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Internacional

ECUADOR: Establecimientos educativos particulares plantean el 15% de rebaja de pensiones proporcional

ECUADOR:

Quito –
La Federación de Establecimientos Particulares Laicos del Ecuador (Fedepal) plantea una reducción proporcional de hasta 15% en el costo de las pensiones en las instituciones educativas particulares y no el 20% de manera general, como lo planteó el presidente de la República, Lenín Moreno, en el proyecto urgente de Apoyo Humanitario.

Karen Mejía, representante de Fedepal, compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea, quien junto a Andrés Rodríguez, representante de Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación Particular (Corpeducar); y, Rómulo López, de la Confederación de Establecimientos de Educación Católica del Ecuador (Confedec), describieron una crítica situación económica que atraviesan las instituciones educativas privadas por la emergencia sanitaria, y plantearon una alternativa respecto al cobro de pensiones.

TOMADA DE:eluniverso.com

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En todo el país, según Rodríguez, existen 1,2 millones de estudiantes de educación básica y bachillerato que se educan en 1400 establecimientos particulares, con una pensión promedio ponderada de $80 mensuales; y que al momento tienen una cartera vencida del 30%, que significa $288 millones. Que emplean a 83 000 docentes y a unas 20 000 personas en las áreas administrativas y de servicios.

Matriculados en régimen costa
Los tres representantes de las instituciones educativas particulares señalaron que la mayor parte de establecimientos pagan una pensión menor a $100, que en Pichincha significa el 51% y en Guayas constituye el 90% de instituciones. Además reveló que hasta el momento en Guayas, solo el 20% y máximo el 50% de estudiantes de instituciones privadas se han matriculado.

Karen Mejía, a nombre de la Federación de los Establecimientos Particulares, planteó una tabla generalizada para los descuentos, donde el bono humanitario de emergencia anunciado y ofrecido por el gobierno pueda cubrir el costo total de las pensiones menores a los $100, que agrupa a estudiantes cuyas familias son de mayor riesgo, porque constituyen trabajadores informales, desempleados o con suspensión de sus trabajos.

Para quienes pagan pensiones de $101 a $150 se podría aplicar un descuento del 2,5 % a la pensión; de $151 a $200 el 5%; de $201 a $300 el 7,5%; de $301 a 400% el descuento del 10%; de $401 a $600, el costo de la pensión sería de 12,50%; y, más de $600 el valor de descuento sería del 15%.

Mejía dijo que esta tabla debe tener ciertos condicionamientos, como el compromiso de los padres de pagar la cuota dentro del mes de servicio y quienes consideren que no necesiten beneficiarse de ese descuento puedan trasladarlo a una familia de la misma institución educativa. Resaltó que las instituciones educativas en la Sierra tienen problemas económicos, porque siguen pendientes los pagos de pensiones de marzo y de abril.

Rómulo López, de Confedec, cuestionó que hayanplanteamientos de padres de familia del 50% de pensiones, lo cual significaría “muerte”, desempleo y todo el personal que trabaja en las instituciones particulares, y recalcó que es mínimo el porcentaje de instituciones que tienen pensiones superiores a los $600; además recalcó que ahora, por la crisis sanitaria, existen muchas personas que hacían transporte escolar no están trabajando, las empresas que realizan uniformes tampoco, así como las librerías y la gente que vive de lo que venden en los bares. Esa realidad debe ser observada por las autoridades de manera integral, señaló.

Dijo que en muchos países desarrollados, en esta época de crisis, el Estado se ha hecho cargo del pago de los padres de familia no solo de educación, sino vivienda y alimentación; aunque la situación económica de Ecuador es distinta, lo que consideró necesario es que el gobierno vele por los más pobres, con aquellas escuelas y colegios que pagan $20, $10 y menos de $100. Si se plantea una reducción generalizada del 20%, lo que sucederá es la quiebra y cierre de las instituciones educativas, alertó.

En la comparecencia también estuvo Lenín Duque, representante de los padres de familia de un establecimiento educativo de la región Costa, quien planteó una reducción en el costo de pensiones superior al 20%, reducción de horas, así como el inicio de clases en el mes de septiembre y no en mayo.

Propuesta legislativa
La Comisión de Educación al abrir el debate sobre el planteamiento de los representantes de los establecimientos educativos particulares y la preocupación de los padres de familia. Por lo que se comprometieron a recoger los planteamientos y exponerlos ante la comisión que analizará el proyecto de Ley urgente de Apoyo Humanitario.

La vicepresidenta de la comisión de Educación, Jeannine Cruz (CREO), señaló que los dos sectores están golpeados y frente al anuncio del gobierno sobre la reducción generalizada del 20% en las pensiones, lo cual complicaría aún más la situación de los centros privados.

Planteó que para cuidar la estabilidad de los docentes y la permanencia de los establecimientos, la banca pública debe dar créditos al 1% a las instituciones particulares para solventar la crisis, que permitiría el pago a los docentes.

Además planteó que la reducción de la pensión debe ser proporcional, no solo el 20% en general, sino que establecer el principio los que más cobran más reducción durante la emergencia.

Dayllana Passailaigue (PSC) advirtió que si se aplican reducciones de pensiones educativas en las instituciones particulares, sin estudios técnicos, prácticamente esos centros educativos desaparecerán y colapsará el sistema público.

Comentó que en Guayas existe una asociación de 180 establecimientos educativos cuya pensión mensual es de $40, y tiene una cartera vencida de más del 50%, y el Ministerio de Educación les exige pagar sueldos completos y seguridad social, como debe ser.

Si se da paso a la reducción generalizada como plantean algunos padres de familia de hasta un 50% en las pensiones, el efecto inmediato será no sólo la reducción de salarios de los docentes, sino la desaparición de la institución y consecuentemente, el despido masivo y afectación al derecho de educación a los estudiantes.

Indicó que la reducción de las pensiones educativas particulares debe ser proporcional a cada alumno, porque no todos los padres de familia están en la misma condición.

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