La Defensoría del Pueblo hizo graves denuncias sobre acciones que afectan a las comunidades indígenas, especialmente a los menores.
Toribío, Cauca
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que la consolidación y concentración del poder de la columna móvil Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, convirtieron a Toribío, Cauca, en un centro de operaciones militares y financieras.
También lo consideró un lugar de acogida y concentración de niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada en los municipios del norte del departamento, luego de un breve entrenamiento y de ser incorporados por las estructuras del Comando Coordinador de Occidente.
El defensor dio a conocer la alerta temprana 005 del 2023 emitida para Toribío, por los altos riesgos para sus 37.000 habitantes, el 96% de ellos indígenas del pueblo Nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco.
La entidad también advirtió que hay intermitencia y tránsito del ELN y la Segunda Marquetalia, así como amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla”.
Camargo detalló que a los establecimientos públicos les prohíben vender bebidas alcohólicas en días de semana, no les permiten el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre.
“La Defensoría también ha identificado que los grupos envían panfletos amenazantes a personas específicas y otras imposiciones de normas como que en los vehículos no pueden circular con los vidrios de las ventanas arriba o los motociclistas con cascos puestos. También han instalado pasacalles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados”.
El organismo también expresó que la estructura Dagoberto Ramos Ortiz maneja la “ruta de la marihuana” o “el triángulo de la marihuana”, conformado por los municipios de Miranda, Corinto y Toribío.
“Imponen restricciones a la movilidad en retenes, así como patrullajes constantes en el parque principal y la cabecera municipal. En estos retenes han cometido secuestros extorsivos y hurtos”.
La Defensoría señaló que son constantes las amenazas y los atentados contra gobernadores, médicos tradicionales y guardias indígenas.
