POR VANESA RESTREPO
Durante los seis meses que vivió como inquilina en un apartamento en El Poblado, Mariana Pérez perdió la cuenta de las noches en las que no pudo dormir.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
“Como a la semana de haber llegado al apartamento me despertaban ruidos como de construcción, pero no había obras vecinas. El portero me dijo que eran los topos”, contó.
Topos fue el término que acuñaron algunos vecinos para identificar los grupos de hombres que cada noche entraban al edificio Continental Towers, vecino de su copropiedad, y pasaban las horas sacando cables, vidrios, puertas y cualquier elemento que se pudieran llevar.
Según Mariana, el ruido era el mismo todas las noches, y aunque siempre llamaban a la Policía, nunca encontraron una solución definitiva: “A los seis meses ya no aguanté más la bulla y el miedo de que ese edificio se cayera de la nada, y por eso le pedí a la agencia de arrendamientos que cancelaran el contrato”.
Juan Camilo López, subsecretario de Gobierno de Medellín, explicó que la situación se presenta en este edificio y en Asensi, ambos evacuados en octubre de 2013, luego del colapso del edificio Space, cuando el Departamento de Gestión del Riesgo, Dagrd, identificó que también presentaban riesgos estructurales.
Diana Tobón, una de las copropietarias del edificio se declaró preocupada por la situación. En diálogo con EL COLOMBIANO contó que hace unos meses y ante las quejas de los vecinos, los dueños de los apartamentos sellaron el acceso con hierros, pero “a los días dañaron todo eso. Los que están yendo son como una banda organizada, porque entran en carros y no sacan cualquier cosa: un día se llevan puertas, al otro cables y así”, dijo.
El temor de Tobón y sus exvecinos es que el edificio colapse y pueda afectar las unidades vecinas o la vía Las Palmas, vecina de la construcción y principal vía de comunicación con el Oriente de Antioquia.
La Policía Metropolitana reportó que a la fecha se han registrado 14 capturas de personas que fueron sorprendidas en flagrancia hurtando elementos del edificio. No se conoce de ninguna condena.
Propuestas en la mesa
¿Quién es entonces el responsable del edificio? Según el subsecretario López, la empresa constructora del proyecto, Alsacia CDO, manifestó que no tiene recursos suficientes para garantizar la seguridad del edificio.
En 2016 la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa. En ese entonces la empresa había solicitado una licencia para repotenciar el edificio, aún en contra de la voluntad de algunos copropietarios, pero pocos meses después reportó que no tenía fondos para financiar esa obra.
Tobón confirmó que desde entonces los copropietarios le han pedido a la alcaldía que adelante la demolición de la construcción. La última de esas cartas, dijo, fue remitida en marzo de este año al alcalde Daniel Quintero y a la Secretaría de Gestión y Control Territorial.
“La respuesta siempre es la misma, que se puede repotenciar porque desde el punto de vista de ingeniería es posible. Pero cuando uno analiza la situación ve que CDO no tiene recursos para eso, que los copropietarios tampoco, porque además seguimos con deudas de entre $180 y $250 millones con los bancos, y que la Alcaldía menos que puede hacerlo porque la ley no se lo permite”, agregó.
Así las cosas, el destino de la edificación parece moverse únicamente entre dos escenarios: el abandono total y el colapso estructural.
La Alcaldía de Medellín realizó el pasado miércoles una visita, en la que confirmó que no hay personas viviendo en la copropiedad. Luego de ella, la Junta de Acción Local de El Poblado reactivó una mesa técnica con el Dagrd y otras entidades para determinar cuál es el riesgo real que representa la estructura y qué caminos se pueden seguir.
Tobón confirmó que la Alcaldía no los ha invitado a esas reuniones, y pidió que se tomen las consideraciones necesarias para que no se descargue en ellos —las víctimas— la responsabilidad de la seguridad del sector ..
CONTEXTO DE LA NOTICIA
ANTECEDENTES
SIETE AÑOS DE ZOZOBRA
Tras la evacuación, el edificio se convirtió en el centro de disputas. En octubre de 2019 la liquidadora de la constructora dijo que solo tenía recursos para pagar un vigilante en el edificio. Pero desde marzo nadie cumple esa función, dijeron los vecinos. Hasta ahora no ha habido acuerdo entre los copropietarios y la liquidadora, pues los primeros piden compensaciones por las afectaciones, mientras la segunda propone entregarles a los acreedores los apartamentos (120 unidades que están a nombre de la sociedad, avaluadas en $2.751 millones) para que queden como dueños únicos del lote.