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Después de un tire y afloja, Coosalud EPS fue restituida a sus antiguos administradores encabezado por Jaime González Montaño.
La sede de Coosalud fue escenario este 24 de abril de 2026 de un giro decisivo en la disputa por el control de la EPS.
Administradores legitimados para asumir la dirección de la entidad se presentaron formalmente, tras un pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó la entrega inmediata y LA suspensión de la intervención.
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La jornada se desarrolló bajo la supervisión de delegados de la Procuraduría, quienes acompañaron el proceso de restitución administrativa durante todo el día. La presencia del Ministerio Público buscó garantizar transparencia en una transición marcada por tensiones jurídicas.
El fallo del tribunal no solo resolvió la entrega de la entidad, sino que también pretendió despejar dudas sobre quién ostenta la representación legal de Coosalud. La decisión llega en medio de una controversia que ha escalado desde la intervención decretada en noviembre de 2024.
¿Qué ordenó el Tribunal sobre la entrega de Coosalud EPS?
El pronunciamiento judicial fue enfático en la “obligatoriedad de entrega inmediata”, cerrando el margen de interpretación sobre la continuidad de la intervención. Con ello, se dio paso al restablecimiento de la administración en manos de los directivos previamente designados.
Entre los nombres ratificados se encuentran Jaime González Montaño, quien ejerce como representante legal presidente desde 2018, y Natalia Largo González, designada como representante legal suplente desde 2023. Ambos habían solicitado claridad al tribunal sobre su estatus legal frente a la intervención.
El origen de esta nueva decisión se remonta a una medida cautelar emitida el pasado 16 de abril, mediante la cual el tribunal suspendió las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaban la toma de posesión de la EPS. Esa determinación dejó en suspenso la continuidad del control estatal.
Asimismo, el tribunal dejó sin efectos la prórroga de la intervención que había sido extendida en noviembre de 2025, debilitando el sustento jurídico de la administración intervenida y abriendo el camino para la restitución.
Con la entidad nuevamente en manos de sus administradores legitimados, se iniciará un proceso de auditoría interna. Este tendrá como objetivo revisar las actuaciones realizadas durante el periodo de intervención y evaluar los indicadores de cumplimiento alcanzados en ese tiempo.
