EL SALVADOR:
Por Javier Urbina
Movir y Socorro Jurídico Humanitario confirmaron cinco muertes de privados de libertad en seis días.
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Las autoridades de Seguridad siguen sin pronunciarse sobre los hechos, pero el conteo de víctimas mortales ya supera las 140, según Socorro.
En menos de una semana cinco privados de libertad fallecieron en diferentes centros penitenciarios del país. Tres de estas muertes incluyen a reos que fueron capturados durante el régimen de excepción, que ya lleva casi 14 meses de vigencia.
La primera de estas muertes ocurrió el 15 de mayo pasado. La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documentó el fallecimiento de Carlos Eliezer González Solano, de 41 años, quien se encontraba detenido en Centro Penal de Izalco, en Sonsonate.
Sobre esta muerte, según la información proporcionada por la organización, se conoce que González Solano era originario del municipio de San Luis La Herradura y que era miembro de la Iglesia Elim. El SJH manifestó que la causa de esta muerte fue por golpes y fracturas.
“Casi que un día sí y un día no muere alguien en Penales. Llamamos a las personas a que sigan haciendo sus denuncias y a documentar los casos”.
Ingrid Escobar, Socorro Jurídico.
También informaron sobre la muerte de Sandra Yaneth Arrevillaga, de 42 años, quien estaba recluida en el Centro Penal de Apanteos. Falleció el 19 de mayo en el hospital San Juan de Dios, en Santa Ana, y era originaria del municipio de San Sebastián Salitrillo.
La organización además notificó sobre la muerte de José Israel Pérez, quien falleció el sábado 20 de mayo y solamente se conoce que murió en el Centro Penal de Izalco. Los tres casos antes mencionados fueron personas capturadas durante el régimen de excepción y que aún estaban con un proceso judicial abierto y no habían recibido ninguna condena por los delitos acusados.
A estos tres casos se suman los de Santiago Calderón Vanegas, quien falleció en el hospital San Juan de Dios también el 19 de mayo. Vanegas permanecía en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana.
Calderón había sido detenido en 2019 en Lourdes Colón, La Libertad, acusado de homicidio agravado ocurrido en 2017 en el municipio de Ciudad Arce.
Mientras que el sábado 20 de mayo murió en el hospital San Juan de Dios, en San Miguel, David Ernesto Castro, de 41 años. Él estaba en el Centro Preventivo de hombres local. Sobre esto dos últimos reos, se desconoce la causa de la muerte.
La organización SJH ha documentado hasta la fecha la muerte de 147 privados de libertad durante el régimen de excepción. Según esos mismos registros, entre el 2 de enero y el 10 de mayo de 2023 ocurrieron al menos 49 muertes en centros penitenciarios a nivel nacional.
Según esa cifra, 22 de estos hechos fueron catalogados como homicidios. Sin embargo, autoridades aún guardan silencio sobre cifra de privados de libertad fallecidos en el régimen, solamente han informado que las muertes están siendo investigadas por un «equipo multidisciplinario» de autoridades.
«Mueren un día sí y otro no»
Ingrid Escobar, coordinadora administrativa de Socorro Jurídico, considera que las muertes en penales están ocurriendo casi a diario. La organización documenta y da acompañamiento a casos de capturados sin vínculos con pandillas y señalan que la mayoría de muertes han sido de reos que aún estaban en fase de investigación.
«Lo que estamos viendo es que a los salvadoreños no solamente se les ha quitado su derecho a la presunción de inocencia, pero lo peor su derecho a la vida, siendo que en este proceso han sido mezclados con miembros activos de pandillas y criminales condenados por alta criminalidad. Las personas inocentes entran únicamente a ser torturados y como tal a perder la vida», mencionó Escobar.
«Es condenable seguir teniendo estas cifras, casi que un día sí y un día no muere alguien en Centros Penales. Así que llamamos a las personas a que sigan haciendo sus denuncias y a documentar los casos», añadió Escobar.
Desde el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y en el SJH han recibido denuncias que autoridades penitenciarias niegan información a las familias de los capturados si no han pasado el paquete para su detenido.
«Familiares nos han dicho que en el Centro Penal de Izalco no les dan información sobre los detenidos si no han pagado los paquetes. Esto es una manera de chantaje o extorsión, se tiene que denunciar. Es, de momento, el único centro penitenciario del que tenemos conocimiento de estas acciones», dijo Alfredo Mejía, vocero del MOVIR.
“Familiares nos han dicho que en Izalco no les dan información sobre los detenidos si no han pagado los paquetes”.
Alfredo Mejía, MOVIR.
Samuel Ramírez, también del MOVIR, dijo que desconocen los criterios que podrían estar utilizando en ese centro penal para brindar información a los familiares de detenidos.
«Estamos investigando, unos dicen que sí les piden paquete a cambio de darles información y otros dicen que no. No tenemos certeza y no sabemos cuál es el criterio por qué a unos sí y a otros no. No sabemos si es porque están condenados, porque son comunes o porque son del régimen», explicó Ramírez.
El MOVIR denunció también en sus redes sociales la situación que tienen que enfrentar mujeres que salen en libertad en el Centro Penal de Apanteos. En una publicación se desmarcaron de una acusación en la que señalaron al MOVIR de tener a una persona delegada para que recoja a mujeres que salen del penal, sin embargo desmintieron esa información y responsabilizaron a los dueños de una tienda cercana al centro penitenciario sobre estos hechos.
