Foto: IG @yeimypv.
La Fiscalía imputará a la exreina y actriz por presuntamente falsificar su diploma para acceder a un cargo en la Alcaldía de Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación ha fijado para el próximo 30 de abril una audiencia de imputación de cargos contra la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas.
La investigación se centra en el presunto delito de falsedad en documento público, tras hallarse irregularidades en los soportes académicos presentados para contratar con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Los elementos materiales probatorios indican que Vargas habría utilizado una certificación académica falsa para acreditarse como tecnóloga y acceder a una remuneración superior en la contratación estatal durante la vigencia 2025.
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Irregularidades en el título de tecnóloga de Yeimy Paola Vargas y hallazgos de la Fiscalía
El núcleo de la investigación se basa en el contrato firmado el 21 de marzo de 2025, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la protección del patrimonio material e inmaterial de Cartagena. El valor del contrato ascendió a los $55 millones de pesos por un periodo de nueve meses.
Para cumplir con los requisitos legales de este contrato, Vargas adjuntó un acta que la acreditaba como Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, presuntamente expedida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. No obstante, el ente acusador detectó las siguientes inconsistencias:
Alteración tipográfica: El nombre de la beneficiaria en el acta presentaba una tipografía distinta a la del resto del documento oficial.
Inexistencia de registro: Tras una consulta oficial de la Fiscalía y del investigador Álvaro González, el Instituto de Bucaramanga certificó que Vargas no aparece en sus bases de datos ni listados de egresados.
Falsedad material: La institución santandereana confirmó que el formato del diploma presentado no coincide con los modelos institucionales vigentes.
A pesar de que el primer contrato fue suspendido luego de seis meses de ejecución debido a las denuncias públicas, la Alcaldía de Cartagena otorgó este año un segundo contrato a la actriz por un valor de $18 millones de pesos.
En esta nueva vinculación, Vargas presentó la misma hoja de vida, pero eliminó el acta de tecnóloga cuestionada, siendo contratada bajo el perfil de bachiller. La Alcaldía ha manifestado que la contratación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia, argumentando que no existe actualmente una inhabilidad legal vigente que impida su vinculación.
La Fiscalía busca determinar la responsabilidad de Vargas en la alteración del documento, pero también ha señalado que la investigación entrará en una fase de vinculación de terceros. Se investigará a los funcionarios del IPCC encargados de la revisión de documentos y del proceso de contratación, para establecer si hubo omisión en la verificación de los requisitos de ley.
Cabe resaltar que, en la misma hoja de vida presentada por la actriz, figura una certificación de un curso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, documento que ahora forma parte del acervo probatorio contra la funcionaria. De ser hallada culpable, la pena por falsedad en documento público en Colombia conlleva una sanción privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 9 años de prisión.
