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Cero y van 20: en reforma a la salud, Petro pide más facultades extraordinarias para él

El presidente Gustavo Petro presentó el lunes en la Casa de Nariño el articulado del proyecto de ley con el que su gobierno busca transformar el Sistema de Salud colombiano, iniciativa que lideró la ministra de Salud, Carolina Corcho. FOTO: PRESIDENCIA

Se trata de una herramienta constitucional que le permite al jefe de Estado resolver asuntos por decreto, sin necesidad de tramitar una ley ante el Congreso. En su reforma pide 6 “superpoderes”.

TOMADO DE: elcolombiano.com

Sumado a las 14 que incluyó en su recién radicado Plan de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro pidió en la reforma a la salud otras 6 facultades extraordinarias que, como establece la Constitución, le permiten expedir normas con fuerza de ley por “necesidad o conveniencia pública”. Es decir, una patente de corso.

Justamente, en el penúltimo artículo de la reforma a la salud que discutirá el Congreso el mandatario pide facultades extraordinarias por un término de seis meses para, en primer lugar, expedir disposiciones laborales “para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar los conocimientos del talento humano en salud, tanto del sector privado como del sector público”.

En segundo término, Petro pide facultades para dictar las disposiciones laborales de los servidores públicos del sector salud buscando garantizar el mérito, así como las condiciones de reclutamiento y selección de los directores de las instituciones estatales hospitalarias.

Por otro lado, el mandatario pretende establecer los procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y el régimen sancionatorio.

En cuarto lugar, las facultades incluyen un punto tan amplio como controversial: “modificar y complementar” las normas en materia de salud pública.

La quinta facultad pretende que Petro pueda dictar las disposiciones adicionales que garanticen un “ordenado proceso de transición” del Sistema General de Seguridad Social en Salud al Sistema de Salud, para garantizar el derecho fundamental a la salud.

“En el proceso de transición deberán garantizarse los pagos por los servicios prestados en este periodo, a los proveedores de servicios de salud en forma regular; dictarse las disposiciones de inspección, vigilancia y control que sean requeridas para garantizar las condiciones esenciales del servicio público esencial de la salud; y establecer incentivos para que en la transición las Entidades Promotoras de Salud converjan hacia los fines del modelo de atención en salud”, señala el articulado.

Finalmente, se reviste a Petro de facultades para realizar operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS (la más grande del sistema) en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación.

En el Plan Nacional de Desarrollo que radicó la semana pasada, Petro pidió 14 facultades extraordinarias que ampliarían sus poderes haciendo que tenga más margen de maniobra en la Casa de Nariño que el que tuvieron sus antecesores.

El Ejecutivo busca modificar la estructura del Estado, desde la rama Ejecutiva, pasando por las entidades y los organismos descentralizados, además de realizar modificaciones presupuestales.

Esas medidas también pretenden que Palacio pueda capitalizar las empresas que se creen dentro de la arquitectura pública, definir la administración de los patrimonios, determinar los objetivos de los fondos del Estado y realizar las modificaciones presupuestales que él considera necesarias.

El representante a la Cámara por el Valle, Christian Garceés, advirtió que esa determinación haría que “el Congreso sea un accesorio, una decoración para acompañar al Gobierno, pasando por encima de su función constitucional legitimada por el voto popular (…) El articulado pretende modificar infinidad de leyes sin pasar por los respectivos controles legislativos y constitucionales”.

De las 14 facultades extraordinarias 13 están relacionadas con cuestiones administrativas de la plata pública y una más busca que el Ejecutivo pueda reglamentar las condiciones de reclusión y de resocialización de las personas indígenas que están privadas de su libertad.

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