Jacobo Betancur Peláez
Recuperar la zona afectada por la construcción de 20 casas se demoraría al menos 26 años.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
A mediados de 2020, una avanzada de funcionarios de Corantioquia, la Alcaldía de Medellín y uniformados de la Policía desplegaron un operativo para frenar un proyecto de vivienda que venía levantándose en inmediaciones del Parque Arví, en Santa Elena.
La obra, bautizada como la Ecoaldea de Oriente, estaba compuesta por más de 20 edificaciones y una vía de acceso que ocasionaron daños ambientales “severos” que tardarán más de dos décadas en enmendarse, según determinó Corantioquia.
A pesar de que varias de las familias que se embarcaron en el desarrollo –en el que invirtieron al menos $730 millones sólo por concepto de tierras– ya han interpuesto varias denuncias buscando recuperar parte de la inversión perdida, el primer asomo de una sanción a penas apareció, casi tres años después.
En un documento de 42 páginas, la Subsecretaría de Control Urbanístico de Medellín consideró responsable a Alejandro Ferrer Londoño, el principal impulsor de la obra, de contrariar las normas urbanas y le impuso una multa de $79 millones.
Mientras para varios de los afectados la cifra parece ínfima en comparación con los daños ambientales causados y las sumas que muchos comprometieron, la misma aún no está en firme por cuenta de varios recursos que viene interponiendo el sancionado, que se mantiene en no haber infringido las normas y sostiene que la Alcaldía ha vulnerado su debido proceso.
Los cargos
El caso de la “Ecoaldea de Oriente” comenzó el 24 de junio de 2020, cuando las autoridades ambientales y urbanas se dirigieron a un lote de más de 210.000 metros cuadrados, ubicado en la vereda Media Luna de Santa Elena, tras recibir información de que allí se estaban levantando casas en zona prohibida.
En un trabajo de campo realizado por varios funcionarios, la Subsecretaría de Control Urbanístico levantó un mapa de la zona y una lista compuesta por 38 lugares; para sorpresa de los funcionarios, varias eran casas que llevaban habitadas más de tres años. Asimismo, los inspectores se toparon con múltiples viviendas de todos los tamaños y formas en pleno proceso constructivo, algunas ya con estructuras y cerramientos de madera terminados, y otras apenas en proceso de movimiento de tierras. También se toparon con un hotel a punto de ser terminado, compuesto por 17 edificaciones, con espacios como “cocina y restaurante, zona húmeda, recepción, kiosco y salón social”.
Tan solo en la construcción de la vía de acceso, Corantioquia estableció que los trabajos habían ocasionado daños severos en el suelo.
“La conformación de la vía ocasionó la pérdida del suelo a profundidades variables entre los 0,50 y 0,10 metros, eliminando simultáneamente la capa vegetal u horizonte orgánico, rico en minerales, materia y ceniza volcánica que conforman los primeros horizontes del suelo y son la fuente de nutrientes para las plantas que conforman la vegetación nativa de la zona”, estableció esa corporación, añadiendo que la zona tardaría por lo menos 26 años en regenerarse.
Al margen de los daños ambientales, la Subsecretaría de Control Urbanístico también abrió el 9 de julio de 2020 un proceso contra Ferrer Londoño con miras a determinar la legalidad de la ecoaldea.
En su proceso, esa dependencia concluyó que la iniciativa no solo había violado los topes de ocupación (que en suelo agroforestal solo permitirían 1 vivienda por cada 12 hectáreas), sino que había celebrado “promesas de compraventa”, recibido “anticipos de dinero” y transferido inmuebles saltándose presuntamente los procedimientos legales.
Si bien en su defensa Ferrer Londoño argumentó que nunca había vendido formalmente un proyecto de vivienda –señalando que solo había comercializado cuotas partes del terreno–, y consideró que el Municipio había violado el debido proceso, este desestimó esos argumentos (ver Paréntesis) y emitió multa en primera instancia por $79 millones.
“Que se haya generado una afectación severa a los recursos de flora y suelo y además que se hayan construido más de 22 unidades de vivienda, cuya legalización es inviable, manifiesta la falta de diligencia con la que actúo el señor Alejandro Ferrer al ser desarrollador del proyecto inmobiliario denominado Ecoaldea del Oriente”, plasmó la subsecretaría en las consideraciones que sustentaron la multa.
A pesar de que la sanción todavía no está en firme, dado que Ferrer interpuso nuevos recursos alegando que la Alcaldía no ha respetado su derecho a la legítima defensa (tal como lo confirmó su apoderada al ser consultada por su versión del proceso durante la elaboración de este artículo), desde la orilla de varias de las familias afectadas la medida dejó un sinsabor.
Varios afectados consultados, que pidieron mantener su identidad bajo reserva, no sólo consideraron que la multa ni siquiera se acerca a los recursos que se comprometieron en el proyecto, sino que el pago de la misma poco influirá en un problema en el que el daño ya quedó hecho.