El Distrito avanza en la implementación de un plan para acompañar a las instituciones de educación superior en los procesos disciplinarios para garantizar la defensa técnica de las víctimas.
Las violencias contra las mujeres siguen siendo uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos, con agravantes como el subregistro, la impunidad y que se presenta con gran incidencia en entornos que deberían ser seguros y protectores, como los hogares, las oficinas o las instituciones educativas. Justamente, a lo largo de los años, en especial en los últimos, se ha empezado a poner en el escenario público los casos que ocurren, muchas veces invisibilizados, en universidades de Medellín.
Uno de los más sonados y que despertó indignación y la movilización de gran parte de estudiantes y docentes fue en la Universidad de Antioquia, hace un año, cuando una carta de una profesora contando el acoso que sufría de parte de un estudiante puso en evidencia múltiples denuncias de otros hechos similares en los que los agresores eran compañeros de clase y profesores.
El panorama es una realidad que no puede esconderse, no solo en la de Antioquia, sino en otras instituciones de educación superior, por lo cual una de las exigencias mínimas de las estudiantes y profesoras es que haya protocolos fortalecidos y eficientes cuando se denuncian estos casos.
Es por ello que, reconociendo este problema, la Secretaría de las Mujeres de Medellín avanza en la implementación de un plan con el que busca que en las universidades se garantice la defensa técnica a las mujeres víctimas, pues muchas veces denuncian, pero los procesos disciplinarios no se mueven y terminan siendo revictimizadas, según relatos que se han conocido.
De acuerdo con la secretaría, este año tienen documentados por medio de ese plan 17 casos disciplinarios en cinco instituciones de educación superior públicas, la mayoría por hechos relacionados con violencia sexual, psicológica y física en contra de mujeres entre los 19 y los 57 años. Los presuntos agresores son, principalmente, compañeros de trabajo o estudio, docentes, un amigo o expareja.
Aunque la cifra no representa la totalidad de los casos ocurridos porque muchos se quedan sin ser denunciados, en los 17 que atiende el Distrito en este momento de esas cinco universidades las víctimas cuentan con orientación jurídica y psicosocial especializada.
La idea de la intervención de la Alcaldía de Medellín en estos procesos es fortalecer los mecanismos de atención y prevención a violencias basadas en género, teniendo como una de las actividades más importantes la implementación del Plan de Incidencia y Litigio Estratégico y del Mecanismo de Defensa Técnica, por medio del cual brindan acompañamiento a las mujeres víctimas en los procesos que se adelantan en las universidades.
Con ello se está trabajando en uno de los frentes que más inconformidad reportan las víctimas: que aunque denuncian se sienten revictimizadas en los procesos disciplinarios y que estos son muy lentos, aun cuando presentan múltiples pruebas sobre las violencias que ejercen sobre ellas. Por eso, la administración distrital también tiene una mesa interinstitucional que reúne a las universidades públicas y que permite activar de forma urgente las rutas de atención y hacer seguimiento articulado a los casos reportados. En este espacio a las universidades se les da asesoría además en acciones de prevención, dijo Sonia Valle Graciano, subsecretaria de Derechos de las Mujeres de la alcaldía.
Para la psicóloga Paula Andrea Villegas Arango, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el acompañamiento permite fortalecer la capacidad instalada y el trabajo de la dupla de psicóloga y abogada que tienen en la oficina de género para atender estos casos.
La denuncia también es fundamental. El llamado que reiteran las autoridades es a reportar cualquier caso de violencia de género en las universidades en la Línea 123 Agencia Mujer, para que se pueda activar de inmediato el mecanismo de defensa técnica a las víctimas.