ALEJANDRA ZAPATA QUINCHÍA
Los procesados deberán responder por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, entre otros.
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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado 3 Penal municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de siete personas investigadas por su presunta responsabilidad en el hurto a una empresa fundidora de oro en Medellín.
Los cobijados con medida de aseguramiento fueron Henry Andrés Vélez, Jarver Orbani Méndez, Carlos Horacio Manco, Carlos Mario Atehortúa, Leonardo de Jesús Tuberquia, Jhon Jairo Agudelo –quien resultó herido en el cruce de disparos con la Policía– y Alberto Antonio Betancur, quien habría sido capturado cuando portaba un chaleco de la secretaría de movilidad del municipio de Bello.
Con esa indumentaria, Betancur habría aprovechado para desviar el tráfico y facilitar el hurto y la huida de los presuntos delincuentes.
Los defensores de Vélez, Méndez, Betancur y Atehortúa apelaron la medida de aseguramiento ante los jueces penales del circuito.
En la misma decisión, el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó la libertad de Stiven Alexánder Grillo, José Alejandro Montealegre y Floy Joarson Púas, quienes continúan vinculados a la investigación. La Fiscalía apeló ante la segunda instancia esta decisión.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, receptación, falsedad marcaria, usurpación de funciones públicas y simulación de investidura o cargo.
Los hechos por los que los diez hombres son investigados ocurrieron el pasado jueves 4 de noviembre, cuando un grupo con armas de fuego de corto y largo alcance irrumpió en un establecimiento comercial ubicado en el sector de Manila del barrio El Poblado de Medellín, y se habría apoderado de dos barras de oro sin procesar, valoradas en 550 millones de pesos.
Según la Fiscalía, también habrían despojado al vigilante del lugar de un radio de comunicaciones, la escopeta y el chaleco blindado de dotación.
Para ingresar al establecimiento, los presuntos delincuentes utilizaron una volqueta provista de un ariete para derribar la puerta de acceso.
En la reacción policial, además de las capturas, se logró la incautación de siete armas de fuego, ocho chalecos antibalas, 14 motocicletas y cuatro vehículos.
El ente acusador obtuvo la legalización y la incautación de los vehículos y las motocicletas con fines de comiso.
