El monopolio a alimentos de la canasta familiar les representaba ganancias hasta de $50 millones mensuales.
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A alias ‘el burro’, ‘chiqui’ y ‘pichi’ se les acabó el negocio que tenían montado en la Comuna 1-Popular, donde tenían montado tremendo monopolio a los servicios públicos y hasta a la canasta familiar.
En un gran operativo del Gaula Medellín, los tres delincuentes fueron capturados y deberán responder por “los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y extorsión fueron capturados tres personas que responden a los alias de ‘El Burro’, ‘Pichi’ y ‘Chiqui’, a quiénes se les incautó estupefacientes y un arma de fuego, calibre 9mm, subametralladora”, señaló el mayor Gabriel Niño, comandante del Gaula Medellín.
Según manifestó el subcomandante del Gaula, mayor Andrés Felipe Moreno, alias el ‘burro’ coordinaba con alias ‘chiqui’ y ‘pichi’ una red extorsiva que había logrado montar un próspero negocio a punta de amenazas e intimidaciones cobrando a los residentes del sector a cambio de garantizar los servicios públicos como el suministro de gas y hasta del agua.
Pero fueron más allá. Según el mayor, estos delincuentes montaron un monopolio a la canasta familiar, es decir, se convirtieron a la fuerza en los distribuidores de tiendas y supermercados del sector para que solo les pudieran comprar a ellos productos como huevos, frijoles, lentejas, panes, azúcar, panela y carnes. Ellos imponían además el precio de venta al mercado.
También le pusieron precio a productos como cigarrillos y licor que también se encargaban de comercializar a los establecimientos. Solo en el monopolio de productos de la canasta familiar podrían obtener ganancias superiores a 50 millones de pesos mensuales.
Según el Gaula, la diversificación de las rentas criminales se ha acentuado en el Nororiente de Medellín. El monopolio de alimentos y la extorsión para acceder a servicios públicos les genera a los criminales en esta zona de la ciudad cerca de $6.500 millones anuales.
Las empresas y distribuidores oficiales denuncian que estas dinámicas criminales les representan miles de millones en pérdidas mensuales, porque quedan entre la espada y la pared de tener que abandonar barrios o someterse a los precios que impongan los delincuentes.
EPM, por su parte, denunció que existe en Medellín un hurto continuado de infraestructura de gas, por lo que le pidió a las comunidades y comerciantes que se abstengan de aceptar de desconocidos el ofrecimiento de manipular los medidores y las redes de gas, para reducir ilegalmente su factura de consumo.
La empresa señaló que ha recibido múltiples denuncias que ya están en manos de las autoridades, sobre personas que llegan a las casas y los negocios a ofrecer alterar mensualmente los consumos de gas a cambio del pago de una suma mensual de dinero, o mejor dicho, una vacuna disimulada, en la que les aseguran a las personas que este delito no será detectado ni por la empresa ni por las autoridades.