JACOBO BETANCUR PELÁEZ
En una audiencia realizada este martes, el ente señaló a esos tres exfuncionarios de presuntamente haber causado perjuicios al Estado para beneficiar a EPM.
#ATENCIÓN | Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y a otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en la contratación de Hidroituango. Presuntamente ejecutaron un proceso de contratación directa con EPM que habría vulnerado varios principios esenciales. pic.twitter.com/Y7Ct69hpy7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2022
Según argumentó el organismo, pese a ser EPM una entidad del conglomerado público de Medellín, la conducta de Salazar, Restrepo y Vásquez le habría ocasionado daños a los intereses del Estado y se habría configurado en beneficio de un interés particular.
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“(…) el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia”, expresó la Fiscalía en un comunicado de prensa, en el que precisó que el caso es adelantado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
En el transcurso de la diligencia, los tres involucrados se declararon inocentes.
Mauricio Pava Lugo, abogado del exalcalde Salazar y el exgerente Restrepo, señaló que sus representados no comparten la teoría de la Fiscalía y aseguró tener el material suficiente para probar la inocencia de ambos.
“No coincidimos con esta visión y tenemos toda tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes. Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y adecuado ejercicio del poder punitivo”, expresó el abogado.
Tal como lo había anticipado el fiscal general Francisco Barbosa a finales de julio pasado, el caso abierto por Hidroituango está dividido en tres frentes principales.
Por un lado, el ente busca establecer la responsabilidad por los daños que, a su juicio, fueron causados al Estado y otros terceros por la forma en cómo se adjudicaron las obras en 2011 a EPM.
En segundo lugar, la Fiscalía también busca dar con los responsables detrás de la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que colapsó en 2018 y fue iniciado presuntamente sin contar con los permisos ambientales, según se advirtió en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
En tercer lugar, por la construcción de este último túnel, la Fiscalía también plantea que la contratación que lo respaldó habría tenido múltiples irregularidades, que irían desde la presunta falta de estudios geológicos suficientes, deficiencias en los diseños, entre otros problemas.
Además de Salazar, Restrepo y Vásquez, en el caso también está implicado el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y otros cinco funcionarios de nivel técnico.
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