Las regiones más afectadas por está situación son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, y Norte de Santander.
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Debido a la situación que se está viviendo actualmente en varias zonas del país, la Corte Constitucional estableció que el Gobierno Nacional debe realizar diferentes planes de choque con el objetivo de controlar el desplazamiento forzado en siete departamentos.
Las regiones que fueron identificadas por la Defensoría del Pueblo como “zonas con emergencias humanitarias recurrente” son: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, y Norte de Santander.
Según la corte, los hechos de violencia que se están presentando en Colombia se deben a cuatro factores, en los que se encuentran el reclutamiento de menores de edad, la presencia de cultivos ilícitos en estos departamentos y el riesgo de vida que tienen los líderes sociales, de los cuales más de 90 han sido asesinados solo en el 2022.
Por su parte, “la Corte concluyó que el Gobierno Nacional superó el bloqueo institucional identificado en el Auto 373 de 2016 derivado de la falta de una política pública en materia de prevención”.
Así mismo, teniendo en cuenta esto, se conocieron cuatro problemas en materia de prevención y protecciones que tiene el país, y en los cuales el Gobierno Nacional debe trabajar y entregar un informe detallado de los proyectos que se vayan a realizar para controlar esta problemática.
La situación que más resalta la Corte son la poca coordinación entre el Gobierno, los departamentos y los municipios para prevenir el desplazamiento forzado y la falta de respuesta durante la pandemia del covid-19, pues las estrategias para prevenir el desplazamiento no fueron adoptadas.
Por último, “la Corte ordenó al Gobierno Nacional formular una estrategia de articulación y racionalización de la política pública de prevención de conformidad con los parámetros dispuestos en el auto y presentarla a la Sala”.
Según el último reporte entregado por la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado interno ha dejado 59.920 personas víctimas en los último año, de las cuales 20.601 familias eran de comunidades negras.