En una carta enviada a El Universal, Jair Vega, profesor del Departamento de Comunicación Social e investigador del Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social PBX de la Universidad del Norte, hace un llamado para que “Barranquilla y el Atlántico sean declarados zona de emergencia humanitaria”.
“Diversas organizaciones sociales, academia y ciudadanía en general hacemos pública nuestra enorme preocupación por el manejo que las autoridades del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla le han dado a la pandemia COVID-19”, escribe inicialmente el profesor Vega.
Agrega que “somos el nuevo epicentro de la tragedia a nivel nacional con 15 mil casos positivos y más de 500 muertos y, sin embargo, la respuesta a la crisis ha sido la militarización, la judicialización y la delegación de la responsabilidad en la ciudadanía. En lugar de eso, requerimos más personal de salud, dotación de centros de salud barriales, acción humanitaria de emergencia, medicinas, alimentos, tapabocas, pedagogía, celeridad en las pruebas, cercos epidemiológicos y protocolos con enfoque de derechos”.
“Hemos insistido a las autoridades en abandonar el discurso de “indisciplina social” que termina por señalar a los ciudadanos como los únicos culpables de esta grave situación cuando las grandes brechas sociales y la economía del rebusque no permiten un aislamiento efectivo. Es importante señalar que la Alcaldía de Barranquilla sólo priorizó unos 40 barrios de la ciudad para la distribución de unos auxilios alimentarios con muy pocas provisiones, en comparación con otras ciudades del país. De acuerdo con varios líderes barriales, esta entrega sólo se hizo efectiva una o dos veces en algunos sectores, al inicio del estado de emergencia. A la situación de hambre, se suman el hacinamiento, el aumento de la conflictividad social, la violencia de género, los constantes cortes de energía eléctrica, problemas en el suministro de agua potable y la casi nula distribución de elementos básicos de bioseguridad, como los tapabocas”, asegura.
Más adelante manifiesta que “hemos advertido que es necesario que la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla reconozcan las enormes fallas de sus planes de acción, que no han sido integrales en términos de derechos humanos, ni incluyentes al no articularse con organizaciones sociales, comunitarias y diversos gremios. Estos planes deben ser replanteados ante el fracaso de las medidas, el colapso del sistema de salud y la incapacidad de las EPS. La imposición de más de 30 mil comparendos, la judicialización y la llegada de 400 nuevos efectivos del ejército no es el camino correcto, si no se garantiza seguridad alimentaria, alivios en materia de servicios públicos, pedagogía y transparencia en la información, así como políticas de apoyo psicosocial”.
“Así mismo, nos cuestionamos cuál ha sido rol del Ministerio Público para hacer seguimiento en el marco de esta crisis. Tanto la Personería Distrital, como la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico y la Procuraduría Regional se han mantenido principalmente al margen, incumpliendo su deber como entes de control y garantes de los derechos de la ciudadanía. Denunciamos que no hay una ruta clara de atención en salud, las EPS tardan mucho tiempo en atender sus líneas de llamada, en aplicar pruebas, entregar los resultados y realizar cercos epidemiológicos. No hay rutas visibles para la disposición de cadáveres de pacientes que fallecen en sus viviendas, la respuesta para recoger los cuerpos es lenta, revictimiza y pone en peligro a sus familias”, sostiene Vega.
“Finalmente, considerando lo sucedido el pasado viernes con el día sin IVA, sugerimos a las autoridades locales declarar el toque de queda el próximo 03 de Julio, pues estamos en una etapa crítica y otro día similar podría elevar mucho más la cantidad de contagios producto de la aglomeraciones sin protocolos. Igualmente, exigimos al Gobierno Nacional que intervenga de manera urgente con un plan de acción humanitaria y solicitamos al Ministerio Público en el nivel nacional que designe una comisión para hacer control y vigilancia a las autoridades locales y las EPS, pues Barranquilla y el Atlántico están al borde una crisis sin precedentes que puede costar miles de vidas”, sugiere.”
“Llamamos la atención a las autoridades locales para que escuchen a la ciudadanía. Este es el momento para dejar de lado el estilo de gobierno vertical, cerrado a las críticas constructivas y las propuestas alternativas de abordaje de la crisis. Se requiere de un acuerdo social por el Atlántico y Barranquilla, una suma de esfuerzos y consensos entre las organizaciones sociales, la academia, los gremios y la institucionalidad, así como trabajo articulado entre los gobiernos territoriales, especialmente entre el Distrito y los municipios de su Área Metropolitana que están en grave crisis como Soledad y Malambo”, termina diciendo la carta del profesor Jair Vega.
