EL SALVADOR:
Frente Magisterial denunció que empleados han sido notificados de la supresión de plaza. Algunos de los cesados no han recibido documentos del pago de su indemnización.
El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció el inicio de despidos en el Ministerio de Educación (MINED), afectando tanto a personal docente como administrativo en distintas dependencias del país. Según Idalia Zúniga, secretaria general del FMS, los despidos comenzaron el viernes pasado y han incluido la supresión de plazas en áreas administrativas y educativas en departamentos como La Paz y Santa Ana.
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“En La Paz despidieron a todos aquellos que ya tienen tiempo para jubilarse y a los que, estando jubilados, seguían laborando. Lo mismo ocurrió en Santa Ana, donde el viernes se suprimieron 21 plazas, entre ellas las de técnicos pedagógicos y de formación”, afirmó Zúniga.
La dirigente señaló que los despidos los han realizado sin garantizar el pago de indemnizaciones ni el cumplimiento del debido proceso.
Zúniga explicó que algunos docentes jubilados que aún trabajaban recibieron cartas de despido a través de los directores escolares, sin ser citados previamente por la Dirección Departamental. Según estas denuncias, las cartas mencionan la supresión de plazas, pero no incluyen información sobre indemnizaciones, lo que ha generado preocupación entre los afectados.
Este periódico buscó la postura del Ministerio de Educación sobre la denuncia de los despidos de administrativos y docentes, pero no hubo respuesta.
Estos ceses se enmarcan en un ajuste presupuestario más amplio que afecta a distintas instituciones públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de 2025 contempla la reducción de 11,176 plazas en comparación con el año anterior.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, defendió, durante la presentación del proyecto de presupuesto 2025, la medida argumentando que busca “optimizar el uso de recursos” y mantener una “planilla óptima” en las instituciones, aunque aseguró que los recortes no afectarían a personal médico ni de enfermería.
Además, el presupuesto de este año contempla una reducción de $31 millones menos para Educación.
No obstante, los sindicatos han expresado su preocupación por la falta de estudios técnicos que avalen estas decisiones.
Héctor Rodríguez, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), calificó las supresiones de plazas como “ilegales y arbitrarias”, y señaló que muchas instituciones no han permitido que los trabajadores ejerzan su derecho a la defensa.
“Se han aprobado supresiones de plazas sin una ley que lo sustente. Tenemos una legislación que dice que se deben respetar los derechos de audiencia y defensa, pero esto no ha ocurrido”, dijo Rodríguez.
De acuerdo con un informe de LA PRENSA GRÁFICA, un total de 3,847 empleados públicos fueron despedidos en 2024, en su mayoría bajo la figura de supresión de plazas.
Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por expertos legales como Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien aseguró que ningún empleado público con un cargo técnico puede ser cesado sin causa justificada y sin un debido proceso.
Además de las preocupaciones laborales, los despidos han tenido un impacto significativo en los empleados afectados. Según el FMS, muchos trabajadores enfrentan crisis emocionales y económicas tras perder sus empleos.
Zúniga relató el caso de un laboratorista despedido que, al no recibir indemnización, ha caído en una situación de extrema vulnerabilidad. “Sus vecinos tuvieron que recolectar dinero porque le cortaron la luz y el agua, y su pareja lo dejó. Tememos que pueda llegar al suicidio”, comentó.
Asimismo, Zúniga señaló que esta situación afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables, como docentes jubilados que continuaban laborando debido a que el pago que reciben por sus pensiones son insuficientes.
Según las denuncias, algunos de estos empleados han sido obligados a firmar cartas de renuncia voluntaria con compensaciones mínimas. Por ejemplo, los administrativos que optan por esta vía solo reciben $360 por año trabajado, un monto inferior al salario mínimo, mientras que aquellos despedidos por supresión de plaza obtienen únicamente seis meses de salario.
Zúniga aseguró que los despidos en el MINED son parte de un plan más amplio que responde a compromisos del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional. “Están castigando a los trabajadores del Estado con esta política de recorte. Continuaremos denunciando estas violaciones”, expresó.
Mientras tanto, sindicatos como el FMS y el Movimiento de Trabajadores Despedidos han anunciado que realizarán acciones para visibilizar la situación. Entre estas, destacan conferencias de prensa y actividades en conmemoración de los Acuerdos de Paz, con el objetivo de exigir respeto a los derechos laborales.