El Dagrd le ha solicitado en dos ocasiones a la empresa Covin S.A que entregue los planes de manejo el plan integral de trabajo y de tránsito para atender la emergencia. Sin embargo, hasta ayer no lo habían entregado. Residentes de la unidad siguen atemorizados.
Este es el proceso con el cual se está haciendo la "demolición" debieron enviar varios equipos y solo enviaron uno.
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— Rodeo Alto MeImporta (@RodeoAlto) July 1, 2022
El deslizamiento que se presentó en la mañana de este miércoles 29 de junio en el barrio Rodeo Alto, suroccidente de Medellín, fue la crónica de un derrumbe anunciado que dejó perjudicados a los más de 10.000 habitantes del sector pese a que estos habían prendido las alarmas desde el año pasado.
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Luego de la emergencia presentada en el mismo punto en marzo de 2021, a la constructora Covin S.A se le indicó tomar unas medidas de mitigación que consistían en la construcción de un pesado muro de contención. Sin embargo, la empresa no habría puesto los anclajes, soportes necesarios para evitar que un nuevo derrumbe generara bloqueos en la vía principal al barrio y pusiera en riesgo alguna de las siete torres de la unidad residencial Atavanza.
Estaban advertidos
Este diario conoció que los residentes de Atavanza ya habían enviado desde el 16 de abril de 2021 una carta a la Alcaldía de Medellín y a la Inspección de Policía de la comuna 16, donde señalaban con urgencia el incumplimiento. En el documento –enviado por la firma de abogados Ariza y Marín también al Dagrd– se indica que sin los trabajos complementarios, era muy posible que volviera a ocurrir un desastre, tal como pasó hace tres días. Sin embargo, la constructora habría hecho caso omiso a esta advertencia.
“(Una nueva emergencia) puede ocasionar daños materiales y, peor aún, podría incluso cobrar vidas humanas”, se lee en el documento.
No obstante, con esta nueva emergencia queda en entredicho el papel de las autoridades para evitar que la situación volviera a ocurrir.
Demolición sin estudios
En medio de la granizada que se desató ayer en la ciudad, EL COLOMBIANO conversó con Nicolás Rueda, administrador de Atavanza.
Angustiado, Rueda contó que la constructora Covin S.A –cuyo representante legal sería el señor Benicio Marín Pérez– siguió incumpliendo los compromisos que había hecho desde el miércoles 29 de junio.
“Hoy tampoco cumplieron con el inicio de la demolición. Trajeron unos taladros pequeños que no servían. Solamente tienen una retroexcavadora pequeña para intentar limpiar el paso peatonal”, dijo.
El administrador también apuntó que por directriz de la directora del Dagrd, Covin S.A debía brindar unos informes técnicos sobre cómo iba a realizar la demolición del muro. Pero hasta ayer no lo habían brindado. Esto molestó a la funcionaria, por lo que –según dijo Rueda– la estructura se está desmontando sin soporte técnico que respalde el proceso.
“Esta situación tan horrible nos tiene en una incertidumbre total. Acá la gente me dice que no puede dormir y mucho menos desde ayer porque el muro se movió más de donde había quedado”, agregó Rueda.
Ayer, nuevamente estuvo en la zona el Dagrd, inspeccionando las acciones de mitigación para recuperar el acceso peatonal al barrio Rodeo Alto.
De acuerdo con Walter Pérez Betancur, subdirector de Conocimiento y Reducción del riesgo de desastres, es muy importante conocer el plan integral de trabajo y de tránsito que el constructor va a entregar para realizar las obras de mitigación. Sin embargo, según conoció este diario, las competencias del Dagrd no pueden obligar a Covin S.A a dar los informes. Hoy en Atavanza tampoco podrán dormir.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
ANTECEDENTES
RIESGO EN TORRES 1 A 4, SIN ATENDER
La carta urgente enviada por Atavanza en abril de 2021 también hablaba del riesgo que detectó el Dagrd de que el talud que soporta las torres 1 a la 4 de la unidad sufriera deslizamiento a raíz de la emergencia ocurrida el 24 del mismo año, dejando desprotegidas las fundaciones de las estructuras. Como esta situación tampoco se atendió, entre las torres 2 y 3 aparecieron unas grietas que también tienen atemorizados a los residentes de la unidad y las cuales no han sido intervenidas por Covin S.A. De hecho, según Rueda, fue a los mismos residentes de Atavanza a los que les tocó pagar de su bolsillo cerca de $4 millones para pagar la instalación de unos plásticos, que son lo único que ha “evitado” que se agrande aún más el problema.
