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Cambian operador para alimentación en cárceles del país

Rosa Yolanda Sánchez, directora de Logística del Uspec, gestiona la solución de fondo al problema. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

POR GUSTAVO OSPINA ZAPATA |

Terminó el contrato con Nueva Aurora SAS e inició un operador provisional mientras se finiquita el proceso licitatorio para un nuevo contratista por ocho meses.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

Perfil - Juan Carlos Higuita - Violin

Las fallas en el suministro de alimentación a los privados de la libertad de la cárcel El Pedregal, que llevaron a que se cerrara el Rancho, lugar donde el operador Nueva Aurora SAS preparaba la comida, estarían próximas a terminar con la firma de un nuevo contrato por licitación y el inicio de la función por un nuevo operador desde el primero de diciembre, anunció la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

La directora Logística de esta entidad, Rosa Yolanda Sánchez, quien ha estado al frente de este asunto desde septiembre, cuando se denunció una intoxicación masiva de 640 personas privadas de la libertad de este penal, afirma que esta situación es una prioridad y que las soluciones iniciaban ayer viernes, cuando Nueva Aurora SAS cesó sus funciones en el lugar.

Los cierres de Rancho y posteriormente de la sede de Guayabal al operador Nueva Aurora por la Secretaría de Salud de Medellín no solucionaron el suministro de alimentos a los reclusos, pues los problemas en la cárcel persisten, ¿cuál va a ser la solución entonces?

“Desde la Uspec hemos venido aplicando tres planes: el A, el B y el C. El A era operar desde Rancho, al interior del penal, pero fue cerrado por no cumplir lineamientos sanitarios. El B fue empezar a operar desde una planta externa en Guayabal, habilitada por la Secretaría de Salud, pero cerrada luego porque de 20 factores sanitarios revisados, cuatro no cumplían, y este cierre causó gran afectación, porque son 3.500 personas a las que el operador les suministraba alimentación y quedaban sin el servicio. Y C, hacerlo desde Bellavista, como opera hoy día”.

Pero el plan C tampoco ha funcionado, según las denuncias de los presos, porque hay retrasos en la llegada de las raciones y en el traslado se pierde calidad de la comida…

“Entre Bellavista y El Pedregal hay una distancia aproximada de una hora y con los trancones es complejo que la alimentación llegue en los horarios establecidos”.

Pero no es solo retrasos, la calidad y frescura de los alimentos también se pierde…

“En cuanto a calidad, contamos desde mayo con una interventoría que monitorea todo el proceso y la realidad es que la comida llega acorde a los parámetros de sanidad de la Secretaría de Salud”.

Las quejas de los internos son constantes a pesar de lo que usted afirma…

“Sí, hay quejas en la parte interna por las personas privadas de la libertad. Dentro de las acciones que realiza la interventoría está la aplicación de descuentos a la operación que hace el contratista de alimentación, que oscilan entre 20, 30 y hasta 80 millones de pesos, que pueden facturarse mensualmente, se aplican con notas crédito y lo hemos venido adelantando internamente; y en lo financiero y lo jurídico hay procesos por presuntos incumplimientos para el caso El Pedregal”.

¿Cómo va entonces el proceso de contratación del nuevo operador?

“Hasta este viernes (ayer) está el mismo operador, y el sábado (hoy) arrancará uno nuevo hasta el 30 de noviembre”.

¿O sea, hoy inicia un operador de emergencia?

“Totalmente, porque el nuevo operador arranca el primero de diciembre por 8 meses, no solo para El Pedregal sino para los 132 establecimientos de reclusión que tenemos a cargo. Estamos adelantando el proceso licitatorio y confiamos en que no se presente nada extraordinario y podamos estar haciendo entrega de este proceso a esa fecha”.

¿De cuánto es el contrato?

“De cerca de 400 mil millones de pesos”.

¿Solo para El Pedregal?

“No, es para la población de 100.000 privados de la libertad a nivel nacional, este contrato es para 17 grupos que están regionalizados y dentro de esos grupos está este, no es un contrato de $400.000 millones para una sola persona sino por regiones; en este caso entrarían 17 grupos a operar, cada uno según el número de privados de la libertad, se hace un análisis financiero y se determina cual es su cupo”.

¿O sea, el nuevo contrato es para todas las prisiones y el operador de El Pedregal será uno de los grupos de este megacontrato?

“Sí, El Pedregal está dentro de uno de esos grupos, hoy en día se denomina grupo 11”.

¿Y el nuevo operador de largo plazo qué condiciones tendrá para garantizar que estas situaciones no se repitan en uno o dos meses?

“Confiamos en que demos aplicación a la Constitución y que las entidades trabajen en armonía para buscar un fin, que esas personas (los presos) cuenten con alimentación en óptimas condiciones”.

¿Qué efectos ha tenido que en Medellín no se construya una cárcel para sindicados, cuando hay un fallo de la Corte Suprema que lo ordenó desde 2019?

“Bueno, eso no sucede solo acá sino en todos los departamentos, es un tema de recursos, los alcaldes y gobernadores se quedan cortos y tienen que priorizar la alimentación de los niños, viviendas para familias y muchas situaciones que uno debe entender, no alcanzan los recursos; pero en la priorización de los planes de cada entidad hay que cumplir unas metas; la tarea de la Uspec es cumplir a cabalidad con metas y planes referentes a cupos, los servicios de alimentación, salud; el tema de los recursos es complejo, pero los sindicados es competencia de los entes territoriales, las alcaldías, a nosotros nos corresponde atender a los condenados, y algunos de ellos están en estaciones de Policía”

3.500 privados de la libertad, 1.200 de ellos mujeres, purgan su pena en esta prisión.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
HACINAMIENTO SEGUIRÁ SIN SOLUCIONES

El hacinamiento carcelario es otro de los asuntos que agobian a la cárcel El Pedregal. Según las cuentas del Inpec, este penal está diseñado para 1.200 reclusos, pero en la actualidad son cerca de 3.500 los privados de la libertad albergados en este penal, incluidas 1.200 mujeres. Para otros centros de reclusión del Valle de Aburrá, como Bellavista y el de Itagüí (Cárcel de Máxima Seguridad La Paz), la Uspec anunció la construcción de estructuras modulares que aliviarán un poco la situación, pero para El Pedregal aún no hay esta alternativa. Por ahora la situación seguirá con sobrecupo de cerca del 200 %.

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