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¡Guácala! Embargan matadero y bodega de carne que contaminaban acueducto en Boyacá

Los productos cárnicos eran almacenados de forma insalubre y sin cumplir con la cadena de frío. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.

En el operativo se comprobó que los productos cárnicos eran almacenados de mala manera y sin respetar la cadena de frío, según la Fiscalía.

POR: NELSON MATTA COLORADO |

TOMADO DE: elcolombiano.com

Tres viviendas que eran utilizadas como matadero y bodega clandestina de carne de cerdo fueron embargadas por la Fiscalía en Boyacá, en un operativo que permitió detectar que los desperdicios y la sangre de los porcinos iba a dar al acueducto.

El caso ocurrió en el casco urbano de la ciudad de Tunja y en la vereda Runta, según el ente acusador, donde con métodos artesanales y en sitios insalubres eran sacrificados los cerdos, desmembrados (desposte) y almacenados sus productos cárnicos derivados de forma irregular.

Según la investigación, estos lugares no cumplían con las normas de salud ni contaban con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

“El material de prueba da cuenta de que la carne porcina que allí se obtenía, no sería apta para el consumo. Los cerdos eran sometidos a condiciones de estrés antes de su sacrificio y en los inmuebles se hallaron alimentos en descomposición, altamente contaminados y fuera de la cadena de frío”, señaló la Fiscalía en su informe.

Los inmuebles serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). FOTO: CORTESÍA.
Los inmuebles serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). FOTO: CORTESÍA.

 

Y peor aún, “abundante evidencia técnica da cuenta de que los desechos y lixiviados que surgían de la actividad de sacrificio de los animales, serían arrojados a fuentes hídricas que alimentan el suministro de agua a través del acueducto de los habitantes en Tunja”.

En la finca allanada en la vereda Runta, la Policía y la Fiscalía encontraron un pozo séptico que también generaba daños al suelo y el subsuelo. Las tres viviendas embargadas, con fines de extinción de dominio, están valoradas en 1.315 millones de pesos.

La investigación comenzó en 2020, cuando fueron capturados cinco sospechosos de administrar estos lugares.

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