Amaury Castellar Matoso
La interventoría del proyecto aseguró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) tiene una millonaria deuda con ellos.
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Esta mañana las obras del macroproyecto de Protección Costera fueron paralizadas por servidores turísticos y pescadores que denuncian presuntos incumplimientos en el pago de compensación económica; sin embargo, la problemática se agrava porque los manifestantes piden respuesta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y no hay quien responda porque a los funcionarios se les venció el contrato.
“Acudo a ustedes para poner en conocimiento una situación que me ha causado mucha inquietud y es el tema de los contratistas de la Ungrd asignados al proyecto de Protección Costera. De manera insistente traté de comunicarme con ellos vía telefónica sin obtener respuesta, por lo que acudí a las oficinas y con sorpresa encuentro que solo hay un funcionario, dado que a los demás se les venció el contrato y a la fecha no se les ha renovado”, se lee en la carta firmada por Andrés Rico, presidente de la JAC, dirigida a la Ungrd.
En medio de la falta de miembros de la Ungrd, protestas y la inyección de recursos para finalizar la primera fase del macroproyecto de Protección Costera, surge otra arista: una deuda a la interventoría de las obras.
La situación financiera del contrato de interventoría es delicada, al mes de septiembre el costo de la interventoría supera los $4.700 millones, por la modalidad de pago solo se ha podido facturar $2.089 millones, de los cuales desde el mes de abril la Ungrd adeuda $1.181 millones”, señaló Arturo Mogollón, representante legal de la interventoría Aidcon Ltda.
Y continuó: “Esta situación ha llevado a que la interventoría no pueda cumplir con los salarios de los profesionales que ejercen las labores, lo que ha generado que no quieran seguir trabajando más. De materializarse esta situación las obras tendrán que ser suspendidas debido a que sin interventoría el contratista no cuenta con la vigilancia de sus actividades”.
El macroproyecto busca mitigar el proceso de erosión a lo largo de todo el borde costero, desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el Centro Histórico, en la ciudad amurallada.
Intervención del Gobierno
En medio de la polémica por la parálisis semanal de las obras de Protección Costera, el presidente de la JAC de Bocagrande, le hizo un llamado al Gobierno nacional: “En este punto las manifestaciones se vuelven quizás la única salida para que el Gobierno nacional preste atención a todos los requerimientos que le hemos presentado a través de la Ungrd”.
Y reiteró: “No entendemos las demoras en los pagos de compensaciones, a la interventoría y al consorcio Proplaya, los recursos están garantizados, ellos y el PNUD, encargado de la gestión social de proyecto, envían todos los soportes y meses después devuelven las cuentas con miles de observaciones, pero observaciones injustificadas porque toda la información ha sido enviada de forma oportuna”.
El dirigente comunal le pidió a la Ungrd “celeridad en los trámites” para destrabar el avance de las obras. “No queremos que este proyecto se termine convirtiendo en un elegante blanco como muchas obras en el país”, agregó Rico.
Consejo Gremial de Bolívar
El Consejo Gremial de Bolívar (CGB) también le envió una carta al director de la Ungrd, donde le pedían la realización de los comités de gerencia del proyecto.
“Para nosotros es fundamental conocer de primera mano los avances y desafíos del proyecto de Protección Costera, como la recomposición del equipo local de la Ungrd, la publicación de los ajustes al cronograma de la fase 1-componente 1, la rehabilitación de la web del proyecto, y los avances en la ejecución financiera; así como tener la posibilidad mantener un enlace permanente para articular nuestras capacidades con los actores involucrados”, indicó Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo de CGB.