Colombia tuvo un año bastante repleto de noticias. Conozca aquí las noticias que impactaron al país en el 2024.
El 2024 fue un año lleno de muchas noticias para Colombia, tanto positivas como negativas, pero sin ninguna duda, el siguiente listado se lleva la tapa de todos los diarios, noticias que impactaron y dejaron al país en shock, noticias que a día de hoy vale la pena recordar. Sin más preámbulo estas fueron las noticias más impactantes del 2024 en el país:
Escándalo de corrupción en la Ungrd
Desde el mes de mayo de este año, empezó a sonar en el país el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que con el paso de los días y los meses fue tomando más relevancia en el país. El escándalo se desató a raíz de denuncias periodísticas sobre irregularidades en los contratos para carrotanques destinados a La Guajira.
El saqueo en esta entidad, fue liderado por el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes hoy se encuentran procesados por este escándalo.
La Fiscalía General de la Nación reveló que Olmedo López y Sneyder Pinilla comprometieron contratos por más de 228 mil millones de pesos y que pagaron coimas, a finales de 2023, por 5.342 millones de pesos, provenientes del contrato de los carrotanques, valorado en más de 46.800 millones de pesos.
Es de precisar que por este caso hay ocho personas procesadas: Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’; Pedro Rodríguez Melo, Édgar Riveros Rey, Luis Carlos Barreto Gantiva y Sandra Ortiz. Asimismo, han sido mencionados otras personalidades del ámbito político como Iván Name, Wadith Manzur, Karen Manrique, Laura Sarabia, Ricardo Bonilla, entre otros.
Discusión de las fallidas reformas de Gustavo Petro
En 2024, las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, enfrentaron desafíos significativos en la implementación de su agenda. A continuación, se detallan las principales iniciativas que no lograron avanzar en el Congreso de la República.
Reforma Tributaria: El Gobierno presentó una nueva ley de financiamiento que buscaba recaudar más de 11 billones de pesos para completar el presupuesto general de la nación para 2025. Sin embargo, esta propuesta no obtuvo el respaldo necesario en el Congreso y fue archivada en diciembre, tras ser rechazada por las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes.
Reforma Política: Esta iniciativa pretendía introducir cambios en el sistema político nacional, incluyendo la financiación estatal de campañas, fortalecimiento de partidos, listas cerradas y modificaciones en la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral. A pesar de su radicación en septiembre, la reforma no avanzó en el Senado y fue archivada.
Reforma Educativa: El proyecto buscaba garantizar el acceso y la calidad de la educación como derecho fundamental en Colombia. Aunque avanzó en la Cámara de Representantes y en la Comisión Primera del Senado, enfrentó oposición, especialmente del gremio docente, y finalmente fue archivado en junio.
Reforma a la Salud: La propuesta de reforma al sistema de salud, que buscaba cambios estructurales en la prestación de servicios, fue objeto de intensos debates y manifestaciones en contra. Finalmente, no logró el consenso necesario y fue hundida en el Senado.
Reforma laboral: buscaba mejorar las condiciones laborales en Colombia con propuestas como la formalización del empleo, regulación de plataformas digitales, pagos nocturnos desde las 6:00 p.m., y mayor estabilidad laboral.
El proyecto fracasó debido a la falta de consenso político, la oposición empresarial por posibles impactos económicos, y la saturación legislativa con otras reformas. Este revés dejó sin resolver problemas como la alta informalidad laboral y afectó la imagen del gobierno, aunque el tema sigue siendo crucial para futuras discusiones en el país.
Estos reveses legislativos reflejan las dificultades que ha enfrentado el Gobierno de Petro para consolidar su agenda de transformaciones en un entorno político polarizado y con una coalición de apoyo fragmentada en el Congreso.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno logró la aprobación de la reforma pensional, considerada histórica por modificar un sistema que incrementaba la desigualdad. Sin embargo, la implementación de otras reformas clave sigue siendo incierta, y el panorama político para 2025 se anticipa complejo, con elecciones en el horizonte y una creciente polarización en el país.
Operación militar en El Plateado para recuperar la zona
Por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, las Fuerzas Militares llevaron a cabo en el mes de octubre una operación estratégica en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, que resultó en el control de la zona urbana, donde operaban las disidencias de las Farc.
El operativo de nombre ‘Perseo’, estuvo dirigido contra el frente Carlos Patiño, un grupo armado del Estado Mayor Central (EMC) comandado por alias ‘Iván Mordisco’, conocido por su accionar violento en la región. La intervención militar ha sido destacada por la exitosa expulsión de los guerrilleros, quienes se vieron forzados a huir ante la ofensiva de las fuerzas estatales.
En ese operativo se utilizaron vehículos blindados y capacidades de artillería para asegurar la zona, lo que representó un despliegue coordinado por aire y tierra.
La huida de los insurgentes fue interpretada como una victoria clave en la estrategia del gobierno para recuperar el control de las áreas más afectadas por la violencia en el Cauca. Sin embargo, la situación en la región sigue siendo tensa, ya que las autoridades temen represalias por parte de los guerrilleros.
El regreso de Salvatore Mancuso a Colombia
El pasado mes de febrero, llegó al país deportado de Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tras pagar una condena de 15 años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, y pasar tres años adicionales en un pabellón migratorio mientras se definía su situación, Mancuso, quien ya fue aceptado en noviembre de 2023 como “sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública” por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En julio, cuando recobró su libertad provisional (4 años), Mancuso anunció que permanecerá en Colombia y que su trabajo de reparación y reconciliación comenzará de inmediato. “Estaré radicado en Colombia, mi trabajo inicia desde hoy mismo. Hemos solicitado al gobierno del presidente Maduro recuperar los restos de víctimas que durante el conflicto tuvimos responsabilidad y están en territorio venezolano”, afirmó.
Es de anotar que, el presidente Gustavo Petro, nombró al excomandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestor de paz.
En una decisión de la Sala Plena, la Corte Constitucional determinó que Justicia y Paz es la entidad competente para llevar adelante los casos pendientes contra Mancuso. Los magistrados consideraron que este tribunal, creado específicamente para abordar asuntos relacionados con paramilitares, es el encargado de procesar las acciones legales restantes contra el exparamilitar, quien se encuentra actualmente en libertad.
Este conflicto de competencias ha estado en discusión durante varios meses. La JEP, tras aceptar la solicitud de ingreso de Mancuso, reclamó la preferencia para gestionar todos sus casos. Argumentaron que, después de la firma del Acuerdo de Paz, se estableció que la Jurisdicción Especial tendría prioridad en los casos relacionados con hechos del conflicto armado
A pesar de esta situación, a finales del mes de noviembre, Salvatore Mancuso, junto a otros 45 exmiembros de esa guerrilla, fueron condenados por el Tribunal Superior de Barranquilla de más de 1.300 crímenes ocurridos entre 1999 y 2004, en Norte de Santander, de los cuales 568 son homicidios.
La Sala de Justicia y Paz, la instancia especial encargada de juzgar a los hoy condenados, por los homicidios mencionados, incluyendo las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú. También pagarán por 55 casos de desaparición forzada, la mayoría de víctimas fueron civiles y personas protegidas, de las que aún se desconoce su paradero.
La pena que deberá pagar Salvatore Mancuso es de 480 meses de prisión, así como también deberá pagar multas de hasta 6.500 millones de pesos para compensar a las víctimas acreditadas en el proceso por sus daños morales y materiales.
El asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá
En el mes de mayo, una de las noticias que más impactó durante este año, fue el asesinato de Élmer Fernández, quien fuera el director de la cárcel La Modelo en Bogotá, quien fue interceptado por hombres armados mientras se dirigía hacia su vivienda.
El hecho se presentó en inmediaciones de la carrera 30 con calle 80 de la capital, mientras se desplazaba en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Es de anotar que, el fallecido director de ese penal, fue amenazado en reiteradas ocasiones por alias de ‘Pedro Pluma’. Una de las intimidaciones decía: “De parte de ‘Pedro Pluma’, del cuarto A, para el director: que si vuelve a meter requisa para el patio, le mato la familia”. Otra amenaza advertía: “Para que vea que yo sí tengo poder, si me trasladan, le mato la familia”.
Pedro Nel Caro Triana, alias ‘Pedro Pluma’, era uno de los principales líderes de actividades criminales dentro de La Modelo. Su historial delictivo incluye delitos como hurto, tráfico de armas y fuga de presos, y cuenta con 16 ingresos a la cárcel.
En noviembre, después de casi seis meses se registraron las primeras capturas relacionadas con el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá, Elmer Fernández Velasco. En una acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Policía Nacional, fueron capturados dos hombres y una mujer que habrían participado en el crimen.
Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien los envió a la cárcel. Los imputados por este asesinato fueron identificados como son Ányelo Cárdenas Cuca, quien según la Fiscalía fue el conductor y encargado de realizar la marcación de la víctima; Diego Alejandro Murillo Rivera, quien habría participado como el conductor de la moto desde la que se ejecutó el ataque; y Sharon Juliet Martínez Roa, quien habría ayudado en la marcación de Fernández en compañía de Cárdenas.
A estas tres personas se les imputaron los cargos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.
Las investigaciones de este caso continúan en curso, esperando arrojar más capturas y los autores intelectuales de este crimen que fue noticia en Colombia durante el 2024.
El atroz asesinato de la niña Sofía Delgado
A mediados de octubre fue encontrado el cuerpo desmembrado de la menor Sofía Delgado, el cual fue dejado en bolsas de plástico sobre un cañaduzal (plantación de caña) en Candelaria, Valle del Cauca.
La niña se encontraba desaparecida desde septiembre y casi 20 días después fue hallada desmembrada en el mencionado sitio. El atroz acontecimiento fue cometido por Brayan Snaither Campo Pillimué, de 32 años, quien confesó haber asesinato a Sofía Delgado.
Por este hecho, Campo fue imputado por varios delitos, entre ellos, feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas. Por el crimen, Brayan Campo fue trasladado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar ‘La Tramacúa’.
Los escándalos de Armando Benedetti
Durante ese año, Armando Benedetti no estuvo exento de polémicas. El político fue nombrado contra todo pronóstico por Gustavo Petro como embajador de Colombia ante la FAO, cargo en el que estuvo pocos meses tras sendos escándalos.
Benedetti fue acusado en el mes de julio por violencia de género, hecho que habría ocurrido en una residencia privada en Madrid, España. El suceso fue denunciado por su esposa, Adelina Guerrero.
La situación pudo haber escalado a una agresión física, aunque los testigos presentes impidieron que esto ocurriera. En su momento, medios de comunicación revelaron que las autoridades españolas intervinieron en el lugar del incidente, situación que es considerad como violencia de género bajo la legislación española.
“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, dijo en su momento Benedetti tras la denuncia.
No todo culminó allí para Benedetti. A finales de noviembre, el político manifestó que renunciaría al cargo por temas de salud y rehabilitación.
“Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación. A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía 8 centímetros de largo y me lo quitaron”, reveló Benedetti a Semana.
Además, Benedetti manifestó que el diagnóstico lo llevó a alejarse firmemente de la drogas. Sobre este tema, el exsenador dio a conocer dónde se está sometiendo a las terapias. “En México, en la ciudad de Mazatlán. Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación. Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”.
Después de esa confesión, un par de días después Benedetti oficializó su renuncia a la embajada de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tras haber presentado su carta al presidente Gustavo Petro. Luego de su dimisión, confirmó que asumirá nuevas responsabilidades como asesor directo del mandatario, enfocándose principalmente en temas políticos.
“Yo he dicho que se necesita más experiencia de relacionamiento con el Congreso, no es solo politiquería, es un pilar del Estado y hay que tener Congreso para gobernar y buscar el cambio”, añadió.
El cargo designado por el Gobierno es el de asesor presidencial III, código 2236, en la Casa de Nariño, según lo publicado en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República.
Este cargo, uno de los mejor remunerados, le permitirá ganar un salario base de $14.182.665, conforme al Decreto 300 de 2024, que establece los salarios en la Presidencia de la República para el presente año.
Además del salario base, Benedetti recibirá una prima técnica y una bonificación de dirección, que suman cuatro salarios adicionales, pagados entre junio y diciembre. Fuentes del Gobierno confirmaron a Semana que el exembajador recibirá aproximadamente 21 millones de pesos mensuales por trabajar estrechamente con el presidente, después de dos años en el exterior, desempeñándose en las embajadas de Venezuela y la FAO.
Investigación del CNE a campaña de Gustavo Petro
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en el mes de octubre abrir una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en sus cuentas durante las elecciones de 2022. La decisión involucra al jefe de Estado y a Ricardo Roa, gerente de la campaña.
Los hallazgos iniciales sugieren que donaciones no reportadas y pagos a testigos habrían superado los límites establecidos por el CNE, fijados en aproximadamente $28.500 millones para la primera vuelta.
La investigación permitirá a los implicados responder a los cargos y presentar pruebas en su defensa en un proceso que podría culminar con sanciones económicas o, en el caso de avanzar, incluso la pérdida del cargo del presidente Petro.
Esta nueva investigación abre el debate sobre la capacidad como institución que tiene el CNE para abrir investigaciones contra mandatarios. Para analistas políticos, esta decisión del Consejo Nacional Electoral no supone un golpe de Estado, como lo manifestó el presidente Petro luego de conocer la decisión.
Algunos sienten que la situación crea una incertidumbre política en el país y un panorama no muy alentador para los intereses de los colombianos, al abrirse una nueva investigación contra el máximo mandatario de Colombia.
El polémico caso de la compra de Pegasus
El presidente Gustavo Petro reveló en el mes de septiembre la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, durante el estallido social en Colombia y antes de las elecciones presidenciales. Según Petro, el programa fue adquirido por US$11 millones y utilizado para espiar a la oposición.
En ese momento, el mandatario exigió una investigación para esclarecer los detalles de la compra, que habría sido gestionada a través de un contrato entre la empresa israelí NSO Technologies y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), con el pago realizado en efectivo y transportado a Tel Aviv (Israel).
Días más tarde del anuncio del presidente Petro, Colombia quedó por fuera el Grupo Egmont, una prestigiosa organización que cumple un papel importante en los gobiernos de los 177 países que lo conforman, pues les permite hacer un intercambio seguro de la información para tumbar redes internacionales de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos.
Tras las polémicas en que se vieron envueltos el expresidente Iván Duque y funcionarios de su Gobierno, un mes después, en un encuentro reciente en la Casa Blanca, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, confirmó que funcionarios de la administración de Joe Biden reconocieron que el software de vigilancia Pegasus fue adquirido con fondos estadounidenses para combatir el narcotráfico.
García-Peña sostuvo una reunión “clara y franca” con Dan Erikson, director de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, para discutir el alcance y las implicaciones de esta operación, así como la participación de Estados Unidos.
En su momento, el diario El Tiempo, entregó detalles de las reuniones secretas que miembros del Gobierno de Estados Unidos y funcionarios de la administración de Gustavo Petro sostuvieron para ser informados oficialmente de que ese país fue quien financió la compra del polémico software de espionaje.
Los funcionarios estadounidenses llegaron al país con el objetivo de informar que dicha compra de Pegasus se realizó con el fin de avanzar en un programa de cooperación con Colombia para la lucha contra el narcotráfico y que su adquisición no fue con recursos ilícitos como se había dado a conocer por Petro.
“Queremos dejar muy claro que fue Estados Unidos quien financió la compra de Pegasus en Colombia con recursos lícitos”, señaló El Tiempo en una de sus publicaciones.
Según el diario, uno de los funcionarios estadounidenses en una de las reuniones dijo que los planes de adquirir Pegasus se gestaron durante en 2020, año en que aún era presidente Donald Trump.
Esa misma fuente, indicó El Tiempo, reiteraron que la compra de Pegasus “implicó una estricta supervisión operativa para un uso exclusivo en temas de narcotráfico” y no para otros fines.
“No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas”, expresó la fuente citada por el medio.
Asimismo, la fuente hizo énfasis en que se puso fin al programa en el país en 2022, antes de que Gustavo Petro asumiera el cargo como presidente de la República de Colombia.