La Defensoría del Pueblo señaló que la violencia se ha extendido y pidió a las autoridades actuar.
De acuerdo con la Defensoría, las localidades que tienen esa presencia de estos grupos ilegales son Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, que cuentan con una advertencia de la Defensoría desde 2019, pero también Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Estos fenómenos de violencia exponen a unas 954.000 personas, el 11.8 por ciento de la población total de Bogotá, que son los habitantes de 22 unidades de planeamiento zonal (UPZ) en esas 9 localidades afectadas.
El organismo de derechos humanos indicó que en estos lugares hay altos índices de población flotante y concentran en buena parte de sus zonas actividades comerciales e industriales.
(Le puede interesar: ¿Gobierno está dispuesto a paz total sobre los cuerpos de miles de firmantes?: JEP).
De acuerdo con la Defensoría, la violencia se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones. “Las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.
Los grupos criminales también estarían controlando en esas zonas las redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Además, con su presencia en los territorios se mantiene el riesgo de reclutamiento de menores de edad, principalmente para expendio de drogas y armas.
El análisis de la Defensoría señala que los delitos son cometidos por grupos aliados tanto al ‘clan’ como al ‘Tren de Aragua’.
«El ‘Tren de Aragua’ financia a ‘Los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados a las AGC (‘clan del Golfo’), como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘Los Boyacos’, entre otras estructuras locales, como ‘Los Camilos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Pereiranos’”, expuso Camargo.
(Lo invitamos a leer: Contraloría dice que demora en contratación del ICBF afecta atención de 785.905 niños).
En ese sentido, el jefe del organismo de derechos humanos dijo que Bogotá vive su propio conflicto interno, “que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico, por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también, a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.
En medio de todo esto, la Defensoría señaló que la población con mayor riesgo es la socialmente estigmatizada, como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, ya que eso los hace más susceptibles a ser instrumentalizados por los grupos criminales.
“La implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección, a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital, se hace necesaria en estos momentos para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”, concluyó el Defensor.
justicia@eltiempo.com
En X: @JusticiaET