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Fiscalía recapturó al gobernador Aníbal Gaviria en su oficina

ALEJANDRO ARBOLEDA HOYOS

La Fiscalía General de la Nación confirmó que acusó ante la Corte Suprema de Justicia y recapturó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, señalado de presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Según el ente investigador, esta acusación se formalizó contra el mandatario de los antioqueños después de valorar el recaudo probatorio en su contra, por lo que se avanzó en este proceso a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

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Dentro del material probatorio contra Gaviria Correa, la Fiscalía señaló que el citado contrato fue suscrito cuando este se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.

“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, detalló el ente investigador.

En esa línea se señaló que hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del “contrato adicional N° 1”, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas, considerando que las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos.

“Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz”, se lee en el pronunciamiento de la Fiscalía.

En la acusación formal al gobernador se apuntó que dentro del expediente existen elementos que permiten establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que, según el ente investigador, no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, “por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”.

Por otra parte, señaló la Fiscalía, previo al pago de los recursos del anticipo, se habría permitido que una suma superior a los 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, a pesar de que la obra debía disponer de equipos suficientes, como uno de los requisitos de la licitación.

“Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, apuntó el ente investigador.

En esa línea, en el marco de la Ley 600 de 2000 el fiscal delegado ante la Corte acusó a Gaviria Correa como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, y se detalló que el juicio se realizará a instancias del alto tribunal.

Gracias al mencionado marco legal, el fiscal primero delegado impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, que fue sustituida por detención domiciliaria, por lo que se procedió con la captura de Gaviria Correa.

Tras acopiar el material probatorio, la Fiscalía optó por proceder con la acusación formal ante la Corte Suprema, por lo que iniciará una etapa de juicio ante el alto tribunal, que es por ley el juez natural de los aforados en el país, como es el caso de Gaviria Correa en su cargo como gobernador de Antioquia.

Dentro de este juicio se incluye una etapa probatoria, una en la que se harán los correspondientes alegatos jurídicos y posteriormente se conocerá el fallo de la Corte, que decidirá si absuelve o condena por los delitos por lo que es acusado, en calidad de coautor, el mandatario de los antioqueños.

 

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