Se trata de Jonathan Ramírez, quien también aparece en un expediente que abrió el CNE a la campaña del ahora presidente Petro por supuesto manejo irregular de dinero.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de abrirle un expediente a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. El proceso, relacionado con el supuesto manejo irregular de dineros en efectivo en primera y en segunda vuelta, salpica a Ricardo Roa y Jonathan Ramírez Nieves, quienes son referenciados como gerente y abogado de la campaña.
No son petristas cualquiera. Roa sonaba como sucesor de Felipe Bayón en la Presidencia de Ecopetrol, elección que quedaría en veremos por cuenta del escándalo. Sin embargo, en el caso de Ramírez hay un revelador precedente: a principios de febrero fue retirado de su cargo como secretario general del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) tras denuncias por presunta corrupción y amaño de licitaciones.
En audios que fueron divulgados hace un mes se escuchaba a Ramírez hablando con un empresario a quien le decía: “Necesito que en la licitación haya harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos”. Ante la gravedad de las denuncias, el DPS optó por apartar al funcionario, mientras que el propio Petro destacó que, “a diferencia” de otros gobiernos, en el suyo “se van” los corruptos.
La diferencia es que a unos gobiernos le daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mio se van. https://t.co/OU9vH80fbL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2023
Ahora Jonathan Ramírez, así como Ricardo Roa, aparece en otro expediente. A través de un auto conocido por EL COLOMBIANO y fechado este martes 28 de febrero, el CNE ordenó la apertura de una indagación preliminar tras una queja anónima recibida el 2 de febrero que alertó por el supuesto manejo anómalo de dineros en efectivo.
Se trataría –dice la denuncia– de donaciones que no fueron reportadas y que se utilizaron en cuentas personales. Según la queja radicada en el CNE, Roa y Ramírez “incumplieron la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña y manejaron dineros en cuentas personales, utilizándolos de forma indebida en una cuenta diferente a la autorizada (…) el Pacto no ha presentado informes y soportes, incumpliendo la ley y encubriendo a esta partida de corruptos”.
Si bien en el auto no se especifican los montos de las donaciones y se precisa que “no se adjuntaron pruebas”, el magistrado Benjamín Ortiz –quien llegó al CNE con respaldo del Partido Liberal y con el guiño del registrador Alexander Vega– ordenó abrir el proceso para determinar anomalías en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos.
“Se hace necesario activar la competencia en etapa de averiguación a fin de establecer la individualización de los presuntos responsables, fijar el juicio de adecuación típica y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los hechos reportados como infracción normativa electoral”, argumentó el magistrado Ortiz.
En esa línea, el CNE le ordenó a la Registraduría que en 5 días hábiles remita copia de los formularios de inscripción del entonces candidato Petro. También le pidió al Fondo de Financiación Política del CNE que remita copia de los informes de ingresos y gastos de la campaña Petro con sus respectivos anexos. En el mismo auto se pide certificar la vinculación de Roa y Ramírez a la estructura de la campaña del hoy Presidente.
La determinación fue comunicada tanto a Petro –en su calidad de excandidato y actual Jefe de Estado–, así como a la coalición del Pacto Histórico.
¿Más investigaciones?
La apertura de este proceso coincide con una auditoria contratada por el CNE que encontró otras presuntas irregularidades en la campaña, que van desde aparentes violaciones de topes de financiación hasta pagos a empresas fantasma.
Los hallazgos tienen que ver con la aparente anulación de una factura de una empresa de vigilancia para evitar sobrepasar los máximos que tienen autorizados a gastar en campaña. Detrás de la compañía –Olimpo Seguridad– se encontrarían Eduardo y Polo Ávila, allegados del Jefe de Estado. Además, la auditoria evidenció pagos a empresas por más de $450 millones que se registraron en cámaras de comercio después de realizados los negocios.
Por si fuera poco se reveló que, sumado a la incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas, el contratista José Orlando Riveros (que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones) no presentó información finaciera de 2020, 2021 y 2022.
Por este caso, contrario a las quejas por aparente manejo irregular de dineros, no hay una investigación formal en el CNE. La decisión podría adoptarse en próximas semanas y acrecentaría las dudas sobre la financiación en la campaña Petro que hoy –al igual que sus antecesores, Iván Duque y Juan Manuel Santos–, está en entredicho por el manejo de sus cuentas.