NIDIA SERRANO M.
La Defensoría señaló que estará atenta para evitar desmanes contra la comunidad.
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El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, está listo para desbloquear el acceso al relleno sanitario de Loma Grande en Montería, con el fin de evitar que la ciudad sea declarada en emergencia sanitaria.
Como se recordará, hace ocho días los habitantes de la población decidieron impedir el acceso de los carros recolectores de basuras, hasta tanto la empresa Urbaser no solucione los graves problemas ambientales que han generado en la zona.
El defensor del pueblo, Ricardo Madera, indicó que ha sido garante para que la comunidad sea escuchada e insistió en que Montería podría entrar e una crisis ambiental severa, por la cantidad de basuras en las calles de la ciudad.
Reiteró que desde la Defensoría serán totalmente respetuosos con el ente territorial si deciden enviar al Esmad, como se ha especulado, en el momento que lo determinen, pero aclaró que como institución estarán presentes para actuar y velar porque no haya ningún tipo de afectación contra la población.
De otro lado, la Procuraduría General de la Nación negó la recusación hecha por la empresa Urbaser en contra del director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, Orlando Medina, quien venía investigando a la empresa concesionaria por las denuncias de derramamiento de lixiviados en la zona.
Como se recordará, la empresa Urbaser, había recusado al director de la CVS por “prejuzgamiento” y desde entonces las actuaciones administrativas de la CAR quedaron suspendidas.
Se estableció que la recusación se fundamentó “principalmente en el ‘prejuzgamiento’ por parte del servidor público en el marco de la acción popular que cursa ante el Tribunal Administrativo del departamento de Córdoba, y una ‘denuncia penal’ presentada por la CAR CVS ante la Fiscalía General de la Nación por presunto daño a los recursos naturales y, actuaciones adelantadas en procesos administrativos y sancionatorios”.
Mientras tanto, la comunidad indica que no suspenderán el bloqueo hasta tanto la empresa encargada de la disposición final de las basuras no les garantice el derecho a la vida y a la salud, pues están contaminando el ambiente y las fuentes de agua con lixiviados.