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Drama de la invasión indígena sitia al cementerio San Lorenzo

FOTO: JAIME PEREZ MUNEVAR
Miguel Osorio Montoya

El tiempo apremia para el retorno de estas personas a su territorio. Entre tanto, crecen las necesidades.

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Mientras avanzan reuniones y papeleos, el asentamiento indígena en Niquitao crece sin control. Las casas de madera y techos de plástico ya casi alcanzan las bóvedas del cementerio San Lorenzo. En lo que era un parque ahora se seca la ropa, y el humo de los fogones impregna el aire de una ruralidad ficticia, imposible. El tiempo burocrático pasa demasiado lento y no entiende del hambre, las erupciones en la piel; tampoco del agua que cala hasta los huesos en un frío amanecer.

El asentamiento lleva tres semanas y, pese a que se ha intentado de todas las maneras, no se ha logrado levantar. Son 845 personas las que están allí, según los líderes. Hay muchos niños que se pasan los días dejando que pase el tiempo, bajo el sol, o cubriéndose bajo un plástico que hace al calor aplastante. La población ha ido creciendo con los días y ya no solo rodea al colegio Héctor Abad Gómez, sino que tiene casi sitiado al San Lorenzo, el cementerio olvidado, de bóvedas vacías, donde ahora huele a mierda y marihuana.

Las casas de madera y plástico las hicieron indígenas embera katío, desplazados del Alto Andágueda, en Chocó. Hacen parte de la misma comunidad que irrumpió en La Alpujarra el 22 de febrero pasado. Desde entonces, la Alcaldía de Medellín instauró una mesa de diálogo para lograr el retorno de estas personas a sus tierras.

Pero, pasados casi tres meses, el retorno de las más de 800 personas no se ha logrado. El martes de esta semana, en un intento desesperado, la Alcaldía de Medellín anunció que radicó una tutela para acelerar el proceso. Y es que el retorno debe hacerse bajo todos los lineamientos de la ley de víctimas, garantizando que los embera vuelvan a sus tierras y no corran el riesgo de ser asesinados o desplazados nuevamente.

Acá está el punto central. Para los retornos debe haber un visto favorable de seguridad. Este se da luego de una verificación en el terreno que permite determinar que no se corra riesgo al volver. Pues bien, para Bagadó, y en particular para la zona del Alto Andágueda, de donde vienen estos indígenas desplazados, el concepto se vence el 28 de este mes. O sea, sí o sí, el regreso debe hacerse antes de esa fecha.

William Yéfer Vivas, el personero de Medellín, dijo esta semana que si el retorno no se da antes de esa fecha, el proceso se “enlodaría, se complicaría, hasta esperar un nuevo concepto de seguridad”. Por eso hizo un llamado a la Unidad para las Víctimas, que es la entidad responsable, para que ayude a agilizar el trámite.

Los líderes de la población indígena se reunieron ayer con la alcaldía para buscar ayuda y llegar a acuerdos. Tienen una cosa clara, y se repite de tarde en tarde: no volvemos si no tenemos garantías. Aunque la mayoría añora la libertad del campo, los cañones del Andágueda y el aire tropical, no están dispuestos a volver sin una solución de fondo. Muchos estuvieron en Medellín antes y retornaron a su tierra en 2016, pero solo tres años después tuvieron que regresar porque el hambre, más que la seguridad, apremia sin clemencia.

Mientras los tiempos de la burocracia avanzan con sus aletargados pasos, la situación en el asentamiento se complica. Eliseo, un indígena de 42 años que llegó con sus siete hijos, dice que la están viendo “muy dura”, que no son capaces de tejer sus artesanías porque dentro de las carpas el calor es atenazante y aflige sin piedad.

Los niños están en medio de un ambiente hostil. En el barrio hay plazas de vicio y hombres que, de cuclillas, llenan sus pipas de bazuco y sueltan bocanadas de humo. Los indígenas lavan la ropa con el agua que del colegio Héctor Abad Gómez amablemente les han ofrecido. Las aceras se convirtieron en cocinas improvisadas, donde sucesivas pailas humean con fríjoles cargamanto y plátanos verdes.

Pero el visitante tal vez no dimensiona la rudeza de dormir sobre el pavimento, o cómo la lluvia de un amanecer desmoraliza al más fuerte. Eliseo y sus compañeros lo tienen muy claro, por eso esperan, desde la mañana, que el tiempo pase, a veces cabeceando, hasta el día en que estén listas las condiciones para volver a Andágueda.

En el barrio también padecen la situación. Diego Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Palmas, dice que muchos niños están desescolarizados y, que si las cosas siguen así, van a perder un bimestre de estudios. Mientras el tiempo burocrático corre ralentizado, en el campamento crecen las necesidades.

 

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