EL SALVADOR:
Organizaciones civiles expusieron que las recientes capturas de Ruth López y Enrique Anaya se catalogan como persecución política y que hay seguimientos a otros miembros que son críticos del actual gobierno.
Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre las recientes capturas de defensores de derechos humanos y voces críticas, como el caso de Ruth López y Enrique Anaya, considerándolos como parte de una persecución política y una criminalización contra personas con voces disidentes.
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Alfredo Leiva, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y de la comunidad de Santa Marta, en Cabañas, expuso que estas capturas, sumadas a otros como las del vocero de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, así como el proceso contra los ambientalistas de Santa Marta, son una escalada represiva.
Nos preocupa la escalada represiva contra personas defensoras de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales, analistas y activistas que, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, denuncian las injusticias (…) Estas capturas responden a objetivos de persecución política y confirman la existencia de decenas de presos políticos en El Salvador», aseguró.
Ruth fue capturada el 18 de mayo de este año acusada en un primer momento por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de peculado, cambiándolo posteriormente al presentar el requerimiento al delito de enriquecimiento ilícito. El Juzgado Décimo Segundo de Paz impuso detención provisional y que el caso pase a instrucción.
En tanto que Enrique Anaya fue capturado el 7 de junio de este año, también por enriquecimiento ilícito.
Sara Alfaro, que forma parte del movimiento por la defensa de la clase trabajadora y del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), confiesa que muchos miembros defensores de derechos humanos han sufrido persecución de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) lo que ha causado preocupación.
Que cese la persecución, la represión que estamos sufriendo en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades y nuestros hogares. Hemos tenido persecución policial, gente encubierta vigilando los hogares de muchos de nosotros», mencionó.
La ley es una «extorsión»
En lo que respecta a la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros, normativa que obliga a un registro de cooperantes y la imposición del 30 % de impuesto a donaciones, importación en especies o bienes materiales provenientes del extranjero, la catalogan como «una extorsión», pero que iniciarán el proceso para acreditarse siguiendo el reglamento.
Más allá del impuesto, que es una extorsión, es un mecanismo para controlar a las organizaciones y sus actividades ¿Si nos vamos a ver afectados? Por supuesto, porque trabajamos con fondos de cooperación y desarrollamos proyectos en el tema de agricultura sostenible, agua, entre otras cosas, que el Estado no es capaz de resolver. A través de estos fondos se van resolviendo esos problemas», agregó Leiva.
También hicieron referencia a la resolución de la Cámara de la Tercera Sección del Centro que apartó del proceso contra los ambientalistas de Santa Marta al juez Hugo Banzer Flores Alas, y lo calificaron como «positiva» y dijeron que esperan que se ratifique la absolución de los ambientalistas en la nueva vista pública.