EL SALVADOR:
Aunque el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido extendido hasta 2026, expertos advierten que el contexto político en Estados Unidos y los acuerdos bilaterales recientes no garantizan una solución duradera ni condiciones favorables para los beneficiarios salvadoreños.
El 10 de marzo pasado entró en vigor una nueva prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que, por ahora, otorga un respiro a los 239,000 salvadoreños que estaban inscritos hasta la última prórroga. Sin embargo, especialistas en política internacional y migración han expresado una creciente preocupación por la falta de garantías sobre lo que ocurrirá con estos migrantes una vez finalice el periodo de extensión en 2026.
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Napoleón Campos, experto en política internacional, advirtió que la actual administración del presidente Donald Trump ha retomado un discurso y una línea de acción que vincula directamente la migración con la delincuencia, como parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de políticas domésticas y exteriores.
“No hay ni habrá clemencia, ni misericordia”, aseguró el analista, incluso pese al reciente acuerdo de servicios carcelarios firmado entre Estados Unidos y el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele.
Campos subrayó que, aunque la administración Trump firmó un acuerdo para utilizar centros penales en El Salvador como parte de su política migratoria, esto no se traduce en un trato preferencial hacia los salvadoreños con TPS.
“El subsecretario para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado fue muy claro: el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no fue una negociación ni un quid pro quo. No existe un trato preferencial con respecto a la inmigración legal en Estados Unidos”, citó Campos en referencia a declaraciones recientes de Joe Salazar, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
A pesar de la extensión del TPS otorgada por la administración Biden en enero de 2025, Campos insistió en que los salvadoreños deben prepararse para una eventual eliminación del programa. “Nuestros tepesianos no tienen otra solución que prepararse para una casi segura eliminación del TPS”, dijo, recordando que en años anteriores fue gracias a la organización de los propios migrantes que se logró mantener vigente esta figura legal tras los primeros intentos de cancelación durante el primer mandato de Trump.
Desde una perspectiva legal, el abogado especializado en temas migratorios Reynaldo Alvergue también se refirió a la función que históricamente ha tenido el TPS. “Siempre ha sido como una moneda de cambio. Hay que recordar que por una renovación de TPS hace muchos años, salvadoreños fueron a pelear a Irak”, afirmó.
A su juicio, el futuro del programa dependerá de negociaciones entre el gobierno salvadoreño y la administración Trump. “Ojalá lleguen a una buena negociación y nos puedan dar hasta residencia permanente. Eso esperamos todos, como mínimo, pues, pero no se sabe”, añadió.
Salazar confirmó que el reciente acuerdo carcelario con El Salvador no implica ningún tipo de trato especial para los salvadoreños migrantes. “El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no fue una negociación; no se trató de un quid pro quo ni de ningún tipo de acuerdo. No existe un trato preferencial con respecto a la inmigración ilegal en Estados Unidos”, enfatizó durante una reciente rueda de prensa.
“Te cazaremos, arrestaremos y podrías terminar en El Salvador”
El panorama para los migrantes se ha visto agravado por la reciente visita a El Salvador de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y amenazó públicamente a los migrantes irregulares. “Si tú no te vas, nosotros te cazaremos, arrestaremos, y podrías terminar en esta prisión de El Salvador”, advirtió. En un mensaje aún más contundente, añadió: “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA”.
Durante su visita, Noem estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien le mostró las celdas donde están recluidos 238 venezolanos deportados sin debido proceso. A algunos se les acusa de pertenecer al Tren de Aragua, basándose únicamente en tatuajes, algo cuestionado incluso por tribunales estadounidenses.
La visita también incluyó una reunión con el presidente Bukele y la renovación de un acuerdo para la cooperación bilateral en la captura de fugitivos. Noem aseguró que se estudia incrementar el número de vuelos con deportados hacia El Salvador, y que incluso se promueve la autodeportación mediante una aplicación llamada CBP Home.
Alerta internacional por violaciones de derechos
Organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido sobre los riesgos de estas deportaciones y la permanencia de migrantes en un país con un régimen de excepción como el de El Salvador. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que la deportación de venezolanos sin acatar la orden de un juez estadounidense podría configurar una crisis constitucional.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la “normalización” de la violación al debido proceso tanto a nivel nacional como internacional, y advirtió que esto representa un grave precedente. La Corte del Distrito de Columbia, a través del juez James Boasberg, aún analiza si los deportados corren riesgo de tortura o malos tratos.
Con todos estos elementos en juego, la prórroga del TPS, vigente hasta septiembre de 2026, parece un alivio temporal para miles de salvadoreños que han construido sus vidas en Estados Unidos por más de dos décadas. Sin embargo, voces como la de Campos aseguran que no se puede esperar indulgencia. “Sería ingenuo pensar que habrá clemencia. Lo realista es prepararse para su culminación y una nueva batalla legal”, sostuvo.