El alto tribunal redujo su pena de 60 a 20 años de internamiento en centro psiquiátrico. La decisión se basa en el contexto de miseria y abuso que rodeaban a la joven madre y sus trastornos mentales.
La Corte Suprema de Justicia redujo a un tercio la pena a la que fue condenada Johana Montoya Rosario, tras declarar inimputable a esta mujer que asesinó con un arma blanca a sus tres hijos de 4, 6 y 10 años, en un caso que consternó al municipio de Palmar de Varela, Atlántico, en febrero de 2015.
Luego de un análisis detallado de los hechos, en los que pone de presente el “contexto de miseria familiar y social, maltrato y abuso” que rodeaban a la joven madre en el momento del crimen, la Corte condenó a Montoya a 20 años de internamiento en centro psiquiátrico, “donde se le prestará la atención especializada que requiera”.
Johana fue abusada sexualmente por su propio padre desde que tenía 9 años, pero su madre nunca le creyó y la situación la obligó a irse de la casa cuando aún era una niña. A los 14 años tuvo su primer hijo y desde entonces aparecieron sus primeros síntomas de un trastorno mental: empezó a escuchar voces que la incitaban a quitarse la vida.
En diciembre de 2014, su padre lo volvió a hacer: Johana lo sorprendió a busando sexualmente a su segunda hija, una niña de 6 años. A partir de ahí manifestó sentir pasos en el techo del inmueble y evitaba mirarse al espejo porque no veía su reflejo, sino el de otra mujer. No dormía, lloraba persistentemente y padecía incesantes dolores de cabeza. Tenía ansiedad y depresión.
Así las cosas, la Corte consideró que Johana Montoya, de entonces 24 años, “actuó sin la capacidad de discernir el reproche de su proceder, porque en ese momento su facultad de interpretar el mundo y el sentido de sus acciones estaba sustancialmente enervada”.
Asimismo, la Corte consideró válido aplicar el enfoque de género en los casos en los que mujeres son victimarias.
En el reciente fallo se lee que ese contexto de miseria y abuso de Montoya “es la manifestación de una profunda violencia sexista que las instancias estaban obligadas a ponderar con enfoque de género y, en tanto condenaron a la nombrada como imputable, tenían que haber considerado al fijar los parámetros legales de la pena y al dosificarla judicialmente”.