Fuertes críticas a la Corte. Otros celebran que no haya triunfado el «populismo punitivo».
POLÍTICA
Luego de que este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la pena perpetua que el Congreso había aprobado, los políticos están divididos, pues varios parlamentarios, así como el Gobierno, abanderaban esta iniciativa.
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Algunos congresistas, como la representante María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, celebró la decisión de la Corte y señaló siete motivos para ello.
Dos de sus argumentos son que «al considerarse una pena inhumana, va en contravía de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Colombia». Además, sentenció que «se ha demostrado que el aumento de las penas no tiene un efecto disuasorio real».
Pizarro finalmente habló de los costos que esto implicaría. «En promedio al Estado le costaría la manutención de cada cupo penitenciario de un condenado a cadena perpetua más de $ 670 millones de pesos», puntualizó.
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De otro lado, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, aseguró que respeta los fallos, pero hay que seguir buscando salidas para proteger los niños.
«El Congreso de la República, el Estado y la sociedad, tenemos la obligación de seguir buscando salidas constitucionales para proteger a los niños, víctimas de violadores y criminales. Respeto por los fallos, pero también perseverancia por los niños y por el sentir de las mayorías», advirtió el parlamentario.
Cesar Lorduy, representante de Cambio Radical y quien fue ponente del acto legislativo de cadena perpetua, señaló que no comparte esta decisión pues «los que han sufrido y sufren efectos gravísimos en la dignidad humana son los menores y adolescentes, que en cifras de 120 mil anuales, son abusados, violados y asesinados».
A ello agregó que «la prisión perpetua no es para brindarle seguridad a los menores y adolescentes, sino para condenar a quienes atentan contra sus derechos y dignidad, que en todos los casos son prevalentes a los que puedan tener los criminales».
Entre tanto, Antonio Navarro, copresidente de la Alianza Verde, señaló que «la Corte Constitucional acertó con su decisión sobre la cadena perpetua y el populismo punitivo».
Del lado jurídico, el abogado Iván Cancino dijo que esta decisión no es una derrota para la protección de la niñez sino «una alerta que la cadena perpetua no los protegía y un llamado al Congreso para que entiendan que el derecho penal no soluciona los problemas de un país».
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