EL COLOMBIANO tuvo acceso a las audiencias en las que judicializaron al uniformado. Cobros entre $150.000 y $800.000 por permisos y preferencias llevaron a prisión al oficial y a un subintendente.
Por pedir entre $150.000 y $800.000 para otorgar permisos y otros favorecimientos, además de una exigencia, tras un dinero perdido a unos estadounidenses, el mayor Yismar Andrei Rodríguez Martínez, hasta hace algunos días comandante de la estación de Policía Poblado, en Medellín, y su conductor, el subintendente Juan Esteban Osorio, fueron enviados a prisión por la justicia militar.
Durante las audiencias concentradas ante el juez de garantías, la Fiscalía expuso tres hechos claves que fueron denunciados contra el oficial, que llegó a esta estación policial el 11 de julio de este año, y el subintendente, quien se habría convertido en su hombre de confianza y le serviría de intermediario para efectuar los cobros. EL COLOMBIANO tuvo acceso a las audiencias y recapitula el expediente.
¿Comisión por la plata perdida de un gringo?
El caso más delicado habría ocurrido el 7 de octubre, justo el día que un ciudadano estadounidense denunció que le hurtaron $26 millones, luego de que las unidades de policía fueran a atender un caso de violencia intrafamiliar del extranjero en contra de su pareja, oriunda del mismo país.
Uno de los uniformados reportó la situación a sus superiores y horas más tarde habría solicitado un permiso. Para que se lo otorgaran le habrían pedido pagar $200.000 al mayor Rodríguez Martínez y a su hombre de confianza, el subintendente Osorio. Sin embargo, según la denuncia, el mayor habría calificado este monto como una “chichigua”, pensando que el policía se había quedado con parte de la plata perdida al estadounidense.
“Esas miserias se las iba a devolver porque no le iban a salir con esas chichipatadas después de lo que había pasado”, señaló la fiscal del caso haciendo referencia a una de las conversaciones sobre la petición hecha ese lunes. Finalmente los $200.000 fueron reintegrados a la cuenta del policía que los había pagado para el permiso.
Si querían permisos, debían darle plata
Pero la anterior situación solo fue la primera del expediente. El 4 de octubre, un uniformado necesitaba evadir un operativo contra el ruido que se iba a hacer en la noche de ese viernes en distintos sectores de la comuna 14, El Poblado, el cual estaba enfocado en establecimientos comerciales.
Para lograrlo, de inmediato, por intermedio del subintendente Osorio, le habría solicitado a su superior que si por favor lo sacaba de esa disponibilidad, como se catalogan las labores adicionales a las funciones establecidas de los uniformados.
La petición se habría hecho a las 4:00 p.m. de ese día y la respuesta fue que le debía pagar $150.000 para que se le otorgara este beneficio, de los cuales $50.000 quedarían en la cuenta del intermediario y los otros $100.000 llegarían al superior para autorizarlo, todo consignado a una cuenta de Nequi de un tercero cercano al conductor, para que este lo destinara al mayor. Estas consignaciones se encontrarían soportadas en evidencias que reposan en los folios del ente acusador.
Uniformado prestó plata para pagarle
El primer caso referenciado por la Fiscalía durante la audiencia habría ocurrido el 20 de noviembre, cuando el mayor Rodríguez le habría solicitado, por intermedio de su mano derecha, $800.000 a uno de los uniformados, bajo el argumento de que necesitaba recursos porque su hija estaba enferma.
Según el ente acusador, con el fin de darle mayores favorecimientos, lo presionaron para que entregara el dinero, pero después de unas conversaciones, el uniformado, quien denunció la situación, consiguió $400.000 que pidió prestados para cumplir con la exigencia.
De acuerdo con las evidencias mostradas en la audiencia, el uniformado habría enviado el dinero a la cuenta de una persona allegada al subintendente y esta, a su vez y después de cobrar su comisión, le entregaría el dinero al comandante de estación, a través de Nequi.
Denuncias y amenazas
Después del tercer caso, uno de los patrulleros afectados habría tomado la decisión de denunciar al mayor y al subintendente por las irregularidades cometidas en esta estación policial, y el pasado 15 de noviembre se produjo la captura de ambos en las instalaciones de la Policía Metropolitana.
Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el mayor Rodríguez ya había sido separado de su cargo mientras avanzaba la investigación, versión que desvirtuaron las autoridades en el avance del proceso judicial.
Pero mientras avanzaban las denuncias, el uniformado que instauró la acción legal fue víctima de varias amenazas, además de aislamientos y traslados sorpresa de su labor, de acuerdo con lo expresado por la fiscal del caso.
Luego de esta situación, el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, indicó que el uniformado está suspendido de sus funciones mientras la justicia militar determina su culpabilidad, al igual que la del subintendente.
“Lastimosamente en todas las instituciones se encuentran personas no acordes a los lineamientos institucionales y aquel que no se alinee al trabajo honesto como debe ser, que nos represente muy bien como autoridad, pues obviamente van a ser desvinculados y capturados”, expresó el alto oficial.