La Procuraduría ha documentado que, como consecuencia de los bloqueos, hay imposibilidad para la movilidad de la misión médica y el transporte de víveres para el abastecimiento de las comunidades.
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El bloqueo en la Troncal a la Costa Atlántica se agrava. Las autoridades reportaron el fallecimiento de un menor de edad de 17 años que, como consecuencia de la protesta minera en Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), no pudo ser evacuado oportunamente para recibir atención médica. Las afectaciones reportadas por los camioneros indican que hay 1.200 transportadores inmovilizados y cerca de 30 camiones saqueados.
“Lastimosamente se atravesaron varios árboles sobre la vía, son 53 kilómetros de afectación, 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la salida y la entrada de vehículos particularmente de las ambulancias ante una lesión personal sufrida en un accidente con este menor de edad que no fue posible la atención médica oportuna”, informó el director de la Policía, mayor general Henry Sanabria.
El joven fallecido es Julián Jaramillo, de 17 años, quien sufrió un accidente. La ambulancia que pretendía atenderlo no alcanzó a llegar. Familiares subieron al joven herido a un carro particular, pero este murió camino al hospital por la gravedad de las heridas.
“La protesta se adelanta por ciudadanos inconformes por la destrucción de maquinaria amarilla destinada al desarrollo de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Cauca. Actividades que afectan por contaminación con mercurio la cuenca del río y todo el ecosistema de La Mojana. Hemos solicitado al ministerio de Minas, al de Defensa e Interior que convoque una mesa de diálogo para encontrar soluciones y alternativas”, señaló el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero.
El bloqueo en la vía que conduce de Antioquia a la Costa Atlántica se adelanta desde el pasado miércoles y aún no se ha llegado a una solución, aunque las autoridades están alertas por los acontecimientos.
Las consecuencias de la manifestación, dice la Procuraduría, son las “dificultades para la circulación de la misión médica, el abastecimiento de víveres y “la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.
Desde el pasado 20 de agosto, el presidente Gustavo Petro había prometido que las maquinarias utilizadas para la minería ilegal serían destruidas. El reporte de la Policía, hasta este 23 de septiembre, señalaba que se han destruido 202 máquinas destinadas a la extracción ilegal de minerales en todo el país. Esa operación policial, precisamente, desencadenó la protesta en Cáceres.
“Le hemos pedido al Ministro de la Defensa la intervención lo más pronto posible con la fuerza pública, creemos que está agotada la vida la vía del diálogo, que hemos surtido todos esos procesos administrativos previos, pero estamos gravemente preocupados porque se puede seguir escalando esta problemática”, pidió la Gobernación de Antioquia.