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Acción popular pone a tambalear cerramientos en el Parque Lleras y la Plaza Botero

JULIO CÉSAR HERRERA
Jacobo Betancur Peláez

Una jueza admitió una acción popular que pide medidas cautelares para reabrir de inmediato ambos espacios.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

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La polémica estrategia con la que la Alcaldía de Medellín impuso un cerramiento sobre la Plaza Botero y el Parque Lleras podría quedarse sin piso, luego de que un juzgado admitiera una acción popular con la que se busca declarar ilegal esa medida.

El recurso, que fue formulado por el abogado constitucionalista Edier Esteban Manco Pineda, fue admitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, según quedó plasmado en un auto proferido el pasado miércoles 24 de mayo.

Argumentando que dicho cierre constituye una vulneración a los derechos colectivos, la demanda pidió medidas cautelares para revertir las restricciones en ambos espacios públicos.

“(Que se) ordene el inmediato retiro de las vallas o cerca que están alrededor de la plaza pública Plaza Botero y del Parque Lleras de Medellín, mientras la judicatura decide de fondo el problema constitucional planteado de la estrategia de seguridad”, se lee en los documentos del proceso.

El abogado Manco Pineda explicó que el origen de la acción se remonta al pasado 28 de marzo, cuando envió un derecho de petición a la Alcaldía solicitando conocer los estudios y análisis formales que supuestamente se habían tomado como base para ordenar los cerramientos.

Tras nunca recibir respuesta, Manco consideró que había razones suficientes para dudar de la forma en la que se implementó esa estrategia, que a su juicio da cuenta de una vulneración directa a todos los ciudadanos a disfrutar directamente los bienes de uso público.

“Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”, planteó el litigante, aludiendo a las razones por las que pidió en su recurso que se emitan medidas cautelares para garantizar ese derecho.

Según puede leerse en el auto del juzgado, la solicitud central consiste en que mientras se resuelve la discusión de si los cierres se ajustan a la Constitución, se ordene una reapertura inmediata, para que los ciudadanos puedan circular libremente en el espacio público.

Lo que sigue en la acción

El inicio del litigio aparece justamente luego de que el pasado jueves 25 de mayo se cumplieran 100 días del inicio del cerramiento de la Plaza Botero. Pese a que durante este periodo la Secretaría de Seguridad ha insistido en que los delitos se habrían reducido en un 97% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en los alrededores del lugar se han seguido presentando problemas de seguridad, tal como quedó en evidencia el pasado 10 de marzo, cuando un hombre fue apuñalado a escasos metros de las vallas instaladas por la Policía.

Así mismo, como lo denuncian transeúntes y comerciantes del sector, problemáticas como la explotación sexual, que antes tenían como principal escenario la plaza, se desplazaron a zonas circundantes como la carrera Cundinamarca (53).

En el caso del Parque Lleras, en El Poblado, las vallas también generaron una redistribución de problemáticas como la explotación sexual y el microtráfico, que se han tomado con más fuerza los alrededores de la calle 10.

Por su parte, la Alcaldía insiste en que ambos cerramientos han mejorado la vida comercial y turística tanto del centro como El Poblado.

Según quedó establecido en el auto que admitió la acción popular, transcurridos dos días de la notificación, la Alcaldía de Medellín tendrá un plazo de cinco días hábiles para entregar un concepto sobre el recurso e informar por sus medios digitales y redes sociales la existencia del mismo.

Transcurrido dicho plazo, que se vencería el próximo lunes 5 de junio, el juzgado a cargo del proceso evaluará los argumentos de parte y parte para determinar si otorga las medidas cautelares solicitadas.

Según advierte el abogado Manco, la Alcaldía también deberá explicar por qué decidió no entregar los estudios formales y detallados que deberían haber soportado los cerramientos, cuya existencia pone en duda tras tantos meses de silencio.

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