CRISTIAN ÁLVAREZ BALBÍN
La familia de la mujer espera que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas por fin paguen la deuda.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
A una señora de 82 le tocaría ir hasta instancias internacionales para reclamar la deuda que el estado venezolano tiene con ella por los arrendamientos atrasados que el consulado en Medellín de este país le debe desde 2019
Según Jairo Vélez, a su madre Consuelo Berrío, Venezuela le debe más de $425 millones del canon de arrendamiento de la propiedad que era la sede del consulado en Medellín, contados desde el 23 de febrero de 2019 hasta hoy.
La propiedad de casi 50 años de antigüedad está ubicada en el barrio Belén Malibú y consta de dos plantas que albergan cinco habitaciones. Sin embargo hoy, la misma se encuentra clausurada y vigilada por la Policía.
Solo una raída y desteñida bandera del vecino país, así como un letrero que avisa que no hay atención al público, señalan que –ante la ley– la casa es espacio venezolano al que sus dueños no pueden entrar.
Una octogenaria vs un país
Vélez dijo que desde hace 40 años sus padres han negociado directamente con el cónsul de turno los cánones a través de contratos autenticados en notaría. Él recordó que nunca había tenido ningún problema con el cuerpo diplomático referente al pago en todo este tiempo.
Sin embargo, desde octubre de 2018 (cuando se daban las tensiones entre ambos países) la negociación del nuevo canon entre Berrío y el diplomático Aníbal Reyes comenzó a dificultarse pese a que ya había un preacuerdo.
Reyes remitió el contrato a Venezuela y desde octubre hasta diciembre dieron evasivas. La cosa duró así hasta febrero de 2019, cuando la misión diplomática ‘desapareció’ tras el rompimiento de relaciones con Maduro.
“Se fueron sin entregar llaves y no dejaron a nadie que girara los dineros así la sede no estuviera abierta”, agregó.
El hijo de doña Consuelo contactó a la cancillería venezolana para que le pagaran lo adeudado, sin embargo solo recibió evasivas hasta que en 2020 dejaron de responderle.
Por eso tuvo que contratar a un abogado que instauró una demanda con un juez del Circuito de Medellín, pero este se declaró impedido alegando que, al ser un pleito contra un Estado, no tenía competencia. El caso llegó hasta el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia pero allí también se declararon impedidos por el mismo motivo.
“Solo nos dijeron que este caso debería ponerse a consideración de instancias internacionales. Pero ni la Cancillería de Marta Lucía Ramírez nos quiso ayudar. Entonces ¿cómo va a hacer una señora de 82 años para demandar a un país?”, apuntó Vélez, quien reveló que le ha tocado sacar créditos bancarios por $20 millones para costear los impuestos prediales por $6 millones anuales que siguen llegando y así evitar un embargo.
Daños a casas vecinas
Otro asunto que ha dejado el abandono de la sede consular es que las humedades originadas allí han repercutido en casas vecinas. Por ejemplo, a doña Gloria Lozano Teuta estos daños la obligaron a dejar la casa que ocupaba desde hacía seis años.
Ante la pregunta de quien responderá por los daños, los propietarios alegan que estos deberá costearlos el consulado. Para esto se apoyan en la cláusula quinta del último contrato firmado entre ambas partes y que señalaba que cualquier daño bajo responsabilidad del cuerpo diplomático será cubierto por ellos.
Resposabilidad del embajador
EL COLOMBIANO consultó con la cancillería colombiana si se ha conversado este tema –que también se habría replicado en otras ciudades– con su homóloga venezolana.
Desde la entidad indicaron que este asunto en particular es potestad de la embajada venezolana, actualmente ocupada por el recién designado diplomático Félix Plasencia, del que se espera se ratifique su nombramiento ante el presidente Gustavo Petro esta semana.
“Lo más seguro es que el embajador Plasencia llegue a ‘ordenar la casa’ y una de las primeras cosas será revisar el tema de las sedes consulares, así como hizo el embajador Benedetti. Habrá que esperar un tiempo por su parte para la realización de estas tareas”, informó la Cancillería.
De igual forma este diario se puso en contacto con el equipo de trabajo del entrante embajador Plasencia y le transmitió la misma duda. Sin embargo al cierre de la edición no habían emitido respuesta.
Aún así, los Vélez Berrío y su abogado esperan que con el restablecimiento de las relaciones entre ambos países se subsane esta situación. De hecho, la señora Consuelo está de acuerdo que el cuerpo consular siga estando en su propiedad, siempre y cuando se le pague lo adeudado y no haya más atrasos.
Eso sí, llamaron la atención por el vacío jurídico que les ha tocado padecer por cuenta del impago. “No se puede perjudicar a un residente colombiano que, de buena fe, le arrienda su inmueble a un Estado y que ante estas situaciones quedan desprotegidos”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
¿QUÉ SIGUE?
EXTRABAJADORES TAMBIÉN EN EL LIMBO
Según Luis Bedoya –abogado de los Vélez Berrío en su pleito– algunos empleados colombianos del consulado, a los que desde el cierre se les suspendió de sus labores sin retribución alguna, también quedaron maniatados por la legislación para reclamar sus liquidaciones y el pago de los sueldos atrasados. Estos están a la espera del desenlace que tenga el caso de la señora Consuelo para recurrir a instancias legales similares con las que puedan conseguir lo que se les debe.
