EL SALVADOR:
Por Graciela Aguilar
El reglamento de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) ya está en vigor. El Estado y los privados tienen 12 y 18 meses, respectivamente, para garantizar el acceso a estos espacios.
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Las empresas privadas con más de 100 trabajadores tienen hasta 18 meses para garantizar que los hijos e hijas de sus empleados tengan acceso a un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI), informó ayer el gobierno.
El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) confirmó que el miércoles 1 de marzo entró en vigor el Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Supervisión de los CAPI. Con esto ha comenzado a correr el plazo para dar cumplimiento al artículo 136 de la Ley Crecer Juntos, que mandata a patronos privados y estatales con más de 100 trabajadores a proveer los servicios de un CAPI.
El gobierno explicó que se han establecido tres plazos diferentes. La empresa privada tiene 18 meses, a partir del miércoles, para instalar sus propios CAPI o contratar los servicios de uno. El sector público dispone de 12 meses, mientras que los establecimientos que ya ofrecían estos servicios tienen seis meses para completar su proceso de registro, dijo la directora ejecutiva del CONAPINA, Linda Amaya.
Están conectadas todas las instituciones y participa el Ministerio de Trabajo como el ente rector y que obliga a la vigilancia de la instalación de los CAPI y el cumplimiento de los mismos”.
Linda Amaya, directora ejecutiva del CONAPINA
«Para los Centros de Atención a Primera Infancia que ya existían, tienen que iniciar su proceso de registro teniendo un plazo de seis meses. Luego tenemos a la instituciones del Estado, que a partir del día miércoles tenemos 12 meses, mientras que el resto de las empresas (privadas) tienen 18 meses para concluir su proceso de registro», detalló Amaya en la entrevista del estatal Canal 10.
Para poder operar, los CAPI deben obtener tres autorizaciones. El permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud (MINSAL), la certificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de incendios extendida por el Cuerpo de Bomberos, así como la acreditación del nivel educativo correspondiente otorgada por el Ministerio de Educación (MINED).
La directora ejecutiva del CONAPINA dijo que el proceso de inscripción se divide en cinco pasos. El primero es ingresar la información en la plataforma www.simple.sv, el segundo consiste en revisar la documentación proporcionada por los patrones, para luego proceder al pago de aranceles de los tres permisos que se exigen. El cuarto paso son las inspecciones y, si cumple con todos los requerimientos, se le dará la autorización para el funcionamiento de los CAPI.
En cuanto al costo de los permisos, Amaya explicó que la certificación de Bomberos dependerá de la extensión del inmueble, pero no superará los $129.15. El permiso sanitario del MINSAL cuesta $25 y la autorización del CONAPINA costará $45.85.
«Están conectadas todas las instituciones y participa el Ministerio de Trabajo como el ente rector y que obliga a la vigilancia de la instalación de los CAPI y el cumplimiento de los mismos, porque uno de los requisitos importantes a señalar es que todas las empresas o instituciones que tengan más de 100 empleados tienen la obligación de dar ese servicio o esta prestación», afirmó la funcionaria.
Desarrollo de la niñez
Amaya explicó que cuando las empresas apliquen en el sistema, las inspecciones de parte de Salud, Bomberos y Educación, por ejemplo, vigilarán que las instalaciones de los CAPI cumplan con todos los requisitos para su funcionamiento.
Los centros recibirán niños y niñas desde de los primeros meses de vida hasta los 4 años, aunque los administrados por las alcaldías podrán extender su cobertura hasta los 7 años, según indica el reglamento. En estas etapas, las instituciones encargadas fomentarán el desarrollo físico, afectivo, cognitivo y social. Además brindarán educación con contenidos lúdicos para estimular el desarrollo y aprendizaje. «Los niños también necesitan tener esos espacios donde su imaginación vuele donde haya una estimulación temprana que justamente esa es la supervisión técnica que hará el Instituto (Crecer Juntos) porque nosotros, en el caso del CONAPINA, somos el ente rector y el ente que acredita, pero la supervisión, seguimiento, incluso la conducción técnica, la tiene el instituto», resaltó Amaya.