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Dos presos desataron la riña que dejó 52 muertos

Un grupo de familiares de los presos de la cárcel de media seguridad del municipio de Tuluá protestaron en las afueras del penal por la falta de claridad sobre el incendio (ver Imagen en recuadro) que dejó más de medio centenar de reclusos muertos. FOTO GETTY

La pelea se generó a la 1 de la mañana en medio de un intento de fuga. En la disputa se desató un incendio. Fiscalía y Procuraduría ya indagan.

TOMADO DE: elcolombiano.com

Sobre la 1:00 de la mañana de este martes, una riña entre dos presos prendió la primera alarma en el pabellón 8 de la cárcel de media seguridad de Tuluá, Valle del Cauca. De acuerdo a la versión preliminar, al intentar controlar ese brote de violencia, los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron testigos de un conato de incendio que terminó en tragedia con la muerte de 52 reclusos, mientras que otros 30 resultaron heridos.

El general Tito Castellanos, director del Inpec, detalló que la primera hipótesis apunta a que algunos de los 180 presos que se encontraban en el pabellón 8 recogieron colchonetas y les prendieron fuego cuando los dragoneantes intentaron controlar la riña. Castellanos planteó que se cree que se trató de un intento de motín que terminó salido de control y acabó con la vida de los internos 52 a causa del fuego e inhalación de humo.

De acuerdo al Inpec, este penal del Valle del Cauca tiene capacidad para albergar a 1.267 personas privadas de la libertad, pero en la actualidad hay cerca de 200 personas más, lo que equivale a un 17 % de hacinamiento.

Tras lo ocurrido, el presidente Iván Duque y el presidente electo, Gustavo Petro, lamentaron los hechos y le pidieron a las autoridades pertinentes emprender acciones para determinar qué ocurrió.

En esa línea, y ante la falta de claridad sobre los hechos, la Fiscalía, Medicina Legal e incluso la Procuraduría, emprendieron investigaciones en el penal en el que se registró el incendio.

Por ahora solo hay hipótesis

 

En las horas de la mañana Colombia se despertó en medio de la tragedia en ese centro penal y, hasta el momento, la única versión oficial que se tiene sobre lo ocurrido es la del intento de fuga a través de un amotinamiento, sin embargo, el general Castellanos aclaró que se trata de una hipótesis preliminar, por lo que la Fiscalía y Medicina Legal tendrán que esclarecer lo ocurrido.

Un grupo de familiares de los presos se aglutinó en las afueras de la cárcel para reclamar por información sobre el incendio, e incluso el Esmad tuvo que intervenir para controlar las alteraciones al orden público en el lugar. María Rojas, madre del preso Luis Miguel Rojas, de 23 años de edad, reclamó por una investigación de los hechos. “Queremos que se haga justicia y que se dé claridad de todo lo que ocurrió dentro de la cárcel”, dijo.

Ante la falta de claridad de los hechos, el presidente Duque señaló que “he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”.

Por su parte, el presidente electo, Gustavo Petro, hizo una reflexión más profunda de los acontecimientos y expuso que el Estado ha visto las cárceles como un espacio de venganza y no de rehabilitación. “Lo acontecido en Tuluá obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”, apuntó.

Más de 12 horas después de que se registró el inicio de la tragedia, la Procuraduría General de la Nación anunció en la tarde de este martes que iniciará una indagación preliminar para establecer si los servidores de la prisión tuvieron alguna responsabilidad en los hechos que terminaron en la muerte de los presos por acción, omisión o extralimitación de sus funciones.

180
presos estaban detenidos en el pabellón 8, en el que se registró el incendio en Tuluá.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

Tras la visita del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al penal en Tuluá se dio a conocer que habrá investigaciones por parte de funcionarios de la Fiscalía, de Medicina Legal y de la Procuraduría. Un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística de CTI, y peritos forenses de Medicina Legal, se encargará de investigar lo ocurrido. El Ministerio Público emprendió una indagación preliminar para determinar si hay alguna responsabilidad de parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los hechos.

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