Respuestas y verdades. Esto es lo que piden cientos de madres comunitarias, padres y madres de familia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), una entidad que poco escucha y atiende las necesidades de un sector al que no le importa salir a protestar cuantas veces sea necesario con la finalidad de beneficiar a muchos niños y niñas en el departamento de Córdoba.
Y es que si bien el lunes anterior madres comunitarias le exigían al Icbf celeridad en los procesos de contratación, hecho que ha afectado la atención de unos 6 mil niños en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Montería, ayer el turno fue una comunidad Embera, de Tierralta, que también se tomó las instalaciones del Icbf Regional Córdoba para exigir la autonomía de contratación del servicio de modalidad propia e intercultural.
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El Meridiano dialogó con algunos líderes quienes ilustraron las razones por las cuales se volcaron hasta la sede de la entidad.
«Madres de familia y padres están aquí con sus niños exigiéndole al Icbf que sean escuchadas sus voces sobre la decisión de la modalidad propia del servicio de primera infancia en el resguardo a raíz de que el Instituto ha tomado decisiones sin concertar con las comunidades sobre quiénes van a ser los operadores en los territorios donde hay una marcada limitación de gobierno propio.
El Icbf, por su decisión arbitraria sin concertación está violando ese derecho que tenemos como comunidades consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política», señaló un líder a este medio quien pidió reservar su identidad por seguridad.
Sobre las decisiones que esta persona mencionó, resalta en que ellos han venido trabajando en que cada comunidad con cada autoridad tradicional que se conoce en el resguardo, tiene unas comunidades afiliadas a ellos y eso es un entorno protector.
«¿Qué sucede? Ahora, el Icbf quiere que esas familias que pertenecen a un cabildo sean atendidos por otras comunidades donde hay otro cabildo, otro operador que no es de la confianza de las comunidades que estamos hoy aquí», acotó.
¿Qué dice al respecto el Icbf?
El líder expresó que, en la última reunión que tuvieron con el director regional, Daniel Lozano Bocanegra, «este dice que solo se estaba haciendo como una especie de premiación a la trayectoria de los operadores, sin embargo; las mismas comunidades están diciendo que esos operadores no los representan a ellas. Que sí es importante que estén en el territorio, pero que ellos tienen sus propios operadores para atender a sus niños con entera confianza y obviamente protegiendo los derechos de ellos como dice la ley».
¿Tinte político?
El Meridiano indagó si habría tinte político en este tema a lo que el líder señaló que: «Se ha visto en los últimos años que hay manos políticas detrás de los contratos por el tema de que aquí se contrata la proveeduría de los alimentos y nosotros queremos ser quienes compremos los huevos, la yuca, el arroz ya que también producimos eso en el territorio y permite que la economía mejore, sin embargo; el Icbf quiere darle esos negocios a unas personas que no tienen en cuenta las decisiones de las comunidades».
Por esta situación, se están viendo afectados 600 usuarios entre niños y niñas.
«Hoy aquí ha llegado una comunidad representando a cada una de las comunidades del resguardo y hay entre 70 y 76 niños entre los 0 y 5 años y un total de 8 mujeres gestantes que nos acompañan»
Reaccionó el Gobernador
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, reaccionó señalando: «¿Hasta cuándo tendremos que esperar los cordobeses para tener un director(a) en propiedad en el Icbf? La interinidad no garantiza procesos, genera traumatismos y pone en riesgo los derechos de poblaciones vulnerables».