sus condiciones naturales de confinamiento y graves carencias sanitarias en muchos sistemas penitenciarios alrededor del mundo.
Pese a ello, en el caso del Ecuador, la pandemia del COVID-19 ha convivido con el auge de la pandemia de la violencia al interior de las cárceles en estos 2 años. El 3 de agosto de 2020, se reportó un amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral (ciudad de Guayaquil) que dejó el saldo de 11 fallecidos y 18 heridos (13 reos y 5 uniformados). Si bien este evento ha sido catalogado como el más violento, en lo que va del año 2020 se han sumado otros hechos en diferentes centros penitenciarios del país que ya suman aproximadamente 30 personas fallecidas.[1] En el año 2019, el saldo de la violencia carcelaria dejó 32 muertos, en su mayoría producto del enfrentamiento entre bandas que se disputan el poder y la supremacía en el manejo de las cárceles ¿Cómo entender esta problemática en el marco de la pandemia? ¿Cuáles son sus alcances? El presente artículo tiene como objetivo analizar la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano en el marco de la pandemia del COVID-19 para determinar el alcance de la intervención sanitaria y sus escenarios futuros.
Como se dijo anteriormente, la violencia ha sido el común denominador de la situación carcelaria en estos dos años. Si bien, los asesinatos y diversos tipos de violencia han sido prácticas rutinarias en el mundo penitenciario, desde principios del año anterior se empezaron a evidenciar una serie de hechos de violencia al interior de los centros que generaron un alto nivel de conmoción social. Muchos de los asesinatos perpetrados se caracterizaron por su enorme brutalidad (como por ejemplo jugar fútbol con la cabeza de un asesinado) y su pronta y casi simultánea viralización en redes sociales. Estos hechos, ha generado que el manejo de la pandemia en las cárceles ecuatorianas se dé en el marco de una compleja crisis de consecuencias todavía inciertas.
Diversas posturas se han barajado para explicar esta problemática. En primer lugar, a partir del año 2013, se inauguraron tres nuevos grandes centros penitenciarios en Cotopaxi, Guayaquil y Cuenca. Esta medida, promovida por el anterior gobierno, buscaba establecer una salida a los crónicos problemas de hacinamiento y crisis humanitarias que se arrastraba por décadas. A pesar de que esta intervención se focalizó en la modernización de 3 de los 36 centros de privación de libertad, se generó una drástica ampliación de la capacidad de 9.000 plazas penitenciarias a más de 28.000. Esta medida, sin embargo, vino acompañada con un cambio de orientación de la política criminal que privilegió el uso del recurso punitivo de la prisión preventiva como el instrumento principal para contener el delito.
A partir de 2011, se evidenció un incremento sostenido en la población penitenciaria. A diciembre de 2019, la población carcelaria prácticamente se había cuadriplicado llegando a bordear los 40.000 reclusos. No se han registrado niveles tan altos de población penitenciaria desde que se tiene registros estadísticos, en el año 1972. Esta tendencia hizo que la política de reducción del hacinamiento propuesta a partir del año 2012, quedase rápidamente traspasada. A agosto de 2019, el nivel de hacinamiento se aproximó al 40% de la capacidad carcelaria generando varios problemas en la gestión del control penitenciario.
Fuente: Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (2019). *Datos a agosto 2020.
Otro tema importante tiene que ver con el ascenso del problema del narcotráfico. Producto del repliegue de los cultivos y el procesamiento de cocaína en la frontera sur colombiana, Ecuador se ha convertido en un territorio natural de salida de drogas por sus costas del Océano Pacífico hacia Norteamérica. A esto se suma que, por largos años, la estrategia de interdicción aérea y marítima se redujo a la mínima expresión a raíz del cierre de la base estadounidense de Manta. En los últimos años, Ecuador ha llegado a incautar aproximadamente un tercio del total de incautaciones en Colombia y es de largo un enclave estratégico en la dinámica del narcotráfico internacional. Esta situación ha tenido secuelas importantes sobre la proliferación de poderosas estructuras criminales especializadas en el acopio y transporte de drogas.
El caso más sonado en esta perspectiva fue el de alias “Gerald” (ecuatoriano extraditado a EEUU), cuyos pasos están siendo recogidos por una serie de agrupaciones criminales al interior de las cárceles que compiten por la supremacía. De acuerdo a reportes de inteligencia carcelaria, el tráfico internacional de drogas y una gran cantidad de actividades delictivas se planifican y dirigen desde las cárceles. Una agrupación que ha tomado fuerza en los últimos años son los denominados “Choneros”[2] (en su momento agentes de seguridad de Gerald) a quienes se les atribuye responsabilidad sobre una gran cantidad de muertes al interior de los centros penitenciarios, justamente por marcadas disputas con otras agrupaciones. Grandes cárceles y narcotráfico han generado grandes y peligrosas bandas criminales en Ecuador.
Un tercer elemento tiene que ver con la gestión del sistema penitenciario en general. Pese a la incorporación de nueva infraestructura, se ha acusado a las autoridades de turno de tener una limitada estrategia de ubicación y reubicación de personas privadas de libertad en función de su peligrosidad. Los recortes presupuestarios que ha impulsado el gobierno actual en todas las áreas del Estado también han impedido, por ejemplo, que el proyecto de la escuela de formación penitenciara logre concretarse y se mantenga aún el déficit de 4.000 guías penitenciarios y demás infraestructura para el control. A principios del año 2019, se dio paso a la creación del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en lugar del Ministerio de Justicia, y ha sido justamente en esta transformación donde los problemas alrededor del sistema penitenciario se han agudizado. Persisten, de igual forma, graves problemas de corrupción, consumo de drogas y mafias que han privatizado el manejo de la vida diaria al interior de los centros penitenciarios. Por ende, es coherente suponer que esta limitada capacidad de respuesta estatal ha contribuido también a agudizar la crisis penitenciaria.
La crisis sanitaria del COVID
Esta crisis estructural de las cárceles en Ecuador generó que los efectos de la pandemia del COVID-19 se hayan presentado como una seria amenaza sanitaria y humanitaria al sistema penitenciario y a la sociedad en general. En efecto, la emergencia sanitaria fue escalando de forma preocupante en los primeros meses de la pandemia. Según la SNAI, a finales del mes de abril, se registraron un total de 18 contagiados. El 1 de junio la cifra llegó a 784. Para el 3 de agosto de 2020, el número de contagios llegó a 1048 personas, de las cuales 814 eran personas privadas de libertad (PPL), 151 personal de seguridad y 83 personal administrativo. Por su parte, para el 3 de agosto, el número de fallecidos, entre confirmados y sospechosos, era de 26 (14 confirmados y 12 sospechosos), de los cuales 24 eran personas privadas de libertad. Esto significó que entre abril y agosto el ritmo de crecimiento de contagios fuese de más del 5.000 %; no obstante, el ritmo de contagios ha venido decreciendo de manera importante en los últimos meses.
Pese a que la tasa de contagios por cada cien mil prisioneros es más de 4 veces superior a la tasa nacional de contagios, comparadamente, este número es significativamente menor de los presentados en las presiones de Colombia y Perú en agosto de este año (2.964 y 8.249, respectivamente). La mortalidad en el sistema penitenciario ecuatoriano es de 2.5%, casi la misma que la tasa promedio de muertes por COVID en las prisiones latinoamericanas. Se puede decir, de manera general, que en este caso los efectos directos de la pandemia sobre la salud al interior de los centros penitenciarios están controlados, sin pretender decir que no se deba todavía guardar los recaudos necesarios en función de la evolución de la enfermedad.
Desde el comienzo de la pandemia las autoridades penitenciarias restringieron las vistas a las personas privadas de libertad para evitar contagios masivos. De igual forma, se establecieron estrictos protocolos sanitarios para la prevención de contagio de personal de control penitenciario, proveedores y demás personal que tiene contacto con los centros penitenciarios. Se destinaron también áreas especiales de aislamiento para personas contagiadas y con sospecha. Al 3 de agosto de 2020, se había aislado a 208 personas y se hospitalizaron 13. Se realizaron también 689 pruebas PCR y 2385 pruebas rápidas. Los recuperados para esa fecha ascendieron a 814 (669 PPL, 116 personal de seguridad y 20 administrativos). Durante la pandemia se han configurado 5 motines o revueltas carcelarias a propósito de esta crisis sanitaria, que han sido contraladas por las instituciones de control. De los casi 30 muertos en el 2020, 22 muertes se han registrado durante la pandemia (El Universo, 2020). Las causas de esta revuelta no han sido atribuidas directamente a la pandemia, sino a problemas entre bandas rivales.
A nivel político, han existido dos exhortos, uno de la Corte Nacional de Justicia y otro de la Corte Constitucional para que el sistema de justicia establezca medidas sustitutivas y evite el abuso de la prisión preventiva. En el mes de julio de 2020, el gobierno impulsó un programa de indultos, aunque admitió que este afectará a un porcentaje pequeño de la población. Es complejo evaluar el efecto de estas medidas, pues el nivel de egreso carcelario ha sido similar e incluso menor que los egresos evidenciados previamente. Lo que se ha visto limitado es el nivel de ingresos, lo cual explica la reducción de más de 2.000 personas. Con fecha 5 de agosto de 2020, la población penitenciaria se redujo a 37.603 personas y el hacinamiento llegó al 27,63%. Es decir, en la pandemia se ha tendido a encarcelar menos, aunque esto puede ser producto de una menor gestión policial para combatir el delito debido a labores de control poblacional por temas de sanidad y/o la decisión de jueces de encarcelar menos como medida de prevención sanitaria.
Escenarios futuros
Como se ha podido observar, han existido esfuerzos por mantener la pandemia bajo control, no así los niveles de violencia producto de la disputa entre bandas rivales. Por esta razón, es necesario mirar de forma integral y prioritaria este problema y analizar distintos escenarios que de forma indirecta la pandemia podría generar sobre la situación carcelaria en Ecuador.
Un primer elemento viene dado de la misma respuesta del Estado. Como salida a este problema, el gobierno ha decretado varios “estados de emergencia” con la finalidad de establecer medidas extremas de control a través del involucramiento de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para el resguardo interno y externo, respectivamente, de las cárceles. Estas medidas han permitido, de forma coyuntural, dar golpes de efecto para aliviar los síntomas de la violencia carcelaria, pero están muy lejos aún de solucionar sus principales causas. No obstante, estos estados de emergencia no han venido respaldados por recursos económicos que permitan atender las múltiples necesidades del sistema. Dada la crisis económica que el COVID-19 ha dejado a las arcas fiscales, la gobernanza de la crisis carcelaria estará sin lugar a dudas marcada por dinámicas coyunturales sin cambios sustanciales a futuro.
En junio de 2020 fue liberado Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la agrupación de los “Choneros.” Su liberación se le atribuye al origen del nuevo ciclo de violencia en las cárceles por disputas de poder y hegemonía sobre el control de negocios ilícitos. Esta situación, sumada a la ausencia de recursos y de políticas estructurales del sistema penitenciario, podría profundizar el desarrollo de una estructura mafiosa en el manejo de las cárceles con una amplia proyección de negocios ilícitos al interior y al exterior del sistema penitenciario. Esta reconfiguración criminal podría también tener consecuencias en el escalamiento del negocio del narcotráfico a través de alianzas estratégicas con carteles internacionales de drogas. Además, la gran estela de informalidad laboral que ha dejado la pandemia se constituye en un caldo de cultivo para que el dominio de estas organizaciones criminales se amplíe y compita con la autoridad legítima del Estado en diversos territorios.
Un tercer escenario proviene de las consecuencias sociales de la pandemia producto de la situación económica como, por ejemplo, el aumento de la criminalidad común. En este sentido, dada la naturaleza de la política criminal vigente en Ecuador, se podría derivar en un escalamiento punitivo como medida para enfrentar el crimen. Esto significaría que la reducción de la población carcelaria evidenciada durante estos últimos 6 meses pronto podría mostrar una curva ascendente y estimular un nuevo boom penitenciario. Dada la situación actual, un aumento súbito y descontrolado de la población penitenciaria agravaría la situación sanitaria y de seguridad al interior y exterior de las cárceles.
Las consecuencias de la pandemia sobre el sistema penitenciario deben ser vistas desde una perspectiva holística e integral. En el marco de la crisis sanitaria se podría calificar al sistema penitenciario como un barco a la deriva en medio de tensiones e inercias que complejizan el panorama hacia el futuro. Es necesario mirar con atención esta problemática a través de políticas que busquen resolver de forma estructural los complejos problemas vigentes y evitar desenlaces con enormes costos sociales.
[1] (EL Universo, 2020). Van casi 30 asesinatos en cárceles el 2020 pese a que hubo dos declaratorias de emergencias. Disponible en: https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/08/17/nota/7941286/van-casi-30-muertos-carceles-este-ano-pese-que-hubo-2 [2] Si bien los “choneros” es una agrupación criminal aparecida a principios de la década de 2000, dedicada a la extorsión, asalto en carreteras, cuatrerismo, sicariato y posteriormente tráfico de drogas, su importancia ha ido ganando terreno en la dinámica criminal. A partir de 2011, producto de la “guerra contra el crimen” desatada por el Ministerio del Interior a través de su programa “los más buscados,” gran parte de esta organización fue encarcelada. La paradoja de esto es que es justamente su permanencia en prisión lo que agrupó y dio poderío a esta organización. Lo que es puesto como solución en la guerra contra las drogas (la cárcel) ha terminado siendo un reproductor y dinamizador de la cuestión criminal en Ecuador a escalas mayores. [3] Plan V, 2019. Crisis carcelaria en Ecuador: ¿hay influencia de carteles mexicanos? Disponible en: https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/crisis-carcelaria-ecuador-hay-influencia-carteles-mexicanos