Además de indagar sobre los costos en esta herramienta de seguridad, Personería abrió otro proceso a la Alcaldía de Medellín por venta de chatarra.
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Dos procesos pusieron a la Alcaldía de Medellín en la mira de la Personería en los últimos díez días: la adquisición del polémico Robocop, por parte de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) y la Secretaría de Seguridad, y la venta —no menos cuestionada— de vehículos chatarra por debajo del precio comercial, a cargo de la Secretaría de Movilidad.
Ese órgano del Ministerio Público abrió una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de seguridad, el pasado 21 de junio. Siete días más tarde, este jueves, dio a conocer que se adelantará el mismo proceso por la venta de los vehículos abandonados, que fueron subastados a un 90,2% menos del valor.
El primer caso involucra a Edwin Muñoz Aristizábal, gerente de la ESU, y a Ana María Betancur Martínez, asesora de la Secretaría de Seguridad. Si bien hay que agotar esta etapa para formular futuros pliegos o desestimar el proceso disciplinario, la Personería ha conocido sobre presuntas irregularidades en la adquisición del aparato, que integra el Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil.
Además de haber generado polémica por su entrada tardía en funcionamiento —se presentó en agosto de 2021 y apenas comenzó pruebas en abril de este año—, el proceso de vigilancia administrativa que emprendió la Personería durante 90 días halló posibles vicios en su adquisición. Aunque el órgano no ha compartido mayores detalles, se conoce que el quid del proceso podría estar en el frente de costos.
Esa responsabilidad la tercerizó la ESU el 13 de mayo de 2021 a través del contrato N° 202100099 con la empresa Unión Eléctrica S.A. “Robocop fue adquirido para combatir las cifras de hurto en el municipio y desde la Personería estaremos vigilando la efectividad de esta herramienta”, expresó en su momento Luis Aníbal Peláez, personero delegado para la vigilancia administrativa.
También por plata es que parece enredarse la pita en la subasta de chatarra de la ciudad. Luego de que el concejal Daniel Duque hiciera una alerta pública y que este diario publicara un informe al respecto, la Secretaría de Movilidad quedó en el ojo del huracán. Resulta que los vehículos que llevaban más de un año abandonados en los patios a cargo de esta dependencia fueron comercializados a $98 el kilo, cuando el valor comercial supera los $1.000, lo que habría provocado un detrimento cercano a $30.000 millones según Duque.
Se hizo mediante un proceso de subasta al cual solo se presentó un oferente: la Unión Temporal RYM, conformada por Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S. La chatarra, entonces, se vendió $900 por debajo. La indagación que hay en curso pretende verificar si el negocio resultó en detrimento del erario.
“La razón concreta está relacionada con la presunta venta de chatarra a un precio menor al que se consigue normalmente en el mercado (…). Más de 50.000 vehículos abandonados en un lote de la Secretaría de Movilidad fueron presuntamente vendidos en un 90,2% menos que el precio comercial”, expresaron desde la Personería.
La subasta se realizó el 21 de abril. Entonces, Carlos Mario Mejía aún era el secretario de Movilidad, aunque se investiga si hubo participación de otros funcionarios.
Otros procesos
Aunque la Personería adelanta procesos de vigilancia administrativa, la cifra más relevante tiene que ver con los de instrucción disciplinaria. Es decir, los sancionatorios. De este tipo, son 343 los que el órgano tramita en la actualidad: corresponden a las dos últimas administraciones (la información no se detalló por periodo de gobierno previo al cierre de esta edición).
Desde el órgano del Ministerio Público aclararon, sin embargo, que hay procesos abiertos en contra de esta administración que resaltan por su posible gravedad. Irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y otro proceso de chatarrización —ambos involucran a la Secretaría de Educación—; interrogantes en el inventario de inmuebles del Municipio —a cargo de la Secretaría de Servicios y Suministros—; y supuestos fraccionamientos de contratos en Telemedellín.
Pero estos no son los únicos procesos en curso. Las supuestas irregularidades en la entrega de auxilios económicos a adultos mayores de Santa Cruz, en 2020, resultó en el inicio de una investigación en contra de siete funcionarios que, en su momento, hicieron parte de esta administración. Entre ellos se cuenta a Mónica Alejandra Gómez, exsecretaria de Inclusión Social, y a Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales.
Por su parte, en la Secretaría de Infraestructura, tres funcionarios fueron objeto de la formulación de cargos por parte del Área de Disciplinarios de la Unidad de Vigilancia de la Conducta Oficial. Entre estos se cuentan la actual cabeza de ese despacho, Natalia Urrego Arias, quien habría incurrido en una violación de la Ley 734 de 2002, que regla sobre los deberes de los funcionarios.
Metrosalud (49), Hospital General (37), EPM (30), secretarías de Movilidad (24), Educación (21) y Gestión y Control Territorial (19), y la Empresa de Desarrollo Urbano (19) son las entidades que más procesos disciplinarios han tenido en las dos últimas administraciones. Estos, sin embargo, suelen avanzar con lentitud. Podrían pasar años para conocer si en la compra del Robocop o la venta de los vehículos chatarra se incurrió en irregularidad alguna o no.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
HOSPITAL GENERAL, BAJO LA LUPA
Las supuestas irregularidades en el Hospital General han resultado en varias acciones de la Personería. En septiembre de 2021, el órgano formuló pliego de cargos al coordinador de la Oficina de Control Interno por presunta omisión de funciones; el 5 de mayo de este año empezó vigilancia administrativa por supuestas presiones al personal de salud por parte de la Alcaldía para que se privilegiaran los contratos por agremiación sindical; el 1 de junio pasado, la jefe de la Oficina Jurídica fue suspendida por tres meses y se le abrió investigación por presunta violación del régimen de inhabilidades. Por el no pago a especialistas, el Hospital Infantil Concejo también afronta un proceso de vigilancia administrativa.