El Ministerio de Hacienda, por primera vez, hace un cálculo con base en un giro mensual de medio millón de pesos. Si se aplica desde julio de 2022 a 5,6 millones de personas, valdría $12,5 billones.
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Hay un punto específico en las propuestas de los dos candidatos presidenciales en el que coinciden, pese a la tensionante campaña en la que Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) se han trenzado para esta segunda vuelta del domingo: el pago de una mensualidad a los adultos mayores que no tengan acceso a una pensión.
Hernández, por un lado, tiene en su programa de gobierno que hay que analizar los mecanismos para que –de ser posible– a estos ancianos sin la mesada pensional se les pueda otorgar una ayuda equivalente a un salario mínimo, que actualmente está en un millón de pesos.
Y Petro, por el otro, asegura en sus lineamientos programáticos que a este grupo poblacional mayor de 57 (mujeres) y 62 años (hombres) que no tengan pensión se les debe garantizar un bono pensional de medio salario mínimo, lo que se traduce en medio millón de pesos.
Lo que no se tenía claro, al menos hasta ahora, era la cantidad de personas que podrían terminar cobijadas por cualquiera de estos dos modelos y, por ende, el costo que una decisión de ese tamaño podría implicar para las arcas del Estado.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a un documento inédito del Ministerio de Hacienda, con fecha del 9 de mayo –20 días antes de primera vuelta–, en el que por primera vez se calculó el impacto de otorgar ese beneficio a los adultos mayores.
Según la información del Gobierno del presidente Iván Duque, se calcula que son alrededor de 5,6 millones de personas las que están en edad de pensionarse, pero que –independiente a la razón– no tienen acceso a una mesada.
Y ahí viene, a renglón seguido, el dato clave: de acuerdo con las estimaciones oficiales, si se cubriera a todo ese grupo poblacional desde mitad de este año el costo solo en 2022 sería de 12,5 billones de pesos, algo similar a lo que se buscó recaudar con la última reforma tributaria que se tramitó.
“Si todo este grupo fuera cubierto desde julio de 2022 el impacto estimado para este año sería de $12,5 billones y en 2023 sería de $27,9 billones. Se supone que este impacto es mitigado por los aportes de los adultos mayores que al no obtener pensión aportan los saldos de sus ahorros en pensiones para obtener el beneficio de vejez”, se precisa en el documento en poder de este diario.
Además, según la información del Ministerio de Hacienda, se estima que habrá un incremento relacionado con esta cobertura que tendrá su máximo nivel en 2061, cuando un programa como el que proponen actualmente los candidatos –dando de a medio millón mensual– implicaría un impacto de 72,1 billones de pesos (cálculo hecho con valores de 2022).
En un escenario hasta el año 2061 se tiene un impacto en valor presente de $820 billones, que equivale a 62,3% del PIB de 2022. La cobertura experimentaría un incremento constante durante este lapso, debido al aumento de la población de adultos mayores, pronosticada por el DANE, y la evolución de la cobertura del Sistema Pensional. Así las cosas, el máximo nivel de cobertura se tiene en el año 2061, en el cual se estima que habría cerca de 14,3 millones de beneficiarios del programa, con un impacto ese año de $72,1 billones, a precios de 2022”, se enfatizó en el documento.
Lo que toca ver ahora es, según el veredicto de las urnas, cuál de los dos candidatos llega a la jefatura del Estado y, en ese orden de ideas, qué tipo de bonificación pensional se puede implementar. Además, cabe destacar que si el pago es de un millón mensual se podría calcular que el impacto sería del doble de lo hasta ahora calculado por el Ministerio de Hacienda.