Cornare autorizó un aprovechamiento forestal en el que se talaron varios árboles con medidas de protección. El hecho desató polémica y cruce de versiones entre los involucrados.
Un aprovechamiento forestal en 4.000 metros cuadrados resulta insignificante frente a las cientos de hectáreas de bosque que se aprovechan legalmente o que se deforestan de manera ilegal cada mes en el departamento.
Sin embargo, una resolución de Cornare que permitió la tala para aprovechamiento de 309 árboles en la vereda La Palmera, en La Unión, expuso un enfrentamiento entre varias familias con tradición e influencia en el municipio en el que, al parecer, quedaron involucradas de paso decenas de familias campesinas.
La resolución de Cornare autorizó el aprovechamiento forestal de 309 árboles –varios de estos especies nativas– en un predio propiedad de la familia Chavarriaga, para posteriores fines de construcción, procedimiento que se ejecutó hace poco más de dos semanas.
El hecho pudo pasar fácilmente desapercibido, pero una de las familias reputadas del municipio, en cabeza del señor Joaquín Botero, lo denunció ante la opinión pública y a partir de ahí hubo un revuelo en el que se involucró la Alcaldía de La Unión, la Umata, la Personería y hasta llegó a oídos de la Gobernación.
Joaquín Botero Campuzano asegura que Cornare no hizo una evaluación rigurosa de la importancia que tenían estos árboles como área de protección de una fuente hídrica de la que se abastecen varias familias y que, según señala, produce 86.400 litros de agua diarios, tal cual dice que lo evidenciaron funcionarios de Cornare en una visita posterior.
Botero señala que la resolución tampoco consideró impactos a la fauna nativa y subestimó los daños por la tala de 30 individuos de helecho sarro, especie sobre la cual la Nación tiene medidas de protección excepcionales desde hace 46 años.
El alcalde firmó una carta junto con la Umata en la que le solicitaron a Cornare hacer una nueva evaluación y adjuntaron imágenes en las que consideraron que se evidencia la afectación del reservorio de agua del que se sirven familias para desarrollar actividades agropecuarias.
También hubo una carta de rechazo a la medida por parte de 50 familias integrantes del proyecto Banco2, que se encarga de retribuir económicamente a las familias campesinas por la protección de bosques.
Botero señaló que la junta de acción comunal emprenderá acciones con entes de control para establecer si hubo o no omisiones o irregularidades en la resolución y si pesaron solo los argumentos técnicos y no otro tipo de influencia.
“Es un lío de familias poderosas”
Juan David Chavarriaga, titular en la resolución en representación de su familia, dice que lo desconcierta que este asunto se haya puesto en boca de todos porque sobre el trámite no recae ninguna anomalía, pero sí intereses particulares de dos familias con influencia.
“Para poner en contexto: nuestro predio es de unas 30 cuadras de las cuales más del 40% fueron destinadas a protección. De la otra mitad, el área de aprovechamiento que se solicitó es de media cuadra, que contenía árboles que nosotros sembramos durante años”, explica.
Chavarriaga niega rotundamente que la tala de estos árboles afecte fuentes de agua y apunta que, de hecho, en el área del predio que está bajo figura de protección se ubica la bocatoma del acueducto y la planta de tratamiento de agua de la vereda.
Chavarriaga, quien es uno de los fundadores de Banco2, asegura que llamó una a una a las familias firmantes de la carta y les aclaró que el aprovechamiento forestal no causará impactos sobre el agua.
También señaló, tal como consta en la resolución, que tendrán que hacer una compensación de 1.221 árboles en restitución de los talados y de 300 nuevos ejemplares por los 30 de la especie sarro.
De paso fue enfático en considerar que todo el pleito emana de diferencias con las familias Botero y los Pérez y Cardona, que poseen negocios agropecuarios en la región y a quienes señaló de tener un poderío político en La Unión. Por eso les pidió que así como se hizo público el asunto, estas familias se comprometan públicamente a ofrecer parte de sus predios para que se ejecute allí la compensación ambiental y también ofrezcan terrenos para ampliar las zonas de protección que resguardan el agua.
“Es un debate necesario”
David Echeverri, director de Bosques y Biodiversidad de Cornare, asegura que, a pesar de que es comprensible el malestar de la comunidad por la tala, la zona intervenida no tiene limitantes ambientales para no autorizar el aprovechamiento forestal.
“Llega un punto en el que la Corporación se queda sin argumentos frente a estas solicitudes. Es una familia que destinó una gran parte de su predio para conservación. Yo sé que un procedimiento de estos no es agradable, es impactante y distorsiona el paisaje, pero cumple con los parámetros y tenemos certeza de que no nos equivocamos”, enfatiza el directivo de Cornare.
De todos modos, la tala está suspendida. Señala el funcionario que evidenciaron que el procedimiento no estaba cumpliendo con todas las exigencias solicitadas para el rescate, tratamiento y reubicación de especies afectadas. Eso les valió un requerimiento que deberán cumplir para continuar con la actividad.
Mientras tanto, señala Echeverri, es importante que los propietarios adelanten otra acción que tal vez subestimaron y que habría evitado que el conflicto escalara.
“Al parecer no hubo socialización. Si se hubieran sentado con la vereda a explicarles con mapas la cantidad de área que están protegiendo para beneficio de todos y la zona que necesitan nos habríamos evitado el problema”, dice.
Echeverri concluye que dirimir estos conflictos son prioritarios, porque, de otro modo, quedaría en entredicho el camino de la legalidad para el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos y servicios ecosistémicos.
“Estos conflictos están pasando el todo el departamento. Pero en este caso los propietarios lo hicieron por la vía legal. En este momento hay gente tumbando bosque para construir, captando fuentes de agua sin permiso. Y va a seguir pasando a medida que los suelos y los recursos escasean. Por eso es un debate necesario que refleja que tenemos que apostarle a que estos procesos se tramiten por la vía legal y con la confianza de todas las partes”.
