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Política

La decisión del Ministerio del Interior en contra del alcalde William Dau

OMAR CARRASQUILLA LEÓN

El Gobierno nacional negó la petición hecha por el Distrito con relación a la suspensión del mandatario, exigida por la Contraloría Distrital de Cartagena.

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El pasado 23 de mayo, la Contraloría Distrital solicitó al presidente Iván Duque que suspenda al alcalde de Cartagena, William Dau. ¿La razón? Evitar su intromisión mientras se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en su contra.

La investigación se realiza al contrato No. S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, que tenía por objeto la adquisición de pruebas antígenas y RTPCR de laboratorio para la detección del COVID-19.
“El equipo auditor determinó que el Dadis no cumplió con lo establecido en los estudios previos del mencionado contrato en lo relacionado con la selección de la población objeto, ámbito de aplicación de las pruebas de vigilancia, control de la toma, y cargue a los sistemas de información de resultados de las pruebas”, expuso la Contraloría de Cartagena, entidad que recalcó que el presunto detrimento por estos hechos sería de aproximadamente $1.098 millones.
Sin embargo, el pasado 24 de junio, la Contraloría General de la República decretó una intervención funcional excepcional sobre la Contraloría Distrital de Cartagena, y así, le quitó competencias en el mencionado proceso de responsabilidad fiscal.

Con esta decisión, se abrió la posibilidad de que la suspensión solicitada a la Presidencia sea revocada. La Contraloría General fundamentó su actuar con una eventual imparcialidad u objetividad de la contraloría de la ciudad. Además, subrayaron que hay una posible falta de eficiencia o efectividad en las acciones de vigilancia y control fiscal.

Con la resolución, la Contraloría Distrital perdió competencia para afrontar cualquier actuación dentro de la investigación fiscal en contra del alcalde William Dau.
Nuevo episodio

La decisión de la Contraloría, a favor de Dau, disipó los fantasmas de un nuevo periodo de interinidad en la ciudad, tras una década de gobernabilidad tropezada. No obstante, el capítulo que vino a continuación contraría la postura del alcalde cartagenero.

El Ministerio del Interior negó una petición, realizada por el Distrito al conocerse la solicitud de la Contraloría Distrital, de no ejecutar la suspensión por catalogarla como inconstitucional. Por consiguiente, el Gobierno nacional definió a la acción como legal.

La postura de la Nación fue conocida en respuesta dada a la Veeduría de Observación Electoral, entidad que solicitó la revisión del caso, específicamente el recurso apelado por Dau: la excepción de inconstitucionalidad.

Esta solicitud de Dau fue negada mediante oficio del 23 de junio de 2022, y así las cosas, el Ministerio del Interior saliente consideró que la decisión tomada por Rafael Castillo Fortich, contralor de Cartagena, está ajustada al ordenamiento jurídico.

El balón en el área de Córdoba

En la respuesta dada a la veeduría, el Ministerio del Interior subrayó que, aunque se haya sentado una posición, la ejecución de la medida que ordena la suspensión del alcalde está supeditada al concepto de Felipe Córdoba, contralor General.

Cabe recordar que la intervención funcional excepcional de la Contraloría General le quitó competencias en la investigación fiscal a la Contraloría Distrital. Por lo tanto, Córdoba deberá definir si es o no viable la solicitud de suspensión al alcalde Dau.

La postura de los veedores

La Veeduría de Observación Electoral asegura que esperar un pronunciamiento del contralor general de la República es un acto dilatorio para quienes les beneficie que el proceso se estanque. “Además, no le compete al Ministerio del Interior dirigir procesos, dado que la solicitud de suspensión fue tramitada con el presidente Duque”, agregaron.

Y concluyeron: “El presidente debe ordenar, sin más demora, la suspensión del alcalde Dau, pues podría estar violando la Ley, al igual que el Ministro del Interior, Daniel Palacio, toda vez que la intervención funcional de la Contraloría no revoca ni invalida la actuación realizada por la Contraloría territorial”.

Por consiguiente, el futuro del proceso se dirimirá en el despacho de Felipe Córdoba, contralor general de la República, mientras simpatizantes y detractores de William Dau espera con atención.

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