Jacobo Betancur Peláez
Ambos proyectos, adelantados por la Agencia APP, son revisados con lupa por el nuevo gobierno tras arrastrar inconsistencias desde el cuatrienio pasado.
Ante las múltiples controversias y denuncias por presuntas irregularidades, la Agencia APP decidió frenar en seco el inicio de las obras de la nueva cárcel de San Cristóbal y el proceso de licitación para la remodelación del estadio Atanasio Girardot.
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Ambos proyectos, dos de los más ambiciosos impulsados durante el cuatrienio pasado, no sólo arrastran problemas que podrían derivar en líos legales que tienen preocupado al nuevo gobierno, sino reparos de las comunidades asentadas en su área de influencia.
Desde el punto de vista legal, la situación más crítica la atraviesa la cárcel de San Cristóbal, que a escasos días del cambio de gobierno terminó firmando su acta de inicio en una movida que hoy está siendo revisado por su presunta ilegalidad.
Y es que según reveló el nuevo director de la Agencia APP, German Schäfer Elejalde, a través de una modificación contractual que ha encendido las alarmas, la administración saliente dio luz verde para el inicio de la ejecución del megaproyecto sin que el mismo tuviera una interventoría.
El pasado 19 de diciembre, la APP y el contratista firmaron un otrosí en el que modificaron el clausulado del contrato y abrieron la puerta para el comienzo de esa ejecución sin contar con los ojos vigilantes de un interventor.
El 19 de diciembre se firmó un otrosí para que se pudiera firmar el acta de inicio sin necesidad de que hubiera una interventoría y precisamente en esa misma fecha se firmó esa acta de inicio”, reveló Schäfer.
“Sorprende y causa alarma el hecho de que ocho días antes de terminar un gobierno se le diera tanto afán y se cambiara el clausulado del contrato y las condiciones que habían sido pactadas”, añadió el director, precisando que el tema es tan sensible que incluso ya está en la lupa de la Procuraduría, ya que la presencia de una interventoría es un requisito de ley en todo proceso contractual.
Al tratarse de un contrato avaluado inicialmente en $675.013 millones y que fue adjudicado en medio de polémicas, ya que al mismo solo se presentó la firma mexicana Prodemex –que además afrontó un escándalo en su país por presuntos sobrecostos en la operación de varias cárceles– el director de APP advirtió que se avanza en la estructuración de una nueva modificación contractual que anule la que fue aprobada el 19 de diciembre, de tal forma que el contrato se mantenga frenado hasta que no haya una interventoría.
De igual forma, señaló Schäfer, se avanza en una suspensión del contrato con dicha firma, hasta que todas las presuntas irregularidades no sean aclaradas.
Freno a pliegos del estadio
Pese a que la situación de la cárcel es la más sensible, sobre todo por la vigilancia de la Procuraduría y el riesgo de que la APP haya incurrido en una ilegalidad en el gobierno pasado, la agencia también decidió ponerle el freno al proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot, que pese a no ser todavía adjudicado, sí tenía un proceso en curso.
Desde mediados de 2022, justo después de que la Alcaldía de Medellín publicara el proyecto de pliegos, un centenar de comerciantes de ese complejo deportivo comenzaron a expresar sus reparos frente a la futura obra, rechazando principalmente que la misma contemplara la demolición de varios locales.
“La Agencia APP no ha dado respuesta a nuestras inquietudes. Nos ha dejado plantados en las reuniones que incluso ellos han citado y, por si fuera poco, no nos contestan derechos de petición”, denunció entonces uno de los comerciantes, planteando que tras más de dos décadas de trabajar en la zona era una arbitrariedad que el gobierno local estuviera contemplando expulsarlos o reubicarlos de la zona sin darles mayores explicaciones.
En respuesta a esas críticas, el entonces director de la APP, Rodrigo Foronda, argumentó que la demolición de los locales era necesaria para garantizar la movilidad de los espectadores del estadio ante una evacuación de emergencia, dado que los establecimientos constituían una barrera arquitectónica.
En junio de 2023, la remodelación regresó a la agenda pública luego de la intempestiva renuncia de la directora del Departamento de Planeación de Medellín, Jasblleidy Pirazán García.
Según alertaron entonces fuentes al interior de esa dependencia, la directora habría decidido dar un paso al costado tras recibir presiones para aprobar un concepto que permitiera la construcción de un edificio en el Parque del Ajedrez, en un espacio cuya clasificación restringía construcciones de ese tipo.
Además de esta controversia, en julio, el proyecto también estuvo en vilo cuando los comerciantes del estadio instauraron una acción popular argumentando que se había violado el debido proceso cuando se estructuraron los pliegos de la obra, transgrediendo presuntamente la política de protección a moradores.
Si bien esta acción no terminó frenando el proyecto, el nuevo director de la APP señaló que la Alcaldía sí lo hizo ahora para revisar nuevamente su alcance y su pertinencia, sobre todo con miras a no imponer una obra sobre la que la comunidad tiene reparos.
Actuando en ese sentido, la APP señaló que se desistirá del proyecto de pliegos y se formularán unos nuevos desde cero, acompañados de una gestión social más cuidadosa.
Según insistió Schäfer, con el freno de ambos proyectos no solo se busca curar en salud jurídica a la entidad, sino esclarecer las zonas oscuras que arrastran esas obras desde el gobierno pasado.