Las maniobras del alcalde Daniel Quintero con la supuesta ‘rebaja’ de tarifas de la energía cada vez son más enredadas. Los usuarios pagarán en 2024.
Al alcalde Daniel Quintero, en los primeros tres años de su gobierno, le sacaban en cara su promesa como candidato de bajar las tarifas de servicios públicos. Aparecían, estratégicamente, fotos de pasacalles de la campaña de 2019 con esa oferta incumplida.
Cualquiera que conoce el sector de los servicios públicos en Colombia sabe que eso no se puede cumplir. La manera cómo está diseñada la institucionalidad de la energía en el país no lo permite. Ni el propio Gustavo Petro en su calidad de presidente, a pesar de que lo ha intentado de todas las maneras posibles, ha podido.
De hecho, el Consejo de Estado acaba de negar un último recurso que tenía Petro. El alto tribunal dijo que el Presidente no podía asumir las funciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
Contra viento y marea, el alcalde Quintero, después de no haber movido un dedo durante tres años y medio para la tal rebaja de las tarifas, el 23 de mayo pasado convocó a una rueda de prensa, con el gerente de EPM, Jorge Carrillo, en la que anunciaron un mecanismo de alivio en las tarifas de energía.
El anuncio fue muy controvertido porque quedó la confusión de si se trataba de una rebaja o de un congelamiento de tarifas. Dijeron de forma muy vaga que la tarifa se reduciría 0,6% mensual hasta septiembre y que de septiembre a diciembre la tarifa no superaría el valor de referencia de mayo. Es decir, tendría una rebaja mínima hasta el mes antes de las elecciones, para luego volver a subir.
Y mencionaron los números de dos resoluciones en las que se apoyaban para la medida. Nunca explicaron que se trataba de las mismas que emitió la CREG para paliar la pandemia (que se conocen como ‘opción tarifaria’).
Pero eso nadie lo entendía. Solo vino a quedar claro el pasado miércoles 28 de junio cuando se hizo pública la respuesta a un derecho de petición que interpuso el profesor Santiago Ortega, experto del sector energético. En su respuesta, EPM no solo admitió que el alivio se hacía gracias a la Opción Tarifaria, sino que admitió que en enero de 2024 las tarifas iban a empezar a subir un 0,6% para recuperar lo que se dejaría de cobrar.
Ese era el detalle que tanto el alcalde como el gerente de EPM ocultaron a la hora de dar la noticia. Porque si lo hubieran hecho público, automáticamente se sabría que no había tal rebaja. Simplemente, les cobraban menos por la energía por unos meses, pero luego en 2024 les cobraban lo que les habían dejado de cobrar y además con intereses. Como si EPM les hiciera a los usuarios un préstamo no pedido.
EL COLOMBIANO pudo establecer de fuentes directas que así como se bajará la tarifa de energía eléctrica el 0,6% mensual entre junio y septiembre, se aumentará el 1,5% mensual de octubre a diciembre de 2023. De esa manera se lograría que en promedio la tarifa de estos meses sea igual a la de mayo de 2023.
Y como queda pendiente pagar lo correspondiente al aumento de la tarifa que se dejará de cobrar en estos cuatro meses, expertos en la materia le explicaron a este medio que a partir de 2024, podría darse un aumento significativo, sobre todo por la inminencia del fenómeno de El Niño.
EPM se vio inundado de derechos de petición que dejaron al descubierto otros curiosos detalles. El concejal Alfredo Ramos, por ejemplo, le preguntó a la empresa que de cuánto sería el alivio. Y EPM contestó que “sería de $2.608 millones para el primer mes (julio de 2023)”.
Es decir, lo que EPM deja de cobrar dividido por los 2,5 millones de usuarios da un total de $1.048 de ahorro para cada usuario. En promedio, significa que a los más pobres les llegarán rebajas de escasos 200 o 500 pesos al mes.
¿Si la rebaja es tan inocua y tiene efectos complejos para los usuarios en 2024, por qué el alcalde Quintero la anuncia con bombos y platillos?
Quintero aprovecha, tal vez, que se trata de un tema técnico, difícil de entender para quienes no son especialistas, es decir para el público en general. Y así no sea cierto, el alcalde ha demostrado que no le importa usar verdades a medias o incluso mentiras.
El eslogan de “bajamos la tarifa de energía”, no solo le podría dar réditos electorales a sus candidatos de cara a las votaciones de octubre, si no que también le hace la tarea al presidente Gustavo Petro, que ha querido bajar tarifas, y gana así puntos con él para que lo ponga a jugar en su equipo el año entrante cuando haya terminado su partido en la alcaldía.
Prueba de ello es que Quintero comenzó a copar con publicidad los espacios de radio y televisión, e incluso en cines, con una larga cuña en la que aparece él mismo hablando con música alegórica de fondo, haciendo alarde de la supuesta rebaja de tarifas de energía: diciendo que beneficiaban a 7 millones de colombianos y de paso a todas las empresas del país.
La propaganda no le salió del todo bien. Hasta la propia ministra de Energía, Irene Vélez, le salió al paso y puso al descubierto el engaño de Quintero diciendo que lo ‘rebajado’ se le cargaría luego a los usuarios.
Por eso, el pasado 5 de julio, el alcalde de Medellín volvió a convocar a una rueda de prensa para anunciar que EPM iba a destinar $100.000 millones, para que el saldo pendiente que dejara el mecanismo de alivio “no tuviera que ser pagado por los usuarios”.
El anuncio, otra vez, fue improvisado. Lo resolvieron con una conversación rápida en la Junta Directiva. Ni siquiera importó que no estaba el gerente Carrillo para tomar una decisión de esa magnitud. En su lugar, fungía como encargado Johnatan Villada, que llegó a ser vicepresidente jurídico en medio de cuestionamientos porque completó requisitos incluyendo su experiencia como administrador del edificio en que vivía.
Quintero armó los anuncios sin consultarles a los expertos de EPM. El afán era tal que a los periodistas los convocaron apenas 20 minutos antes de la rueda de prensa.
La ministra Irene Vélez, que ha sido crítica de Quintero, se hizo presente por orden directa del presidente Gustavo Petro. Sin duda, el ruido que estaba causando Vélez con sus críticas a las decisiones tarifarias de Quintero debían acallarlo.
Y el presidente Petro la mandó porque Quintero se sacó también del sombrero la idea de entregarles a las comunidades Wayúu, vía la ministra, el parque eólico Jepírachi.
Nadie sabía en EPM que esto iba a suceder, incluso el tema de Jepírachi si bien se venía discutiendo, según fuentes de la empresa, todavía está en pañales para lanzarlo a la luz pública. De hecho, cabe recordar que EPM desde 2020 anunció que lo iba a desmontar. ¿Acaso se está deshaciendo la empresa de un problema? ¿Está Quintero matando dos pájaros de un solo tiro: se deshace del problema del parque y complace al Gobierno interesado en hacer anuncios en la Guajira?.
Volviendo al anuncio de los 100.000 millones de pesos, expertos del sector consultados por EL COLOMBIANO advierten que de todas maneras los usuarios van a terminar pagando en 2024, los platos rotos de las maniobras del alcalde Quintero en 2023.
EPM, dicen ellos, no tiene una bola de cristal para saber a cuánto va a ascender el saldo que va a quedar pendiente, es decir, nadie sabe cuánto subirá la tarifa real este resto de año, y por ende no se sabe cuánto va a quedar debiendo la gente con el congelamiento. Las tarifas, cabe anotar, cambian cada mes y están determinadas por muchos factores, como el fenómeno de El Niño que puede encarecerlas si obliga a encender las térmicas.
Los cálculos que EPM entregó en mayo decían que el “alivio” de las tarifas tendría un impacto en caja de entre $130.000 millones y $400.000 millones. Es decir que, de entrada, los $100.000 millones anunciados están por debajo de las previsiones. Y por ende, los usuarios tendrán que pagar en 2024 no solo la diferencia de lo que dejaron de pagar en 2023 en tarifas sino también los intereses del curioso préstamo no pedido.
Como si fuera poco, han despertado suspicacias los mensajes contradictorios de EPM. Ese mismo miércoles 5 de julio, la empresa publicó un boletín de prensa según el cual: “Daniel Quintero, presidente de la Junta Directiva de EPM, detalló que la estabilización de tarifas anunciada entre junio y diciembre ya no estará soportada jurídicamente en el mecanismo de opción tarifaria”. Luego, por la tarde, la empresa entregó otro boletín en el que repetía todo el contenido pero eliminó esa expresión, sin dar mayores explicaciones. Es decir, seguiría en pie que se trata de opción tarifaria, porque, así no le guste al alcalde, legalmente no existe otra manera de hacer el alivio de tarifas.
La contradicción también se dio en la rueda de prensa. Mientras el alcalde insistía en que la empresa se había salido de la opción tarifaria para ese alivio, el gerente encargado de EPM, Jhonatan Villada, admitió que seguían acogidos a ese mecanismo, y la ministra Irene Vélez dijo lo mismo.
¿Por qué es grave? Para los conocedores de la regulación del sistema energético, si bien políticamente es previsible que el tema se utilice para defender la gestión de Quintero, EPM por ley está obligada a entregar información veraz y clara a los usuarios y está incumpliendo esa obligación al permitir que esos mensajes engañosos se difundan por sus canales oficiales.
Sobre los $100.000 millones, otros expertos también advierten que hay que revisarlos con lupa, porque se trata de una inversión que para nada está focalizada. Al reducir de forma general el saldo pendiente que quedará del alivio tarifario, va a terminar beneficiando a usuarios de estratos 4, 5, y 6, que no necesitan subsidios.
Los técnicos de EPM siguen hoy esperando que les expliquen cómo se va a materializar dicha medida y cuál es su fundamento. Y están preocupados, además, porque consideran que se va a seguir sumando vapor a la olla a presión de las tarifas, porque el saldo que hoy deben los usuarios de EPM, de los alivios de la pandemia, supera los $600.000 millones y al congelar las tarifas no solo dejan de cobrar el aumento natural de estos meses sino que siguen acumulando más deudas y sobre todo intereses.
Un dato adicional. La presencia de la ministra de Minas no deja de ser curiosa, porque fue aprovechada por Quintero para legitimar sus declaraciones engañosas, a cambio de comprometer a EPM en dos proyectos de energía en la Guajira, que encajan con la necesidad del Gobierno Nacional de mostrar resultados allí.
La ministra, cuando le preguntaron por los rumores del salto de Jorge Carrillo de EPM a ISA, dijo que su interés de estar en la junta directiva de EPM era acompañar a la empresa en sus esfuerzos por la “Justicia Tarifaria” y los proyectos para La Guajira.
Una semana después de que EPM admitió en respuesta a un derecho de petición que, culminado el mecanismo de alivio, incrementaría las tarifas en un 0,6% desde mayo de 2024, el alcalde Quintero, la ministra Vélez y el gerente (e) Jhonatan Villada encabezaron otra rueda prensa. Entonces, la empresa anunció que pondría $100.000 millones de su bolsillo para aliviar el saldo pendiente que quedase del mecanismo. La ministra fue enviada por el propio presidente Petro y allí se anunciaron proyectos para la Guajira que le convienen al Gobierno Nacional.
