El clan familiar, según las autoridades, logró blanquear $4.000 millones adquiriendo propiedades.
La #DIJIN,en coordinación con @FiscaliaCol, el apoyo de autoridades francesas y @Seguridadmed,afectó las finanzas criminales de "Los Viajeros", dedicados al lavado de activos mediante el fraccionamiento de dinero,proveniente de Panamá. pic.twitter.com/XocolgdXlp
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) August 16, 2024
Nueve años, ese fue el tiempo que se tomó el grupo identificado como “Los viajeros” para ingresar con paciencia millonarias sumas de dinero sin declarar al país, dinero con el cual adquirieron lujosas propiedades en Medellín, San Jerónimo y Palmira, Valle del Cauca.
Pero la suerte se les acabó. En un trabajo en llave entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín y los servicios de seguridad franceses, esta semana lograron darle el golpe definitivo a este grupo dedicado al lavado de activos, y a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino, la Fiscalía ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización ilegal familiar denominada ‘Los Viajeros’, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.
La organización ilegal poseía bienes en Medellín y Antioquia avaluados en más de $4.000 millones. En total fueron ocupados dos fincas, siete casas y apartamentos en zona urbana y dos vehículos, así como una sociedad y un establecimiento comercial, ubicados en Medellín, San Jerónimo (Occidente antioqueño), y Palmira, Valle del Cauca.
La investigación de la Dijin, la Fiscalía y el Servicio de Seguridad Interior de Francia logró evidenciar que los integrantes de esta organización, conformada por varias personas de una misma familia, viajaron entre 2019 y 2019 a Panamá y regresaban a Colombia portando cantidades elevadas de dinero en efectivo, pero que no superaban los topes para ser declaradas.
Según Transparencia Colombia, esta estrategia se conoce como el pitufeo o fraccionamiento, es una tipología de lavado de activos que consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.
Mediante esta modalidad, luego de ingresar las sumas de dinero fraccionadas al país, se comienza a usar empresas fachada para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades irregulares y también se adquieren bienes inmuebles para tales fines.
Una vez cayeron en el radar de las autoridades, se pudo corroborar que los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos llamada Pavea S.A.S.
Las labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días. La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los $10 millones de pesos. Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos, tal como lo informó el coronel Hebert Noé Mejía Castro, subdirector de Investigación Criminal de Interpol-Dijin.
La Fiscalía, por su parte, determinó que, parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.
En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, incluyendo quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres.
Ahora, Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.